El bloque de diputados del Frente Grande impulsará la realización de una sesión especial de la Legislatura porteña para el 17 de este mes, con el fin de revisar la norma vigente en materia de habilitación de los locales bailables, a partir de la tragedia ocurrida en República Cromañón. “Hasta el propio jefe de Gobierno (Aníbal Ibarra) admite que la normativa es deficiente, de manera que todos somos un poco responsables de la tragedia y por eso tenemos que afrontar el problema”, declaró la diputada Sandra Bosch. Los frepasistas dijeron que para lograr la sesión especial deben conseguir el apoyo de unos 20 legisladores y se manifestaron “muy optimistas” respecto de lograr ese objetivo. “Estamos proponiendo una sesión para el 17 de febrero y la idea es revisar toda la legislación vigente en la materia”, anticipó Bosch. En forma paralela, en la Justicia correccional se presentó una denuncia contra el jefe de Gobierno y contra dos ex miembros de su gabinete por “violación de los deberes de funcionario público”. Se pide que se investiguen las irregularidades denunciadas respecto de la habilitación del local donde funcionaba Cromañón y la falta de un control sobre su funcionamiento.
En declaraciones periodísticas, la titular del ARI, Elisa Carrió, volvió ayer a criticar tanto a Ibarra como al macrismo, porque “no se puede hacer política sobre la base de la tragedia”. Cuestionó el llamado a un plebiscito revocatorio del mandato del jefe de Gobierno por entender que los dos bloques más importantes “han reducido la muerte de 200 chicos a un juego de poder”.
Durante la jornada de ayer no hubo novedades respecto de la marcha de la causa principal, a cargo de la jueza María Angélica Crotto, mientras que el gobierno porteño hizo saber que fue dada de alta una paciente que estaba internada con lesiones sufridas durante el incendio. Todavía siguen en hospitales de la ciudad 11 personas, cinco de las cuales se encuentran en unidades de terapia intensiva. Ayer, tal como había adelantado este diario en su edición del sábado, se confirmó oficialmente que un estudio de ADN permitió identificar el cuerpo de Nicolás Flores, el chico al que se creía extraviado, y que había sido sepultado en un cementerio de la localidad bonaerense de González Catán.
En materia judicial se conoció ayer una presentación que se hizo ante el juez en lo correccional Fernando Pigni, para que sean investigados por “violación de los deberes de funcionario público” el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y los ex responsables del área de Seguridad, Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin, quienes presentaron su renuncia luego de ocurrida la tragedia. El juez tiene ahora que girar las actuaciones al fiscal que corresponda, quien deberá expedirse sobre si amerita o no iniciar una causa. En caso de abrirse la investigación, se podría determinar que la causa debe ser incorporada al expediente penal a cargo de la jueza Crotto. “No importa que se siga ese camino, lo importante es que comience a investigarse la responsabilidad que les corresponde a los funcionarios”, explicó el abogado Fernando Soto, al informar en tribunales sobre la presentación. El denunciante aseguró que existen “diversos hechos” que obligan a que se abra “un sumario judicial por el delito mencionado”. Precisó que de la información que se conoce acerca de la causa principal “surgiría que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad habrían omitido el cumplimiento de los deberes impuestos por sus cargos en todo lo atinente a la concesión de la habilitación del mencionado local y del control de su funcionamiento”.
En la denuncia se planteó que “prueba de tal posible omisión es, a mi juicio, la decisión tomada por los funcionarios imputados de clausurar la totalidad de los ‘boliches’ de la ciudad, teatros y shoppings, por no cumplir con la normativa vigente sobre habilitación y funcionamiento de dichos lugares”. En el escrito se destacó que “esa normativa es la misma que impera desde hace muchos años y, obviamente, es exactamente la misma legislación por las cuales se concedieron esas habilitaciones y se debió supervisar su funcionamiento”.”Por lo tanto, si con las mismas normas que se concedieron las habilitaciones y se tuvieron que realizar periódicas inspecciones a tantos y tantos locales, luego se los clausura ‘en masa’ (como ocurrió después de la tragedia), es perfectamente dable concluir que las concesiones fueron mal concedidas y peores los controles supuestamente realizados”, puntualizó el abogado denunciante. Concluyó Soto que como prueba debe tomarse en cuenta “el expreso reconocimiento que ha hecho de tal falencia el señor jefe de Gobierno” en la Legislatura, donde “habría admitido su responsabilidad por la falta de control en tal sentido”.