La realidad en el interior del país es de saturación, pabellones para 30 internos con 120 personas, falta de recursos humanos y construcciones obsoletas en las que no ha habido inversión desde hace años. Es una verdadera bomba de tiempo”, describió el abogado Eduardo Guarna, hasta octubre a cargo del Programa de Inspección Penitenciaria, dependiente de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Nación, desde donde se encargó de relevar las cárceles provinciales. En un reportaje con Página/12, el especialista analizó la problemática situación penitenciaria.
En sus recorridas por los penales a lo largo del último año Guarna se topó con imágenes que lo impactaron: “Por ejemplo, en el principal penal de Mendoza el deterioro edilicio y el hacinamiento llegan a tal extremo que no hay infraestructura de baño y los presos hacen pis en botellas y caca en bolsitas”, contó a este diario. “En la ciudad de Tucumán, la cárcel está un poquito mejor que la de Mendoza, pero tiene 90 años de antigüedad y el último piso está desalojado porque se llueve adentro”, agregó. La falta de colchones adecuados, indicó, es más la regla que la excepción. “Muchos internos tienen colchones de gomaespuma destruidos y terminan durmiendo sobre cartones, cueros y tientos”, señaló.
Guarna ingresó al Ministerio de Justicia de la mano de Pablo Lanusse –actual interventor en Santiago del Estero–, durante la gestión de Gustavo Beliz, donde se desempeñó como asesor de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios. Allí se encargó de coordinar el Programa de Inspección Penitenciaria que se creó formalmente en junio de 2004, pero había empezado a funcionar hacia noviembre de 2003. Su función –según el decreto de creación– era verificar el adecuado cumplimiento de la ley 24.660 de tratamiento de ejecución de la pena, en lo concerniente al tratamiento de los condenados, las normas de trato, higiene, formación profesional y educación de los internos, asistencia médica, espiritual y social, y el debido respeto de los derechos humanos de los detenidos, entre otros objetivos. El programa fue desactivado en octubre último por el ministro Horacio Rosatti. Guarna, entonces, dejó la función pública. Una de las actividades que por estos días más lo ocupa es la de presidir la Asociación de Fiscales sin Fronteras, una entidad dedicada a trabajar en temas de justicia y contra la corrupción.
–En muchos penales no hay ventanas. A veces los mismos presos las rompen porque tienen calor y después, en invierno, no tienen protección contra el frío porque no se arreglan –describió el ex funcionario–. Otro de los problemas es la falta de recursos humanos debidamente capacitados. En general los guardiacárceles son personas que no alcanzan los requisitos para ingresar a otras fuerzas de seguridad. No tienen preparación. En vez de ser personal preparado para enfrentar situaciones conflictivas y llevar adelante tratamientos de recuperación, son pares de los presos.
–¿Qué comen los reclusos. Una de sus quejas es la calidad de la comida?
–Principalmente en el interior del país comen lo que les llevan sus familiares. La ración oficial son guisos y sopas. El problema es que la mayor parte del presupuesto penitenciario lo consumen los sueldos del personal. El 30 por ciento restante queda para el mantenimiento, la comida y la salud de los detenidos. Y no alcanza.
–¿Cuánto cuesta un preso?
–En el Sistema Penitenciario Federal alrededor de 1100 pesos por mes.
–Otro punto de conflictividad es el trato a los familiares...
–Uno de los problemas es que en los penales no suele haber lugar para hacer las requisas. Y no hay privacidad para hacer los cacheos. Los familiares tienen mucha ansiedad para entrar, porque el tiempo que demoran se le resta a la visita.
–¿Cuál es la situación en relación a la salud de los internos?
–El 7 por ciento de los internos tiene sida, es un porcentaje relativamente bajo, y el Ministerio de Salud provee todos losmedicamentos. Una de las últimas enfermedades que ha aparecido en los últimos dos es la tuberculosis, una enfermedad de la pobreza. En 2004 hubo cuatro brotes en el Servicio Penitenciario Federal.