Unas doscientas organizaciones sociales, culturales y comunitarias de la Ciudad están dispuestas a recolectar firmas –en sintonía con el gobierno porteño– para conseguir la realización de un referéndum de revocatoria del mandato de Aníbal Ibarra, según confiaron fuentes de la Jefatura de Gobierno. Aunque todavía no está definido, es muy probable que en las próximas horas un miembro de estas entidades haga ante el Superior Tribunal de Justicia un nuevo pedido de convocatoria a un plebiscito, para obtener las planillas para juntar las 520 mil firmas necesarias. Para lograr esa cifra en un mes y medio o dos meses, como pretenden las huestes de Ibarra, sus colaboradores calculan que deberán juntar de 8 mil a 10 mil por día. A esa cantidad, sin duda elevada, aspiran llegar con un amplio operativo en el que trabajarán las organizaciones de base y un ejército de entre trescientos y quinientos militantes de la centroizquierda.
Ayer, en la Jefatura de Gobierno porteña se reunieron con dirigentes de las entidades barriales dispuestas a apoyar la estrategia delineada por los hombres de Ibarra. Y seguirán hoy con la ronda de consultas para establecer quién de sus miembros se presenta como elector ante el Superior Tribunal para hacer otro pedido de convocatoria a un plebiscito revocatorio. La idea es que entre el lunes y el martes se resuelva la presentación. Pero el conjunto de alrededor de doscientas entidades en contacto con el Gobierno quiere imponer como condición que si finalmente Ibarra logra legitimar su poder, se comprometa a encarar una reforma integral del Estado que “aumente la participación ciudadana en la definición de las políticas”, según reza el borrador del documento que ayer empezaron a definir para dejar sentada su posición y al que tuvo acceso este diario.
Entre estas entidades no está la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que, como ya adelantó su titular, Estela de Carlotto, no participará de la recolección de firmas para el plebiscito a pesar de que semanas atrás denunció junto con un centenar más de ONGs un intento de desestabilización del gobierno local de parte de sectores de derecha.
Hasta ahora, el único autorizado a recolectar las firmas es el grupo encabezado por el abogado Fabián Bergenfeld, letrado de tres familias afectadas por la masacre de República Cromañón.
Todavía, sin embargo, el Superior Tribunal no resolvió si cada elector autorizado (si habilita a otro) deberá reunir las 518 mil firmas en juego o si se suman las que consiga cada uno. Formalmente se prevé un año para juntarlas, pero en el gobierno porteño pretenden tenerlas a más tardar en dos meses. Para eso, desde la Jefatura de Gobierno están diseñando una “organización reticular”, para lograr unos mil puntos de recolección en toda la ciudad. “Ni el Estado ni el gobierno porteño van a jugar, pero sí algunos de sus miembros, que son cuadros militantes”, aclaró a Página/12 uno de los hombres que trabaja al lado de Ibarra. En la Jefatura de Gobierno calculan que podrían convocar entre trescientos y quinientos militantes de centroizquierda, que ocupan cargos en el Ejecutivo local o trabajan junto a legisladores ibarristas y socialistas. A ellos podría sumarse gente del Partido de la Ciudad que responde a Jorge Giorno, aliado a Ibarra en la última elección. No descartan, además, contar con el apoyo del kirchnerismo. “Las entidades con las que estamos en conversación nos aseguran que la semana próxima podrían tener en la calle unos trescientos puestos de recolección”, afirmó una fuente cercana a Ibarra. La apuesta del Gobierno es llegar a las 520 mil firmas en abril.