El Tribunal de Casación bonaerense deberá resolver el primer planteo de inconstitucionalidad de la ley que modifica los plazos de prescripción de los delitos. El fiscal Rubén Sarlo presentó ese recurso, luego de que un Tribunal Oral platense rechazara el pedido en ese sentido, que había hecho durante un juicio.
En una audiencia de un proceso por resistencia a la autoridad y robo agravado, el abogado defensor apeló a la nueva ley para favorecer al acusado. El fiscal pidió la inconstitucionalidad de la ley, pero como el planteo fue rechazado, recurrió a Casación. Ahora ese tribunal deberá expedirse sobre la norma que ya fue aplicada por la Cámara Federal de Mar del Plata.
En el fuero federal porteño los ex presidentes del Banco Central y Nación, Pedro Pou y Aldo Dadone, quieren ser los primeros beneficiados con la ley que modificó las prescripciones. Sus abogados pretenden que en base a esta norma, el juez federal Sergio Torres cierre el expediente en el que ambos están procesados y listos para ser juzgados por maniobras perjudiciales para el Estado en la quiebra del banco Medefin. Sin embargo, funcionarios judiciales aseguraron a Página/12 que en el juzgado aún no se recibieron los planteos y que, en ese caso, habría que analizarlos en detalle. Mencionaron que Pou ejerció su cargo hasta 2001 y eso podría hacer que la causa siguiera su curso.
Un expediente que parece ir a archivo tras la reforma de los plazos de prescripción es el de IBM-Banco Nación, emblemático caso de corrupción durante la década del ’90. La causa fue recientemente elevada a juicio oral por el juez Guillermo Montenegro, pero el tiempo transcurrido entre esa medida y las primeras declaraciones indagatorias de los acusados permitiría su cierre. La investigación fue comenzada por el ex juez Adolfo Bagnasco y luego quedó a cargo de Jorge Urso. Cuando Montenegro se hizo cargo del juzgado de Bagnasco, elevó rápidamente el caso a juicio. Pero, al parecer, ya habría sido tarde.
En declaraciones al programa radial Chicas de Ley, Bagnasco afirmó que “da realmente pena” que el expediente vaya a cerrarse justo cuando podía ventilarse en un juicio oral. Sin embargo, reconoció que “a veces hay una demora injustificada, una morosidad propia de la gestión judicial y una complejidad de las causas, que llevan a que algunos expedientes se demoren más de lo debido”.