Por C. R.
Desde Córdoba

Sin despeinarse, fortalecido por la culminación de la revuelta carcelaria más impresionante de la historia cordobesa que dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos graves, según información oficial, el jefe de Policía de Córdoba, el comisario Jorge Rodríguez, dijo que la Unidad Penitenciaria de San Martín, construida en 1889, hace casi ciento veinte años, seguirá siendo el penal de la capital cordobesa, aunque todos los especialistas en seguridad sostienen que esta cárcel no reúne la condiciones de seguridad necesarias y que su estructura es “deficiente y vetusta”, que el personal del Servicio Penitenciario es “insuficiente” (50 guardiacárceles por turno para 1700 internos), además de estar ubicada en el corazón de la ciudad, hecho que potencia al máximo su peligrosidad para la población.
Con una capacidad para 800 internos y una población de 1700, el doble de lo permitido, viola abiertamente lo que dice la Constitución Nacional, que dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Cualquiera que haya podido transitar las instalaciones del penal de San Martín podrá corroborar que lejos de satisfacer la demanda constitucional, sus instalaciones pisotean los derechos de cualquier ser humano, aunque haya cometido un delito grave. “En forma sistemática se corta el servicio de agua, los baños están colapsados, la comida es pésima y el hacinamiento que genera la superpoblación provoca un clima de tensión y violencia entre los internos casi en forma permanente”, advertía Luis Miguel Barone-tto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, que fue solicitado como garante por una gran cantidad de presos en estos dos días de furia y que conoce la situación de muchos de ellos.
Además de las paupérrimas condiciones edilicias del penal, Baronetto remarca que el motín que estremeció a toda una ciudad se viene “cultivando” desde hace mucho tiempo. “Hay dos motivos por los cuales los presos viven en un estado latente de violencia y que prepararon el terreno de lo sucedido: las condiciones carcelarias que padecen, que son inhumanas, y su situación judicial. No hay revisión de sus causas por parte de funcionarios judiciales, no reciben asistencia jurídica y la mayoría debe apelar a lo que se conoce como ‘derecho propio’, es decir, defenderse por sus propios medios sin abogados.”
Raúl, un ex presidiario que salió en libertad hace seis meses y que estuvo entre los rehenes, funcionó de mediador en algunos momentos del conflicto. “En San Martín no existen los derechos humanos, casi la mitad de los que están presos acá son chicos que no superan los 23 años, que deben padecer el incumplimiento de la ley 24.660. No hay comida, no hay agua, no hay trabajo, no existe nada ahí adentro.”
En coincidencia con lo expresado por Baronetto, resaltó que los detenidos vienen denunciando esta situación desde hace tiempo y que nadie los escucha ni atiende sus reclamos. “Tengo denuncias, tengo fotocopias y nunca nadie nos atendió, ni en la Nación.”
Otro de los puntos graves que Baronetto dice que los presos le cuentan cuando él los visita en la cárcel es que el trabajo que realizan dentro del penal, que debe ser remunerado con ciento ochenta pesos, termina siendo pagado con veintinueve pesos. “No hay que olvidarse que muchos de los que trabajan aquí dentro, que tienen buena conducta, les pasan dinero a sus familias”, señala.
Enrique Asbert, delegado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, confirmó a Página/12 que “existen sólo cinco asistentes sociales para atender las demandas de casi mil setecientos internos. Para obtener la buena conducta por parte del Consejo Criminológico, que evalúa la situación de cada preso, éstos necesitan ese informe del trabajador social, que en la mayoría de las veces no tiene el tiempo para realizarlo”.