Lejos de ser una cuestión semántica secundaria, el nuevo parámetro de la Unión Industrial Argentina para debatir el futuro de los salarios entraña un cambio sustancial. Para la UIA esa negociación debe darse sobre la base de la “competitividad” de la empresa o sector que pueda otorgar eventuales aumentos y no de la “productividad”, tal como se venía postulando hasta ahora. Aquel criterio es más exigente. No basta que un plantel de trabajadores logre aumentar la producción, sino que el empleador tiene que haber conseguido fortalecer su renta porque le bajaron otros costos.
La productividad está directamente ligada a la plantilla. Grosso modo, si la misma cantidad de trabajadores consigue producir lo mismo o más, la empresa está en condiciones de otorgar un aumento de salarios que “premie” esta mejora. La competitividad es un concepto más amplio, aunque igualmente difícil de medir a la hora de una negociación concreta. Una firma es más competitiva cuando puede cobrar precios que no la descolocan frente a sus competidores, bien sea porque goza de un dólar caro si exporta, o porque se abaratan costos como la energía, materias primas o tasas de interés o, mejor aún, por ambas ventajas.
Así las cosas, las posibilidades de acordar con la CGT futuras recomposiciones salariales quedan menguadas, en particular si se atiende a lo que dicen los propios industriales. “Hoy enfrentamos una suba general de costos y si la ecuación no cierra la empresa empieza con problemas que perjudican al propio salario”, advierte ante este diario el vicepresidente de la entidad fabril, Héctor Méndez, quien, sin embargo, insiste en recalcar la excelente disposición patronal para debatir con los sindicalistas. “¿Quién no querría pagar el mejor salario si pudiera?”, se pregunta el plástico, jactándose de que su sector concedió un aumento del 25 por ciento durante el último semestre del 2004.
La respuesta a aquella pregunta surge de sus propias declaraciones. “Los que ya dieron aumentos no pueden dar más y los que no los otorgaron es porque no pueden”, argumenta Méndez, acotando mucho el margen para que los más rezagados consigan alguna mejora. El asesor patronal Julián de Diego dibujó ayer el límite entre los unos y los otros, señalando que las “firmas líderes” ya mejoraron “un 50 por ciento” las remuneraciones, compensando a su personal del perjuicio inflacionario. La incógnita es qué ocurrirá con el resto.
Tal como recuerda el especialista en temas laborales de la UIA, Daniel Funes de Rioja, la entidad apoyó el otorgamiento de los primeros 100 pesos de aumento generales que se impusieron por decreto en el año 2002, cuando el derrape salarial post devaluación generaba un clima propicio para que se multiplicaran los conflictos. Pero ahora es reacia a las medidas generalizadas (para todos los sectores), compulsivas (dispuestas por decreto) y a los ajustes automáticos (que sigan la evolución del índice de precios).
A pesar de esto, los empresarios aseguran que están dispuestos a “poner todo en la mesa de negociación” para una serie de encuentros que aún no tienen agenda definida. Según Méndez, esta apertura del temario no permite asegurar que se revisará el salario mínimo, tema en el que tienen interés los líderes cegetistas. La próxima semana, cuando regresen del exterior varios dirigentes fabriles, terminará de pulirse una posición sobre esto.
Por ahora, hay consenso patronal en torno de otros puntos básicos. Uno es no otorgar subas que terminen trasladándose a los precios y “comprometan la recuperación industrial” (Méndez). Otro, que si se admiten ajustes por inflación, sólo que sea la “vencida” y no pensando en la que vendrá. Finalmente, las definiciones deben surgir de paritarias “si de puede”, según relativiza el vice de la UIA. “Porque el Estado es el gran regulador con poder de policía y puede necesitar intervenir”, concede.