El affaire por el millonario contrabando de cocaína a España puede convertirse en un escándalo político. Aunque el jefe máximo de la Policía Aeronáutica (PAN) del Aeropuerto Internacional de Ezeiza no está involucrado en la causa, la Justicia Federal “no descarta” una responsabilidad por “acción u omisión”. El hijo del comodoro Alberto Beltrame está prófugo desde diciembre, fecha en la que fueron detenidos y luego procesados por “contrabando agravado de cocaína” dos altos jefes de la aerolínea Southern Winds. Página/12 pudo saber que no sólo se investiga la carga de 60 kilos de cocaína que dio origen a la investigación. El juzgado de Carlos Liporace sospecha que las valijas salieron de Ezeiza “por un mecanismo bien aceitado” e intenta determinar su magnitud. De momento, sospecha que desde aquí salió además otra carga de 16 kilos de cocaína que fue secuestrada en el aeropuerto español de Cádiz el último 17 de diciembre. La fiscalía, en tanto, tiene en la mira un “quinto” maletín.
El contrabando secuestrado en España no es poca cosa: se trata de cuatro valijas de cuero negro que ocultaban cuatro cajas de cartón con 60 kilos de cocaína, con un valor de venta calculado entre los 3,5 y 4 millones de dólares en el mercado europeo.
Para el juzgado federal de Carlos Liporace, la dimensión se trasformó en uno de los indicios más fuertes sobre los involucrados. “Aunque el costo en Argentina del cargamento está entre los 200 y 300 mil dólares, el monto es lo suficientemente elevado como para que los responsables del envío sean personas de confianza”, explicó ante una consulta de este diario. “Esto no se trata de prueba y error, hay un mecanismo bien aceitado. La primera vez que usted sale a manejar, su marido no le va a dar una Ferrari”, graficó. “Esto es lo mismo, esta carga es como si le dieran un Porsche.” O una Ferrari.
El punto quizá más álgido hasta ahora es que el conductor del Porsche o la Ferrari no era otro que el hijo del jefe máximo de la Policía Aeronáutica de Ezeiza, es decir, el hombre de la Fuerza Aérea en el aeropuerto. Hasta diciembre, además de hijo del comodoro, Walter Beltrame (de 26 años) era el empleado de Southern Winds SW Líneas Aéreas “con más influencia en el aeropuerto”, según confió a este diario un vocero de la empresa. Vivió seis meses en España como empleado de SW hace unos dos años. Luego pasó a formar parte del staff administrativo de la compañía con base en Buenos Aires, hasta que el guiño de otro procesado lo dejó rápidamente con un rango de jerarquía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Formalmente allí se desempeñaba como jefe de Atención al Pasajero de SW, pero según los testimonios recogidos en el juzgado de Liporace “en la empresa nadie sabe para qué estaba”.
Una serie de mails que ahora están en el expediente indican que fue nombrado a pedido de Fernando Arriete, gerente de la estadounidense American Airlines durante diez años y luego gerente comercial de SW hasta el 28 de diciembre, fecha en la que fue detenido y procesado por presunto “contrabando agravado de cocaína”. Para el juzgado, Beltrame era la “mano de derecha de Arriete” o “su hombre de confianza en Ezeiza”. Lo mismo sucedía con Carlos Baudino, gerente de ventas de la línea con funciones en Ezeiza, también procesado por presunto contrabando agravado de cocaína.
El auto de procesamiento indica que el cargamento salió de Ezeiza el 16 de septiembre del año pasado en cuatro maletas tipo Carryon, enviadas “sin pasajeros” con destino al aeropuerto madrileño de Barajas. En destino, nadie las recogió. Quedaron rodando en el carrusel de equipajes por una presunta “falla del equipo del aeropuerto de España”. La falla obviamente se refiere a un inconveniente en los planes de la banda. La guardia civil detectó los bultos, se lo comunicó al delegado de la empresa y abrió los maletines.
El aeropuerto de Barajas envió un memo a la compañía en Argentina. SW inició una investigación interna que descubrió a sus empleados infieles. La compañía llevó las pruebas a la justicia. Según esos datos, el 16 de septiembre Baudino “dejó pasar las valijas por orden de Beltrame”. Beltrame hijo no estaba en Buenos Aires, sino en España. Había llegado el 14 de septiembre, dos días antes que las valijas. Salió de esa ciudad con el avión que había cargado la droga. “No sólo estaba en España cuando llegaron las maletas –dijo el juez–, además en ese momento estaba en el aeropuerto.” Para el juzgado, el hijo del comodoro podría haber estado ahí para “chequear el arribo de la carga”.
Pero esos no fueron todos sus pasos, según la investigación. Dos días antes del vuelo de Beltrame y cuatro antes del envío, un empleado de SW a cargo del mostrador de Buenos Aires había rechazado cuatro cajas sin pasajero con destino a España. Las mismas cajas después aparecieron en las maletas. Una de las hipótesis del juzgado es que Beltrame viajó después de ese intento “para dar explicaciones” a la conexión española por el frustrado envío. “Esto no es broma, (si la droga no llega) hay que dar explicaciones, hay mucho dinero en juego”, explicó un hombre que conoce la causa.
El hijo del comodoro no era el único con pasajes frecuentes a España. En su declaración testimonial, el presidente de la compañía, Juan Maggio, dio otras pistas. Contó que las valijas se enviaron por orden de Beltrame y a pedido de dos pasajeros frecuentes: Elena Toimil Batán y Ramón González Villán. Cuando el juzgado emitió la orden para detenerlos, descubrió que la pareja estaba presa en España desde el 17 de diciembre. La información de Interpol, en manos de Liporace, indica que cayeron en Cádiz con un cargamento de 16 kilos de cocaína. El juzgado cree ahora que también podría haber sido exportada desde Argentina: la pareja había pasado por el aeropuerto de Ezeiza muy poco antes. Estuvo en el país una semana, desde el 27 de noviembre hasta el 5 de diciembre.
Arriete, el ex gerente comercial de SW y actualmente procesado, los presentó como “los inversionistas” españoles con los que Beltrame iba a reunirse durante su viaje a España. “Qué tipo de inversionistas afortunados serían –ironizó el juez–, que compraban sus pasajes cash, sin anticipación, en el aeropuerto y viajaban en clase económica.”
La cadena de responsabilidades promete, de aquí en más, otros bailes estelares. Además de los tres empleados de SW y los dos españoles, Liporace tiene a cinco empleados de seguridad del aeropuerto en la mira. Detuvo y liberó “por falta de mérito” a tres de ellos, empleados de TAS, encargada de los controles aeroportuarios, contratada por Aeropuertos 2000 bajo responsabilidad de la PAN. La fiscal María Gabriela Ruiz Morales cuestionó la decisión del juzgado y apeló la “falta de mérito”. Al menos uno de los tres empleados tuvo a cargo el scanner de control de la carga. Según el juez, “el chico había hecho el curso de terrorismo pero no el de drogas, entonces no se dio cuenta”.
En este momento, la causa está en manos de la Cámara, que debe confirmar las sentencias y revisar las apelaciones. La fiscalía de Ruiz Morales exige, además, la detención del vicepresidente de la compañía, Enrique Montero. Fuentes de la investigación consignadas por DYN indicaron que hay pruebas para sostener su responsabilidad: “Hay muchos elementos que nos hacen pensar que existió una quinta valija y que alguien eligió llevarla en la mano, mientras las otras cuatro, como algo salió mal, terminaron en la cinta del aeropuerto de Barajas”. La misma fuente indicó que Morales viajó a España en el vuelo de las valijas, aunque el vicepresidente aseguró que sólo lo supo cuando se lo advirtieron en la empresa.
Por otra parte, la Justicia también investiga la línea de control y la misteriosa desaparición de los videos de seguridad. Según Liporace, los videos que debían registrar a los “dos masculinos” que llegaron a embarcar las valijas “se borraron del server”.
El juzgado no descartó la responsabilidad “por acción u omisión” del padre del prófugo: “Una vez que la Cámara se expida, se van a investigar todas las hipótesis ante las diversificaciones que puede generar la magnitud deeste hecho”. En ese sentido, tampoco existen sospechas contra la embajada de España. Las valijas salieron etiquetadas como “Embajada Argentina en España”, pero para el juez sólo era una contraseña que permitía “identificarlas”.