La diputada del ARI Marcela Rodríguez, integrante del Consejo de la Magistratura, pidió ayer al cuerpo que los expedientes que pesan sobre el juez federal Claudio Bonadío, iniciados por su mal desempeño en la investigación sobre las irregularidades en el caso AMIA, sean trasladados a la Comisión de Acusación, capaz de promover la suspensión y el enjuiciamiento de los magistrados. El caso está a cargo de la Comisión de Disciplina, que posee menos atribuciones y sólo puede imponer multas como máxima sanción. En este contexto, la aprobación de la medida solicitada por Rodríguez no pasará inadvertida por el magistrado, cuyo futuro se tornaría más complicado al quedar allanado el camino para el juicio político.
El planteo de Rodríguez hace referencia a las dos denuncias promovidas contra Bonadío a fines de noviembre por la Oficina Anticorrupción (OA), por dilación y mal desempeño en sus funciones. Fue el primer caso en donde un juez fue acusado por el propio Ministerio de Justicia.
Una de las denuncias se centró en las demoras en su actuación al frente de la causa que investiga las irregularidades en el caso AMIA, entre ellas el cuestionado desempeño del juez Juan José Galeano y la intervención del ex ministro menemista Carlos Corach en el pago a Carlos Telleldín. Efectivamente, el magistrado quedó a cargo de las investigaciones hace cuatro años y, sin embargo, aún no llamó a indagatoria ni recolectó pruebas por lo hecho en el juicio oral. Bonadío había sido el segundo de Corach cuando éste ocupó la Secretaría Legal y Técnica durante la presidencia de Carlos Menem.
Otra de las cuestiones que debe enfrentar Bonadío es su presunta obstaculización en la tarea llevada a cabo por otros organismos interesados en esclarecer la causa. El planteo fue realizado por el titular de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa, quien cuestionó al juez por su insistente negativa a reconocer a la OA como parte querellante, a pesar de que las irregularidades en el caso que investigó el atentado involucran a funcionarios del Estado.
Para Marcela Rodríguez, el traspaso del expediente a la Comisión de Acusación impulsaría las investigaciones. Así lo expresó a Página/12 tras reivindicar la posibilidad que abre, ya que se podría así promover ante el plenario del Consejo el juicio contra el magistrado. Mientras que, de permanecer en Disciplina, la mayor sanción que puede pesar sobre Bonadío es una multa cuyo valor rondaría el treinta por ciento de su salario.
Por su parte, el presidente de Acusación, el diputado Jorge Casanovas, se comprometió a gestionar la colaboración con el titular de la otra instancia, el senador Jorge Yoma. “Las expectativas son buenas”, aseguró a este diario Rodríguez sobre las gestiones mantenidas en el Consejo para investigar el desenvolvimiento de Bonadío, quien podría seguir los mismos pasos que el juez Galeano. Bonadío está cuestionado también por su desempeño en otras causas, entre ellas la que investiga irregularidades en la compra de audífonos por parte del PAMI durante la gestión de Alderete.