Algunos jueces federales interpretaron que el Congreso podría poner al borde de la prescripción algunas causas por delitos de corrupción al haber reformado el Código Penal en una de las habituales y maratónicas sesiones de fin de año. En esa mirada, las reformas acortarían los plazos de las causas judiciales. Desde distintas identidades políticas, la mayoría de los bloques legislativos respalda la iniciativa convertida en ley. Aclaran que, lejos de garantizar la impunidad, define criterios garantistas y les quita poder a los jueces que hasta el momento manejaban, a su discreción, los tiempos de los expedientes. Tiempos en los que la prescripción muchas veces se interrumpía con medidas intrascendentes. “Con las reformas a las leyes de seguridad, el Congreso no acortó sino que amplió los plazos de prescripción de las causas”, afirmó ayer el titular de la bancada oficialista en el Senado, el rionegrino Miguel Angel Pichetto.
La reacción de algunos jueces no sorprende a quienes revisten en la política. No por casualidad justicia y política son dos caminos que en los ’90 se entrecruzaron de tal manera que muchas veces parecieron uno solo. “Una de las formas que tiene la impunidad es que una causa dure más de 15 años”, señaló Pichetto. En buen romance, las dudas de los pocos jueces que durante el fin de semana salieron a manifestarse en contra de la nueva ley es para algunos legisladores un atajo para su propia justificación.
Los pocos parlamentarios que ayer se podía encontrar por el Congreso repiten que difícilmente ellos podrían haber apuntado a la prescripción de las causas federales en casos de corrupción, ya que no están al tanto de esos expedientes y de los movimientos que en ellos se han hecho.
La ley que reforma el artículo 67 del Código Penal fue votada por el Senado el 16 de diciembre del año pasado. Es decir, en la última sesión. La norma se había originado en Diputados hace más de dos años y resultó ser una síntesis de varias iniciativas: una del justicialista cordobés Guillermo Johnson, una de la socialista María Elena Barbagelatta, y otra de Ruperto Godoy, del PJ de San Juan.
La norma se expide sobre el concepto “secuela de juicio”. Término en el que están incluidas las acciones que ponen fin al período de prescripción. El primero en el que se detallan las causales que frenan la prescripción de un caso y el segundo de forma.
Entre otros puntos, el artículo primero señala que la “prescripción se interrumpe solamente por: la comisión de otro delito; la primera citación a indagatoria; el requerimiento acusatorio, la apertura de prueba o la elevación a juicio; la citación a juicio; el dictado de una sentencia aunque ésta no se encuentre firme. En este punto los legisladores buscaron que los actos procesales que pueden poner freno a los plazos de prescripción fueran trascendentes. Hasta el momento los jueces eran los que decidían los tiempos. Cualquier medida procesal podía “mover los expedientes”.
“Es una buena ley”, confía Pichetto a este diario al hablar del proyecto. “La norma se inserta en las definiciones del Pacto de San José de Costa Rica. Busca atender los derechos de defensa; que las causas tengan un tiempo de duración. En los casos más complejos, los jueces que necesiten pericias y otros tiempos pueden reclamarlo a sus superiores”, opina. En su defensa de la iniciativa dijo que “con esta norma el Congreso reafirmó por ley la doctrina dominante en la Corte Suprema de Justicia”. Precisamente ayer Pichetto habló del tema con uno de los miembros del máximo tribunal de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. El magistrado le habría manifestado su coincidencia con las líneas generales del proyecto.
“No es una ley de impunidad. No estamos discutiendo la prescripción. Cuando se aumentaron las penas con la reforma del artículo 65 del Código Penal, también aumentaron obviamente los plazos de prescripción”, responde Pichetto a quienes dicen que la nueva ley facilitará el cierre de algunas investigaciones.
Queda claro que el problema no es la ley sino las corporaciones. Tanto la política como la judicial. La conclusión de Pichetto tiene un claro destinatario: “Si en 10 años no hubo actos procesales serios, como los que se enumeran en la norma, quiere decir que la causa estuvo durmiendo en un cajón. El problema no es la ley sino que las causas duren diez o quince años”.