El argumento puede sonar impresentable. Perdón, entonces, pero aquí va igual. Primero, la impunidad destruye sociedades como la argentina. Les quita sustento. Segundo, lo ideal es contar con jueces independientes, capaces y fuera del clasismo primario que asegura cárcel a un negrito y la presunción de inocencia a la gente como uno. Y tercero (sólo si hubiera que tomar una decisión forzosa, de vida o muerte), entre mantener a los jueces que no sirven, por un lado, y por otro que caigan algunas causas y los sospechosos queden impunes pero que los jueces cambien, convendría elegir la segunda variante. Con otros jueces, al menos habría garantía de que la impunidad no será eterna.
Naturalmente, el argumento es exagerado y se aplica a un fracaso. Hasta ahora el Estado argentino fracasó en la causa AMIA porque no halló a los culpables. También fracasó porque no esclareció los delitos de corrupción más impresionantes de la década del ’90. En un fárrago que incluye por ejemplo los contratos de IBM con el Banco Nación y con la Dirección General Impositiva, sin condena, la sentencia a María Julia Alsogaray es un caso aislado. Carlos Menem sigue jugando a las escondidas y luego de su paseo por Chile intenta llegar al Senado por el voto popular. Por supuesto, hablará de Juan Perón, de los humildes y de combatir la inseguridad con tanques. Nadie gana una elección diciendo lo que quiere, cuando lo que quiere son sólo fueros parlamentarios.
La doble novedad de ayer es que desde el propio Estado surgió que ese fracaso no fue producto del destino sino de protagonistas activos. Un rol activo lo jugó Menem. Como se informa aparte, Alejandro Rúa, secretario de la Unidad Especial de Investigación del atentado, pidió procesarlo por encubrimiento. Otro rol activo lo cumplió Juan José Galeano, por fin suspendido.
Si algunos ex funcionarios no quedasen presos, pero Menem pagara con la cárcel, y si Galeano dejase de ser juez, eso sólo mejoraría las instituciones de este país. Se trata de un ex presidente y del juez acusado de fabricar pruebas en la investigación de uno de los atentados más graves de la historia mundial.
El resultado de ayer indica cuál es el mejor camino a seguir, si el de evitar complicaciones o el de resolverlas. El año pasado, cuando Galeano presentó la renuncia ante el Poder Ejecutivo, hubo dos posiciones. Un grupo de funcionarios quería aceptársela. No habría proceso en el Consejo de la Magistratura, pero Galeano quedaría en ese mismo momento afuera, argumentaban, y debería afrontar las acusaciones judiciales. La decisión final del presidente Néstor Kirchner encarnó la posición de otro grupo, el que admitía que pasar por el Consejo sería un engorro de dilaciones y truquitos pero que dejaría marcado un precedente importante para otros jueces. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, estuvo en el segundo grupo. Su posición queda, ahora, reforzada, ya sea como ministro de Justicia o como alfil político de Kirchner en Santa Fe. Según pudo establecer Página/12, el Presidente y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, respaldaron estos días su postura favorable a la promulgación del nuevo régimen sobre prescripciones. Fernández hizo un gesto que pudo sonar a crítica, porque dio instrucciones directamente al jefe de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. No pasó por Rosatti, superior directo de Fleitas. Pero un funcionario consultado por este diario aseguró que no fue un modo de quitarle poder al ministro sino un simple fruto de la ansiedad por despegar al Ejecutivo de una lectura, ésa según la cual el cambio en las prescripciones implicaba garantizar la impunidad para autoridades de antes y de hoy.
La presentación de Rúa y la suspensión de Galeano señalan una línea que se completará si el Gobierno acelerase el monitoreo sobre otras causas y otros jueces. Y no sólo en el fuero penal federal. Ayer también quedó suspendido de sus funciones el juez correccional Juan José Madjoubian. Es el mismo que recibió la primera denuncia sobre coimas en el PAMI durante la gestión de Matilde Menéndez, investigada por Página/12 en1994, y la pasó rápido al fuero federal. Unos cometían el delito, otros arrojaban las causas y un tercer equipo las dormía: un sistema que tenía a un grupo de jueces como última defensa.
El argumento del principio puede ser exagerado. Pero, ¿es impresentable?