“A mí, el intendente me convalidó su confianza. El sabe qué clase de funcionario soy yo y por eso me la ratificó.” La aclaración la brindó a Página/12 Marcelo Ferreiro, comisario retirado de la Federal y actual director General de Seguridad de Vicente López. El intendente de la ratificación de confianza es el ex radical y actual vecinalista Enrique García, dueño del sillón comunal desde 1987. Ferreiro no es cualquier funcionario y, por lo tanto, tampoco es cualquiera su ratificación. Hace 11 años quedó involucrado junto con otros 11 inspectores municipales por el incendio de la discoteca Kheyvis, en una de las tres causas en que dividió el caso la Justicia de San Isidro. Ferreiro junto con sus colegas de causa fueron acusados de homicidio culposo con pluralidad de víctimas, fueron procesados y sobre ellos pesó orden de detención; pero quedaron exentos de barrotes bajo la “onerosa” fianza de 200 pesos cada uno. Pese a no haber sido declarado inocente, el actual director puede dar seguridad de que no es culpable: técnicamente, la parte que le corresponde del caso Kheyvis sigue un trámite de prescripción, actualmente en la Corte Suprema.
La investigación por el incendio de Kheyvis fue dividida en tres expedientes diferentes: la que intentó determinar quiénes fueron los autores materiales del incendio; la que investigó las responsabilidades en la habilitación; y la que puso bajo la lupa a los inspectores municipales que admitieron serios defectos de seguridad del boliche.
La primera de las causas no tiene acusados. En la segunda fueron condenados (con apelación en trámite) Francisco Osvaldo de Jesús, uno de los dueños del boliche (5 años); Sandra Ponce de León, arquitecta y empleada de la Municipalidad (3 años); y Ofelia Molina, jefa de habilitaciones de la comuna (2 años).
En la tercera, en diciembre del ’97, cuatro años después de que Kheyvis se hubiera transformado en una trampa de fuego y humo envenenado para 17 jóvenes, la Sala I de la Cámara de San Isidro ordenó la detención de 12 inspectores de la Municipalidad de Vicente López, acusados de homicidio culposo con pluralidad de víctimas y omisión de los deberes de funcionario público. Técnicamente se investigaba si habían omitido denunciar o labrar actas u ordenar la clausura de la discoteca por las deficiencias en su sistema de seguridad que luego se harían dramáticamente patentes. Diez días después, el 29 de diciembre de ese año, la misma cámara concedió la libertad bajo fianza a los 12 inspectores. El monto para la responsabilidad que pesaba sobre ellos fue irrisorio: 200 pesos cada uno, monto desembolsado de inmediato, con lo que no llegaron a pisar ni las sombras de una reja.
Entre la docena de inspectores acusados con orden de detención, un caso paradójico es el del ratificado Ferreiro: igual que el resto, el comisario retirado de la Federal fue procesado por omitir las serias deficiencias en la seguridad del boliche. Del lado municipal ni siquiera se abrió un sumario para investigar a su personal procesado. Y para el caso de Ferreiro, además, terminó a la cabeza de la Dirección General nada menos que de Seguridad del partido.
Aunque desconocido por el gran público hacia fuera del partido, el nombre de Ferreiro es mencionado entre los familiares de las víctimas de Kheyvis. “En la Municipalidad no se hizo nada. Ni siquiera un sumario administrativo”, dijo a Página/12 Raúl Buganem, padre de Leandro, uno de los chicos muertos en el incendio. Leandro, además de ex alumno del Lasalle (fueron los alumnos del último año los que organizaron la fiesta del egreso), colaboraba en la disco Kheyvis como promotor y relaciones públicas. Leandro muchas veces le había comentado a su padre lo que muchas veces había escuchado de boca de los trabajadores de la disco: el pago de coimas. Raúl no puede ahora demostrar aquello que su hijo había escuchado, pero está convencido de que su misión es lograr “que la Justicia se expida, que la causa no prescriba. El problema no es nuestro, el problema es de la Justicia, que por desidia no sentenció ni dictaminó nada. Yo losquiero ver a todos presos. A mi hijo no me lo devuelven con nada, no me compran con nada la vida de mi hijo”. Raúl es el motor de la Asociación Grupo de Padres de Kheyvis, y uno de los creadores de un novedoso sistema: “La idea la tuvimos los padres hace varios años, pero ahora, con lo de Cromañón, puede ser que el poder político la acepte –explicó Buganem–: crear el grupo Padres Preventores, para recorrer los boliches con especialistas y ver si están en condiciones. La idea es hacerlo en todo el país, pero hace falta una decisión política”.
Beatriz Tello trabajaba junto a su marido en la limpieza de la disco. El 20 de diciembre del ’93 no pudo llegar a tiempo y le pidió a su hija, Erica Gori, y al novio, Cristian Gutiérrez, que la reemplazaran. Erica y Cristian murieron. “Nosotros fuimos testigos de cómo eran las visitas de los inspectores antes del incendio –aseguró Beatriz a este diario–. Llegaban a las dos, a las tres de la mañana, en plena fiesta, se acercaban a la barra, miraban un poquito el baño y después los iban llevando del hombro. Nosotros, para cobrar, teníamos que esperar que primero pasaran ellos por la oficina. Si hasta escuchábamos a los dueños cómo se quejaban diciendo que lo que se había trabajado esa noche se lo habían llevado casi todo los inspectores.”
Para completar, el marido de Beatriz, después del incendio, logró ser contratado en una empresa de vigilancia. “Dio la casualidad de que la empresa fue contratada por la Municipalidad, y a mi marido lo mandaban como seguridad de la Intendencia. Pero cuando García se enteró de que él era uno de los damnificados, lo mandó a sacar.”
Cuando Página/12 intentó comunicarse con el intendente Enrique García, descubrió que un decreto del Concejo Deliberante controlado por el propio intendente le daba vacaciones a partir del 18 de enero pasado. También estaba de vacaciones el comisario de las seguridades ratificadas. Este diario logró comunicarse al celular de Ferreiro.
–Pero... estoy de vacaciones, estoy en Miramar –respondió, Ferreiro, sacudiéndose la arena–. Eso (la prescripción de la causa que lo había procesado) lo tiene que resolver la Justicia.
Ferreiro argumentó que la responsabilidad del incendio era de los dueños del local, que cerraron las puertas de emergencia y que “alquilaron el lugar para una fiesta sin informar a la Municipalidad”. También reconoció que actualmente ocupa el cargo de director general de Seguridad.
–¿No cree que luego de quedar envuelto en una investigación judicial debería haber dado un paso al costado hasta que se aclarara todo?
Fue entonces que el director de Seguridad aseguró: “A mí, el intendente me convalidó su confianza. El sabe qué clase de funcionario soy yo y por eso me la ratificó”.