Más de cien personas participaron ayer de la audiencia pública en la que se debatió el aumento de tarifas de la distribuidora eléctrica Edelap. La suba, del 15 por ciento en promedio, alcanza a los usuarios industriales y comerciales, y se aplicará desde el 1º de febrero. El acto despertó un especial interés porque este ajuste en siete partidos de la provincia de Buenos Aires es, al mismo tiempo, un caso testigo para todo el sector eléctrico. Los clientes residenciales, que en esta oportunidad quedan al margen de los incrementos, podrían verse alcanzados más adelante. Los debates fueron intensos y se dio la curiosidad de que la empresa llevó su propia hinchada. Los representantes de los usuarios recordaron que Edelap recibió esta semana una multa de 140 mil pesos por 34 cortes de energía que afectaron a más de 50 mil personas.
La Uniren, el mismo organismo que concedió la suba de tarifas, será la encargada de sacar sus conclusiones de los argumentos expuestos por las partes. La audiencia no llega a ningún resultado mensurable, puesto que no hay votaciones ni es vinculante. Además de la empresa y la Uniren, que son quienes firmaron el acta de entendimiento de donde surgen los aumentos, apoyaron ese convenio la Procuración del Tesoro de la Nación y las distribuidoras eléctricas de Córdoba (EPEC), del Chaco y la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires.
El área de concesión de Edelap abarca las localidades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio y Verónica. La empresa es controlada por la estadounidense AES, que además opera otras dos distribuidoras en la provincia y nueve generadoras en todo el país. El acuerdo que firmó con la Uniren destraba parte de la cuestión tarifaria y avanza en otros aspectos, pero no es la revisión integral del contrato de concesión que mandaba la Ley de Emergencia Económica. El objetivo inicial de esa norma era corregir los abusos derivados de las privatizaciones.
Las asociaciones defensoras de los usuarios rechazaron el acta de entendimiento con un documento común. Allí recordaron que el Gobierno concedió a las compañías eléctricas un ajuste de tarifas para los clientes industriales y comerciales del 34 por ciento promedio en febrero de 2004. A ese aumento general ahora se empezarían a suceder nuevas subas, arrancando por Edelap. En este caso, el aumento es del 15 por ciento en promedio, pero se agregan 5 puntos a los clientes más grandes.
El acuerdo contempla otros aspectos controvertidos. Por ejemplo, le permite a la empresa cancelar en cómodas cuotas las multas recibidas desde 1999 a 2004. En el caso de las sanciones por desperfectos en el servicio –como los 140 mil pesos que el ENRE le impuso esta semana–, son en total 14 millones de pesos. Edelap tiene un plazo de ocho años para pagarlos, repartidos en cuotas semestrales. En cuanto a las penalizaciones por incumplimientos contractuales, son 28 millones de pesos que la compañía podrá saldar en 10 años.
La empresa también consiguió que se establezca un polémico sistema de indexación de tarifas en función de la inflación. Si los precios de sus insumos crecen este año más de 5 por ciento, el ENRE está obligado a abrir una revisión integral del cuadro tarifario. De ahí podrían surgir aumentos para los residenciales. Por otra parte, desde el 30 de junio próximo habrá un análisis de las tarifas que derivaría en incrementos generalizados, los cuales se aplicarán desde el 1º de febrero de 2006.
El acta de entendimiento dispone que de ahora en más, cuando un usuario pida la extensión de la red de electricidad deberá asumir los costos si ésta se encuentra a más de 400 metros de su domicilio. Lo mismo para los usuarios rurales, pero con una distancia de 2000 metros. El gobierno bonaerense se opuso al acuerdo porque entiende que es “discriminatorio” hacia sus empresarios, ya que cargarán con una tarifa más alta que las de sus competidores abastecidos por Edesur y Edenor. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y el ombudsman de La Plata, Luis Malagamba,rechazaron los aumentos, por entender que “terminarán impactando en el bolsillo de todos los usuarios”.
Como contrapartida, Edelap se comprometió a desistir de la demanda por 100 millones de dólares contra el Estado argentino que inició ante un tribunal internacional (el Ciadi). Asimismo, realizará inversiones este año por 18 millones de pesos. La empresa sostuvo que los ajustes son necesarios para que sus operaciones sean “sustentables”. Sin embargo, sus resultados operativos siguieron siendo positivos tras la devaluación.