La Justicia Federal de La Plata ordenó la detención del represor Oscar Antonio Penna, quien estuvo al frente de la Brigada de San Justo, donde funcionó un centro clandestino durante la dictadura. Penna está acusado por 18 casos de tortura y privación ilegítima de la libertad y había sido beneficiado en 1986 por las leyes de impunidad. El pedido de arresto del ex comisario fue dictado por el juez Arnaldo Corazza en el marco de la denominada Causa Camps II, un expediente que inició la Cámara Federal provincial luego de dictar sentencia en la megacausa que investigó el accionar represivo de la Bonaerense y que condenó al ex director de Investigaciones Miguel Etchecolatz, al médico Jorge Bergés y al cabo Norberto Cozzani.
Penna prestó servicios en la Brigada de San Justo, por donde pasaron decenas de detenidos desaparecidos del Plan Cóndor y varios de los trabajadores que sufrieron las purgas represivas de la empresa Mercedes Benz. En 1986 la Cámara Federal porteña pidió su detención, pero el represor se mantuvo prófugo hasta que un año después fue beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La causa fue reactivada luego de la anulación de estas leyes, y en septiembre de 2004 la Unidad Fiscal Federal había pedido ante el juzgado de Corazza que Penna fuera detenido para prestar declaración indagatoria. Los fiscales Carlos Dulau Dumm y Rodolfo Molina señalaron que el represor, que actualmente tiene 70 años, es responsable de 18 casos de tormentos y privación ilegítima de la liberad. Esta medida fue dictada ayer por el juez.
Penna no es el primer uniformado que recibe malas noticias desde que se reanudó la actividad en los tribunales federales luego de la feria judicial. La semana pasada, el fiscal federal Sergio Franco solicitó ante el juez Humberto Blanco la detención de 15 ex integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acusados por violaciones a los derechos humanos. El pedido incluyó al ex director del organismo provincial Fernando Guillén, a los ex jefes de la Unidad Penal 9 prefectos Abel David Dupuy y René Jacinto Parenti, y a otros ocho ex agentes.
Franco exigió además que sean detenidos para prestar declaración indagatoria cuatro miembros del SPB que se desempeñaron en el centro clandestino La Cacha, que funcionó a pocos metros de la cárcel de Olmos. Se trata de Héctor Acuña, alias “El Oso”; Osvaldo Uset, “El Negro”; Víctor Irineo Garay, “Pájaro”, y Domingo Mac Tier, “Mister Y” o “Mister X”. Todos ellos fueron identificados en un informe que fue presentado en diciembre por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
A partir de este pedido, Blanco deberá estudiar si pide el arresto de los represores. Lo cierto es que desde la reapertura de las causas sobre violaciones a los derechos humanos este magistrado no libró una sola orden de detención, y al menos cinco expedientes sobre centros clandestinos y varios sobre sustracción de menores duermen en su despacho.
Por otra parte, en el marco de la Juicios por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata, Dulau Dumm y Molina pidieron que las investigaciones avanzaran también sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron antes del 24 de marzo de 1976. Los fiscales pidieron que el proceso investigue también los crímenes cometidos desde noviembre de 1974, cuando el gobierno de Isabel Perón instauró el estado de sitio.

Informe: Alfredo Ves Losada.