Por Diego Schurman y Laura Vales

El Gobierno no va a dar nuevos aumentos por decreto. Tampoco tiene urgencia en sacar del congelador al Consejo del Salario, organismo que podría incrementar el sueldo mínimo, vital y móvil. La prioridad es que las empresas cumplan con el pago de los 100 pesos otorgados en enero antes de empezar a hablar de otra mejora. Palabras más, palabras menos, esto es lo que el ministro Carlos Tomada le dijo a la CGT en la reunión de ayer.
El encuentro entre Tomada y los dirigentes sindicales se realizó en un momento particular: tras el incremento conseguido por los trabajadores del subte, una versión periodística sostuvo que la UIA, la CGT y el Ejecutivo acordarían un piso y un techo para las futuras discusiones salariales. Pero tanto los funcionarios como los integrantes de la central obrera se esfuerzan por desmentir la idea.
La visita fue encabezada por Hugo Moyano y su par José Luis Lingeri. La cosecretaria Susana Rueda llegó cuando se terminaba la audiencia: al parecer sus compañeros se habían olvidado de avisarle (ver aparte). Moyano y Lingeri sí llevaron a la reunión a Juan Manuel Palacios, titular de la Unión Tranviarios Automotor. La UTA es el sindicato al que pertenece el personal del subte, que la semana pasada sostuvo un paro de cuatro días a pesar de los esfuerzos del dirigente por bajar su conflictividad.
Durante la entrevista, los cegetistas le pidieron a Tomada que reactive el Consejo del Salario mínimo, un ámbito de discusión que, por reglamento, debería sesionar cada dos meses aunque no lo hace desde noviembre del año pasado.
“La CGT plantea que no pueden seguir existiendo sueldos por debajo de la línea de pobreza, que hoy está en 745 pesos”, dijo a Página/12 el abogado laboralista Héctor Recalde. “Nuestro criterio es que para conseguir eso hay que tomar tres medidas: impulsar las discusiones paritarias, garantizar el control del Estado para proteger a aquellos sectores del trabajo que no tienen fuerzas para negociar y reactivar el Consejo del Salario.”
La función del Consejo es la de discutir el piso de los sueldos: allí se deciden los montos del salario mínimo y el del seguro de desempleo. Su característica central es que es tripartito: está integrado por el sector empresario, el Gobierno, la CGT y la CTA. De todas formas, la CGT y la UIA han establecido una ronda de tratativas bilaterales para abordar el tema. Voceros sindicales indicaron que Moyano, Lingeri y Palacios mantuvieron un encuentro informal con representantes de la Unión Industrial.
Tomada les ofreció a los jefes sindicales participar de la campaña de control del pago de los 100 pesos de aumento otorgados por decreto y, de la misma manera, volvió a proponer el armado de equipos conjuntos para detectar el trabajo en negro. “Nosotros ya estamos haciendo inspecciones. La idea es que los sindicatos se sumen a ellas, y también delegados de la UIA. Que sea una cuestión de Estado”, explicaron en la cartera.
Los cegetistas entregaron un documento titulado “Medidas para un país justo”, con 12 propuestas. La primera expresa su respaldo al Gobierno en la renegociación de la deuda externa. Otras reclaman un rol definido del Estado en la política salarial, la modificación de la ley de accidentes de trabajo, un régimen de pasantías para que los estudiantes no sean utilizados como mano de obra barata y mayor estímulo a la capacitación laboral.
Si bien el documento defiende la estabilidad de los precios, en la CGT aclararon que están en contra del criterio de que los futuros aumentos de salarios queden atados a la inflación o la productividad. Sostienen que la cuestión ya fue discutida con la UIA en diciembre, cuando sindicalistas y empresarios firmaron un acta en la que se reconoció que existe un atraso de los sueldos. “Ese es un punto de vista razonable”, definió el abogado Recalde. “Si se admite que los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo, no hay por qué para hablar de productividad.”En ese caso, ¿qué haría el Gobierno ante nuevos reclamos como los del subte? En Trabajo reconocen que no quieren enfrentar otros pedidos de aumento del 50 por ciento. Apuestan, en cambio, a que la discusión se institucionalice. Los técnicos aseguran que, en rigor, la tendencia es esa: el año pasado se firmaron 248 nuevos convenios colectivos. En todos ellos lo central fue el aumento de sueldos.