EL PAíS
› DESPUES DE LA POLEMICA, EL GOBIERNO ACUSA A BONADIO
Siguiendo los pasos de Galeano
La Unidad AMIA le pidió a la Oficina Anticorrupción que detallara la actuación de Bonadío en las causas sobre corrupción. En noviembre, el Gobierno denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por no investigar las irregularidades en el caso AMIA.
› Por Raúl Kollmann
El gobierno nacional redobló la apuesta para que se someta a juicio político al juez Claudio Bonadío. El titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, ratificó que existe “retardo de justicia” en el expediente en el que Bonadío debería investigar las irregularidades del caso AMIA: hace cuatro años y medio que tiene la causa y no llamó a nadie a indagatoria. Ayer, el titular de la Unidad AMIA le pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que hiciera un listado de los retardos de justicia de Bonadío en otras causas relevantes de corrupción, como los créditos entregados a la familia Yoma, las contrataciones de Víctor Alderete en el PAMI o los manejos turbios del ex titular del Correo Germán Kamerath. Este es el primer caso en que el Poder Ejecutivo quiere demostrar que el motivo por el cual no se juzga a los corruptos no es la ley relacionada con la prescripción dictada en diciembre, sino la actuación de algunos jueces federales. Además, el Ejecutivo mostró que aportará evidencias para que Bonadío sea destituido.
Como adelantó en exclusiva Página/12, a fines de noviembre por primera vez el Ministerio de Justicia –y no un grupo de familiares o damnificados– denunció a un juez, justamente a Bonadío, por dilación y mal desempeño en sus funciones. Fue en la causa en la que se debe investigar la actuación en el caso AMIA del juez suspendido Juan José Galeano, el ex ministro Carlos Corach y el ex presidente Carlos Menem, entre otros funcionarios.
A raíz de la polémica desatada por las modificaciones en el Código Penal respecto de la prescripción, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, instruyó a la OA para que hiciera un relevamiento de todos los casos en que haya peligro de prescripción y se haga un análisis de la actuación de los jueces cuyas dilaciones favorecen la impunidad. Rúa hizo su aporte al informe en base a la denuncia que ya hizo al Consejo de la Magistratura. Pero además le insistió a la OA para que detallara las otras causas en las que Bonadío dilató las cosas.
En relación con la actuación de Bonadío en la causa en la que se investigan las irregularidades del caso AMIA, Rúa había destacado que “el juez tiene a su cargo ese expediente desde hace cuatro años y medio y se encuentra obligado a investigar la intervención del ex ministro Corach o del ex presidente Menem en el irregular proceso de pago a Carlos Telleldín. Sin embargo, no ha concretado ninguna diligencia procesal, casi no avanzó en todo este tiempo y sólo recolectó prueba por lo hecho en el juicio oral. En realidad no ha hecho más que obstaculizar, con tanta persistencia como arbitrariedad, la labor de los organismos que sí estuvieron interesados en el avance de la pesquisa, la Unidad AMIA y la Oficina Anticorrupción”.
El magistrado le negó sistemáticamente a la OA el papel de querellante en esta causa pese a que está claro que los 400.000 dólares para Telleldín salieron de fondos estatales y que toda la maniobra fue protagonizada por funcionarios del Estado. La Cámara Federal resolvió que la OA sí podía ser querellante, pero aun así el juez lo denegó. La Cámara sancionó a Bonadío por dilación de justicia y cuatro veces revocó sus fallos respecto de este tema.
Rúa pidió ayer a la OA que pusiera el acento en Bonadío y enunciara caso por caso su actuación en causas de corrupción. Son decenas de expedientes, pero los más conocidos tienen que ver con la compra de audífonos del PAMI hecha en tiempos de Alderete, los créditos a la Curtiembre Yoma otorgados sin respaldo y sin las debidas garantías y el expediente en que se investiga la actuación de Kamerath en el Correo Argentino.
En la polémica sobre la prescripción, los jueces alegaron que muchos funcionarios lograrán la impunidad porque la nueva norma redujo lascausales por las que se interrumpe la prescripción. En el Gobierno argumentaron que los jueces que pusieron el grito en el cielo son los mismos que cajonearon causas durante años e impidieron condenas por casos de corrupción y anunciaron que denunciarían a quienes demoraron los expedientes. Para la Unidad AMIA y el Ministerio de Justicia, Bonadío fue uno de esos jueces, protagonistas del retardo de justicia.