La jueza María Angélica Crotto aceptó ayer un segundo grupo de querellantes en la causa República Cromañón, con lo que se consolidan de esa manera en el terreno judicial dos agrupaciones diferenciadas: la que lidera José Iglesias, y la aceptada ayer por la magistrada y que encabezan los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli. Estos letrados representan fundamentalmente a padres de La Matanza y a los que quieren expresar en forma pública las críticas a Aníbal Ibarra. Los padres representados por Iglesias consideran que se debe mantener el bajo perfil desde el punto de vista del discurso, aunque están de acuerdo en apuntar judicialmente también contra los gobiernos nacional y de la ciudad. La diferencia más palmaria se vio en la concentración realizada al cumplirse un mes de la tragedia. Unos abogaban por una marcha silenciosa, mientras que los otros prepararon un escenario desde el cual lanzar sus críticas.
Las doce familias que fueron ayer aceptadas como querellantes estuvieron la semana pasada con la jueza Crotto y justamente le plantearon la necesidad de diferenciarse de la querella unificada que encabeza Iglesias. Verdú y Parrilli han actuado en numerosos casos y tienen una reconocida trayectoria en los organismos de derechos humanos. Su punto de vista es que en la causa han sido los únicos que han imputado en forma explícita a los funcionarios de los gobiernos nacional y porteño y seguramente esta semana insistirán en que se realicen allanamientos en las dependencias oficiales. Con ellos también trabaja en este caso Rubén López Santos.
Ayer, un numeroso grupo de familiares, en su mayoría representados por Iglesias, estuvieron con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en los ya tradicionales encuentros de los lunes. Más allá de resolver problemas puntuales de salud de los heridos (ver aparte), hubo un pedido al ministro para que se adoptaran “medidas contra los infiltrados”. Por la tarde, Ricardo Righi, padre de Emiliano, explicó ese concepto en el programa radial El Exprimidor: “Hay sectores que se están aprovechando de los padres más humildes. Están politizando las cosas. El otro día trajeron un escenario para hablar”.
Como adelantó Página/12 en su edición del domingo, los familiares tienen claro que existen diferencias entre ellos y lo concreto es que fuera del ámbito judicial se armaron ya agrupaciones distintas. Los acaudillados por Iglesias, que son mayoría, adoptaron el nombre de Que no se repita, mientras que los aceptados ayer conforman la Comisión de Familiares de Cromañón (Cofacrom) de La Matanza. En esta última agrupación está, por ejemplo, Mariana Márquez, la mujer que perdió a su hija Liz y que increpó públicamente a Ibarra en la sesión de la Legislatura. Existe un tercer grupo, denominado Familias por la vida que, hoy por hoy, se ubica cerca del sector de Iglesias, por lo que la decisión que tomó ayer la jueza Crotto fue admitir que, en la causa judicial, existen dos perfiles distintos entre los familiares.
En realidad, todavía hay una amplia franja de padres de las víctimas que no se han sumado a ninguna de estas agrupaciones y que, por sus escasos recursos, ni siquiera tiene el dinero para salir de su barrio y mucho menos decidir cuál es la tónica con la que quieren afrontar las cosas. Es posible que en las próximas semanas las familias que están en esa situación se terminen sumando a una u otra querella.
Por de pronto, la jueza Crotto ya hizo saber que, primero, irá contra Omar Chabán y su entorno. “Podría haber procesado a alguien una semana después de la tragedia, pero me tomé un mes. Yo no tomo resoluciones apresuradas. Actúo de esa manera porque cuando proceso a alguien u ordeno su detención no quiero que la Cámara me lo revoque. De manera que así haré las cosas”, les dijo Crotto a los familiares la semana pasada. Según se desprende de lo que sostienen en el juzgado, el segundo paso de la jueza será contra los integrantes del grupo Callejeros, el tercero contra los policías que tuvieron relación con Cromañón, recién después con los inspectores y el último paso sería contra los funcionarios de la ciudad. En ese marco, todos los familiares coinciden en que buscan justicia, pero seguramente habrá diferencias en el acento judicial que pondrán unos y otros. Allí se reflejarán también los tintes políticos y el nivel de confrontación que cada sector le quiera dar. Y, como es obvio, todos saben que si actúan juntos lo máximo posible, sus reclamos tendrán más fuerza.