La conducción del bloque de senadores del PJ, impulsora de la derogación de la ley de Subversión Económica, se valió de todos los argumentos posibles para convencer a los integrantes más remisos. Utilizó frases suplicantes como “el Gobierno lo necesita”; virulentas como “hay que tener huevos y derogarla”; apocalípticas: “se cae todo si no lo hacemos” y pueriles como “es una ley mala”. No hubo caso. De los 39 integrantes de la bancada, ocho no quieren saber nada con derogar la norma. Conclusión, el jefe del bloque, José Luis Gioja, decidió postergar hasta la semana que viene la definición con la esperanza de poder convencer a alguno de los rebeldes.
La reunión de ayer del bloque puede considerarse multitudinaria. Estuvieron 30 senadores. La conducción no quiso perder tiempo y de entrada anunció que el tema central era “la derogación” de la norma que desvela al presidente Eduardo Duhalde. Eduardo Menem tomó la posta y dijo que la ley era sintéticamente “mala”. No sorprendió a nadie. Desde 1995 que el riojano intenta sin éxito derogarla. Sus colegas del bloque dicen que en ese año lo hizo para beneficiar al banquero menemista Raúl Moneta.
Otro menemista, Miguel Picheto, utilizó términos más terminantes. Dijo que si no se votaba la ley que pide el gobierno, pero sobre todo el FMI, “se cae todo”. El senador no terminó de hablar, lo interrumpió Jorge Busti, quien les dijo que no estaba dispuesto a “pasar a la historia como uno de los legisladores que permitió la liberación de banqueros procesados”. A renglón seguido les advirtió que la derogación significaría la libertad del banquero Carlos Rohm y la automática caída de causas como la del Banco Patricios, Feigin y BID y la desafectación de banqueros como Moneta (Banco República), Carlos Fedrigotti y Peter Baumann (Citibank), Eduardo Escasany (Galicia) y Manuel Sacerdote (Boston). Dijo además que podría afectar a causas como las del megacanje y contrabando de oro. Tiró sobre la mesa su proyecto de modificar la ley que incluye un endurecimiento de las penas.
Quien respondió a Busti fue el recién retornado a la Cámara alta Oscar Lamberto. El ex secretario de Hacienda abrió bien sus ojos celestes y prefirió términos más arrabaleros en su arenga pro derogación: “Los justicialistas, los más viejos, estamos acostumbrados a tragar sapos y, si queremos que la Argentina permanezca en el mundo, hay que tener huevos para derogar esta ley”.
Pero no hubo caso: además de Busti, se sumaron al rechazo a la propuesta oficialista, Graciela Bar (Entre Ríos), los santacruceños Cristina Kirchner y Nicolás Fernández, los puntanos Liliana Negre y Raúl Ochoa, el chubutense Marcelo Guinle y el riojano Jorge Yoma. Ya no están en este lote la santafesina Roxana Latorre y Sonia Escudero (Salta), quienes cambiaron de posición por presiones de sus respectivos gobernadores.
Los derogadores se valieron de un argumento más. Incorporaron a su proyecto un artículo donde habilitan a los jueces que investigan delitos por subversión económica a “recaratular” las causas. “Es la alternativa para no generar una amnistía”, dicen sus impulsores. Pero nos les creyó nadie. “Es una voltereta para disimular el indulto a los banqueros”, retrucan los que se oponen a desaparición de la norma.
Como están las cosas, el PJ no tiene los números suficientes para enfrentar una sesión. Por ahora sólo lo acompañan dos senadores de partidos provinciales. Los 23 radicales anunciaron su decisión de no derogar la norma e impulsar una modificación. En contra de la iniciativa oficial están también la frepasista Vilma Ibarra y la neuquina Luz Sapag. Ante este panorama, Gioja encontró la salida más elegante. Anunció que la definición será recién la semana próxima, tiempo suficiente como para convencer a algún rebelde o al menos lograr que no se siente en su banca el día de la sesión.