El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, dio ayer la primera explicación detallada y completa acerca de la postura oficial sobre la ley que definió las medidas que interrumpen la prescripción de una causa judicial. Quedó claro que el Ejecutivo está conforme con la norma, aunque considera que podrían incorporarse algunas modificaciones. “Antes había una situación de indeterminación que dejaba a criterio de cada juez la duración del juicio, ahora hay reglas claras”, señaló a Rosatti a Página/12. Para el Gobierno, si la nueva ley hace que se cierre alguna investigación emblemática, habría que mirar con lupa a los jueces. Un buen día para referirse a este tema. Pocas horas antes, el Consejo de la Magistratura suspendió al juez Juan José Galeano. “Se puede decir que estamos conformes pero no en términos subjetivos, sino objetivos. Se ha llevado a cabo un procedimiento, no hay nada personal, pero si se hace justicia, hay un grado de satisfacción por el cumplimiento de esa tarea”, dijo en referencia a la medida tomada sobre el magistrado cuestionado por la causa AMIA.
–¿Cree que la ley que define las causales de interrupción de la prescripción es buena o mala?
–Antes teníamos una situación de indeterminación sobre la expresión “secuela de juicio” que estaba sujeta a interpretaciones heterogéneas. Dejaba a criterio de la subjetividad del juez la duración misma de un proceso. En materia penal, todo aquello que genere precisiones, certezas es lo más razonable y lo que se ajusta a la Constitución. Antes había interpretaciones múltiples. De hecho, puede ocurrir que esta ley contemple causales de interrupción que algunos jueces antes no tenían en cuenta.
–Una de las críticas que se hicieron a la ley fue que era una reforma parcial y que se necesitaba una reforma integral para agilizar las causas.
–Hay una comisión que se ha formado en el Ministerio de Justicia con especialistas y que se está reuniendo para estudiar una reforma integral del sistema. Pero la comisión no puede impedir que un órgano representativo como el Congreso se expida a través de leyes. El tema no es que no se sancionen leyes, sino que las que se sancionen tengan coherencia con un criterio básico de política criminal y sustentabilidad en el tiempo. La comisión resolvió tomar como base el derecho a la vida, es decir la pena de homicidio simple, y a partir de ahí estructurar todo el sistema.
–¿Eso implica que se podrían volver a cambiar las reformas que se hicieron por Blumberg, en donde los montos de las penas quedaron trastrocadas?
–Eso habrá que verlo cuando la comisión avance en el proyecto.
–Otra crítica que se hizo a la ley fue que no fue lo suficientemente debatida.
–Los legisladores son representativos, son representantes del pueblo. La ley no fue secreta. Y hubo acuerdo en aprobarla de todos los partidos. Si se debió haber consultado a organizaciones intermedias, eso debe ser preguntado a los legisladores.
–El titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas, dijo que la nueva ley se aplicaría sólo para adelante. ¿Esto es posible?
–Es una cuestión interpretativa. Es difícil comparar lo nuevo con lo anterior. Pero si un juez considera que, de acuerdo al criterio que tenía con anterioridad, esta ley es más benigna, la va a aplicar retroactivamente. Si considera que no es así, la va a aplicar a futuro.
–¿La ley puede ser declarada inconstitucionalidad?
–No le veo muchos flancos, porque da precisiones y en materia penal eso es bueno. Los hechos que se consideran interruptivos de la prescripción podrán gustar más o menos, pero tienen jurisprudencia suficiente que los respaldan.
–¿El Gobierno va a impulsar otra ley para enmendar ésta?
–Lo estamos estudiando. Seguro que no se va a derogar. Sí, eventualmente incorporar alguna causal más. Creo que para que la norma sea balanceada faltaría agregar la hipótesis en la que el imputado es remiso o reticente a prestar su colaboración a la Justicia, esto es la rebeldía o el pedido de extradición.
–¿El procesamiento o la prisión preventiva no?
–El procesamiento se decide con un plazo temporal muy cercano a la indagatoria.
–Pero puede pasar que se dicte una falta de mérito y después surjan nuevas pruebas, entonces se amplía la indagatoria y se procesa.
–Hay debate sobre si la ampliación de la indagatoria debería interrumpir. Es otra espada de Damocles: amplío, amplío, amplío. Y pongo el reloj a cero de nuevo.
–Pienso en la causa sobre los sobornos del Senado: después de la confesión de Mario Pontaquarto, senadores que tenían falta de mérito fueron citados de nuevo y entre la primera indagatoria y el procesamiento hubo un plazo largo.
–Hubo un plazo largo (se sonríe). Cuando se piensa en un caso concreto, se desdibuja la finalidad de la ley. La ley hay que pensarla en abstracto o para una generalidad de casos. Siempre hay un caso que no cuadra o que no satisface los parámetros de la ley.
–¿Por qué cree que hubo una reacción tan fuerte de algunos jueces?
–Creo que en un primer momento hubo... no sé si la palabra es confusión. Tal vez pudo entenderse que esto involucraba a los funcionarios actuales pero eso no es cierto, porque la prescripción empieza a correr una vez que los funcionarios dejan el cargo.
–¿La ley no puede afectar la percepción sobre la Justicia? La confianza del ciudadano común en la Justicia ya es baja.
–Creo que este gobierno tiene un voto de confianza en los temas antiimpunidad. Aclaradas algunas cosas como que nadie del Gobierno se beneficia de esta norma y que expresa un consenso de varios proyectos, no me parece que sea así. La sensación de impunidad se genera cuando pasa mucho tiempo y las causas no se aclaran. Las causas tienen que aclararse en poco tiempo, poco en relación a largos plazos que causas emblemáticas han tenido.
–¿Pero no hay causas que son más complejas y merecen más tiempo?
–¿Tan complejas? Nosotros hemos suscripto pactos internacionales que hablan de una duración razonable del proceso. Es importante no mantener un estado de sospecha permanente sobre las personas, que se defina la absolución o culpabilidad en un plazo razonable. Este es un valor importante que tal vez hoy esté mezclado con situaciones de nuestro pasado reciente, pero que a futuro va a ser comprendido. La Justicia, empezando por el máximo tribunal, empezó un proceso de cambio muy satisfactorio. En los últimos seis meses, el Gobierno concretó 52 designaciones de defensores, fiscales y jueces. En las próximas semanas vamos a remitir otros 50 pliegos pendientes. Estamos resolviendo concursos que estaban desde 2000, 2001. A fin de marzo vamos a quedar al día.
–¿Se va a intentar impedir el cierre de causas importantes?
–La Oficina Anticorrupción ha sido instada a activar todas las causas en las que es parte. En algunos casos hay que ver si un delito no está en concurso con otro de mayor pena. En realidad hay que analizar caso por caso. Si se caen algunas causas, estamos estudiando las responsabilidades que pueden surgir del caso.
–¿De los jueces?
–Si correspondiera, de los jueces.
–¿Están conformes con la suspensión de Galeano?
–Conformes no es la palabra. Creemos que si así lo resolvió el Consejo de la Magistratura después de un proceso en el que se garantizó el derecho a la defensa, se ha hecho justicia. Se puede decir que estamos conformes pero no en términos subjetivos, sino objetivos. Se ha llevado a cabo unprocedimiento, no hay nada personal, pero si se hace justicia hay un grado de satisfacción por el cumplimiento de esa tarea.
–¿No demoró demasiado tiempo?
–No fue tiempo perdido. En función de las acusaciones que se habían formulado en el caso AMIA, el Ejecutivo no podía aceptarle la renuncia, tenía que escucharlo a él, las acusaciones contra él y tomar estos testimonios para el esclarecimiento del caso.
–¿Esperan que se produzcan más vacantes en el fuero federal? ¿Van a impulsarlas?
–Nunca he estigmatizado a un fuero ni a un poder, creo que es un gravísimo error. En todos los órdenes de la vida hay buenos y malos funcionarios. Hay que analizar las situaciones caso por caso. Todos los funcionarios políticos y judiciales estamos bajo la mira.
–¿Pero considera que hay jueces que merezcan ser removidos?
–Eso surgirá del análisis del Consejo de la Magistratura, que tiene varias causas en trámite.
–¿La renovación de la Corte se termina con Antonio Boggiano?
–Está en manos del Senado. Creo que la Corte actual está integrada por juristas. Respecto del vocal de la Corte que está sujeto a juicio político, el Poder Ejecutivo no tiene nada que decir, como nada dijo cuando este proceso transcurrió en la Cámara de Diputados. Hubo interpretaciones periodísticas y muchas se equivocaron.
–Volviendo a la ley sobre la prescripción, si en función de definir parámetros claros hay que sacrificar alguna causa importante, ¿habrá valido la pena?
–Una reforma que en materia penal genera reglas claras, hipótesis concretas, saliendo de un estándar en el que cada uno interpretaba como quería, siempre va a ser válida.
–Aunque haya que sacrificar algo...
–La expresión no sé si sería sacrificar. Y tampoco sabíamos cómo iban a resolverse las causas. Todos suponen que una causa que estuvo x años sin resolverse, iba a ir en condena inexorable. En función de la demora, eso no está tan claro.