Un factor clave pero no declarado del Plan Colombia es “la protección del petróleo y de los intereses comerciales estadounidenses”. Esa es la conclusión principal del informe sobre “Ayuda militar norteamericana y violaciones a los derechos humanos” que el International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, divulgó en Washington en julio del año pasado. El ICIJ reúne a más de 80 periodistas de medio centenar de países, entre ellos el autor de esta nota. El ex jefe del Comando Sur, general Charles E. Wilhelm explicó que “Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos”. Las grandes compañías petroleras presionaron al Congreso, de modo de asegurar sus inversiones en la región y “crear un mejor clima para la futura exploración de las enormes reservas potenciales de Colombia”. Según el general brasileño Alberto Cardoso, principal asesor militar del presidente Fernando Henrique Cardoso, al extinguirse el comunismo, el narcotráfico “apareció en forma natural como la nueva causa para justificar los mismos intereses geopolíticos y geoestratégicos” de los Estados Unidos, y “sus operaciones militares externas”.
Las repercusiones de esta política estadounidense en la Argentina fueron detalladas en esta página antes que en cualquier otro lado. Aquí se presentaron los informes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que llevan todas las referencias en inglés. Brasil se escribe con Z y las fronteras se llaman international boundaries. Analizan un hipotético apoyo de las FARC colombianas a indeterminados “grupos violentos que operan en el país, capitalizando la grave situación socieconómica, para promover la denominada guerra social”, ponen bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de derechos humanos y contemplan la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto colombiano. También se reveló aquí el uso espurio que el gobierno del senador Eduardo Duhalde y su ministro de inteligencia, Carlos Soria intentaron darles a esos partes castrenses. Dicho todo esto, subsiste una cuestión no desdeñable: para algunos grupos políticos y sociales argentinos las FARC colombianas son un modelo de organización revolucionaria, por lo que minimizan tanto su corrupta asociación con los barones de la droga, como su práctica sistemática del terror sobre la población civil.
Fuentes inatacables
Para establecer los hechos más allá de toda duda, nada mejor que recurrir a fuentes inatacables y no a los órganos gubernamentales de los Estados Unidos, que con el pretexto de la guerrilla y el narcotráfico intentan justificar una inadmisible intervención militar en Sudamérica que recicla los rancios conceptos de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresan los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos y, a menudo, ocurre lo contrario. El pueblo argentino ha sido bien defendido por la CIDH, desde su visita de 1979, que culminó con un demoledor informe sobre las masivas violaciones a los derechos humanos por la dictadura militar, hasta ahora, en que trata casos de gatillo fácil policial, restricciones a la libertad de prensa o criminalización de la protesta social. La Comisión también tuvo un rol decisivo en la finalización del régimen peruano de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Su actual presidente es el destacado jurista argentino Juan E. Méndez, ex preso político bajo la dictadura militar. Su miembro estadounidense, el profesor Robert K. Goldman, sostuvo que la orden del presidente George W. Bush que sometió a la jurisdicción de tribunales militares a cualquier extranjero acusado de terrorismo violaba las leyes de los Estados Unidos y la normativa internacional. La CIDH también contrarió los deseos de la Casa Blanca durante el reciente golpe de Estado en Venezuela, deploró la destitución de sus autoridades y advirtió que debían aplicarse las previsiones de la “Carta Democrática” adoptada en 2001 por los países miembros de la OEA para casos de interrupción del orden constitucional.
Esta semana se anunció que Mary Robinson no será reelecta para un segundo mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido al fastidio del gobierno de George W. Bush: Robinson se atrevió a cuestionar como violatorios de los derechos humanos los bombardeos estadounidenses y de la OTAN sobre Afganistan y Kosovo y también denunció el maltrato a los prisioneros que Estados Unidos retiene en la base de Guantánamo. Los informes de ambos organismos sobre Colombia son lapidarios respecto de las FARC. Por cierto, también condenan en forma explícita y detallada a las organizaciones paramilitares denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Otra organización internacional que integra el autor de esta nota, Human Rights Watch, publicó en octubre pasado un informe en el que se señala que “los paramilitares están tan plenamente integrados en la estrategia de combate del Ejército, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, las radios, el armamento, recursos financieros y un propósito común, que constituyen efectivamente una sexta división de las Fuerzas Armadas”. Pero tampoco eso exime de realizar un análisis riguroso sobre la índole de las FARC.
Droga y derecho
El informe de la CIDH de 1999 sobre Colombia menciona la creación de las FARC en 1947 como autodefensa del partido comunista colombiano. “Más tarde, empezaron a recibir fondos a través de asociaciones con los carteles de la droga. A cambio de este patrocinio, el movimiento guerrillero cesa las hostilidades contra los carteles de la droga, protege las instalaciones de producción y el comercio de la droga y facilita su transporte”. Algunos “subgrupos de las FARC se dedican directamente a la producción y la venta de drogas”. El informe identifica los actos de las FARC que violan las normas del derecho internacional humanitario. En síntesis:
- Muertes por razones sociopolíticas fuera de acciones de combate. Esto incluye el asesinato de “indigentes, niños de la calle y prostitutas”.
- Masacres de civiles afiliados al partido político Esperanza, Paz y Libertad, “que aglutina a miembros desmovilizados del grupo disidente armado EPL”.
- Uso de autos bomba y minas antipersonales o “quiebrapatas”, armas ciegas que no pueden dirigirse con seguridad razonable en contra de objetivos militares y que por lo tanto no permite distinguir entre civiles y combatientes.
- Empleo de granadas y otros explosivos en áreas donde el riesgo para los civiles es alto y no se equipara con la ventaja militar perseguida. Lo ejemplifica con un atentado dinamitero a una estación policial cuyo muro lindaba con una Casa para niños de padres drogadictos. “Nueve de los menores resultaron seriamente heridos y tuvieron que ser llevados al hospital”, cuando la explosión derrumbó sobre ellos el techo de su dormitorio.
- Ejecuciones de combatientes capturados y asesinato de civiles a quienes consideran conectados con los militares o los paramilitares. Los blancos suelen ser las novias, familiares o amigos de paramilitares o soldados. También carniceros y otros pequeños comerciantes acusados de haber dado alimentos o provisiones a los paramilitares, aunque por lo general lo hayan hecho bajo coacción.
- Ejecución de personas de comunidades que se declaran neutrales o que se niegan a dar alimentos a las FARC, “con el ánimo de ejercer control sobre ciertas áreas del país” y sobre sus funcionarios locales de elección popular.
- Desplazamiento forzado de personas, en su mayoría mujeres y chicos. De los 300.000 casos anuales, un 20 por ciento se debe a la guerrilla.
- Ataques mortales contra grandes terratenientes sin implicación directa en el conflicto, como castigo por el no pago a la guerrilla de la “vacuna” o impuesto de guerra.
- Detenciones y asesinatos de “miembros de la fuerza pública estando éstos bajo su control y custodia”.
- Secuestros de personas por cuya liberación se exige rescate. Si no pueden pagarlo, con frecuencia son asesinados.
- Toma de rehenes entre los candidatos a cargos electivos, para boicotear los comicios y conseguir que la población no vote.
- Ataques contra objetivos civiles, como autos, colectivos, negocios, residencias, personal médico e instalaciones y vehículos de la Cruz Roja y bloqueos de carreteras que impiden el paso de medicinas, alimentos y otros víveres.
- Tortura y posterior ejecución de prisioneros. “El torturar es una violación particularmente grave del derecho humanitario”.
- En cambio la CIDH no condena la captura de miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad siempre que sean tratados “con compasión, respeto y dignidad”.
El informe de la ONU
El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue difundido hace apenas dos meses, después de la ruptura de la tregua. Esta es una síntesis de las principales infracciones al derecho internacional humanitario que señala como responsabilidad de las FARC:
- Homicidios de personas que no participan directamente en las hostilidades.
- Asesinato de habitantes de zonas bajo su control militar o procedentes de zonas bajo el control de sus enemigos, por la simple sospecha de colaborar con ellos, o, de manera creciente, por asuntos relacionados con el comercio de la droga. Las FARC dieron muerte a numerosos trabajadores de las plantaciones de hoja de coca para recuperar el control territorial de una zona. También detuvieron, y en algunos casos dieron muerte, a personas acusadas de violar el monopolio del grupo guerrillero sobre la compra y venta de la coca.
- Las comunidades indígenas fueron víctimas tanto de la guerrilla como de los paramilitares al oponerse a la utilización de sus territorios por estos grupos armados. Las FARC asesinaron al jefe indígena Cristóbal Secué. Esto generó la resistencia pacífica de su comunidad.
- Homicidios selectivos: las víctimas son previamente capturadas. Luego desaparecen, o sus cadáveres aparecen en las afueras de los pueblos, en pleno campo, en los ríos o enterrados. Este procedimiento fue empleado por las AUC. Las FARC han procedido a dar muerte a civiles en los límites de la zona de distensión, para evitar toda publicidad al respecto.
- Homicidios colectivos o masacres. Los paramilitares son los principales pero no exclusivos responsables. En febrero del año pasado, las FARC dieron muerte a nueve excursionistas que estaban visitando un Parque Nacional. En mayo, once miembros de una familia, entre ellos una mujer y un niño de dos años, fueron privados de libertad por miembros de las FARC cuando se desplazaban en bote por un río. Uno logró escapar, pero los demás fueron ejecutados, decapitados y sus cuerpos lanzados al río.
- Ejecución de prisioneros de la fuerza pública, cuya vida e integridad el derecho internacional humanitario obliga a respetar.
- Ataques indiscriminados y contra la población civil.También en este caso, las AUC son principales pero no únicas responsables. En agosto de 2001, las FARC atacaron municipios y estaciones policiales con garrafas de gas. En un caso, murió un niño y fueron destruidas numerosas casas aledañas a la estación de policía. En otro hubo un civil muerto y cuatro heridos y gran destrucción en las edificaciones civiles.
- Vestir de uniforme camuflado a las personas civiles tomadas como rehenes en el transcurso de su cautiverio. La ex ministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, secuestrada por las FARC, fue encontrada muerta con uniforme camuflado.
- Actos de terrorismo y actos y amenazas para atemorizar a la población. El 22 de octubre, las FARC atacaron un gasoducto como consecuencia de lo cual murieron una señora y sus cuatro hijos menores.
- Toma de rehenes bajo la forma de secuestro extorsivo como fuente de financiación. A las FARC se les atribuye un cuarto de los 2.856 secuestros producidos en 2001. Aunque se comprometieron a renunciar a ellas las FARC continuaron con las denominadas “pescas milagrosas”. El 26 de julio tomaron como rehenes a 16 personas en un edificio de departamentos y las llevaron a la zona de distensión. El niño Andrés Felipe Navas Suárez padeció un año y medio de cautiverio allí. Habitantes de regiones limítrofes fueron llevados a la zona de distensión, donde sus familiares tuvieron que negociar el monto de los rescates. En aplicación de la llamada “Ley 002”, las FARC tomaron como rehenes a personas que se habrían negado a pagar una contribución económica.
- Reclutamiento forzoso de niños menores de 15 años.
- Uso de minas antipersonal y artefactos de fabricación artesanal. Dos niños de 8 y 10 años murieron al estallar una granada abandonada luego de un ataque de las FARC.
- Víctimas civiles y destrucción de bienes que no podían considerarse como objetivos militares, durante los ataques a puestos de policía, con artefactos explosivos de elaboración artesanal y pobre precisión.
- Abusos sexuales contra niñas que formaban parte de sus filas por parte de comandantes guerrilleros y miembros de los grupos paramilitares.
- Desplazamiento forzado de población civil mediante amenazas de muerte. Más de la mitad se debe a los paramilitares. La parte que corresponde a las FARC se produce por temor al reclutamiento forzado. También se atribuye a las FARC el homicidio del presidente de la Fundación Solidaridad y Justicia de las Víctimas y Desplazados por la Violencia, Darío Suárez Meneses.
- Atentados contra la protección de la misión médica y ataques a unidades y medios de transporte sanitario. Miembros de las FARC dieron muerte a tiros en la puerta de un hospital a una paciente que se recuperaba de un atentado anterior.
- Daños extensos y graves al medio ambiente, en particular a las fuentes de agua potable por los ataques contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.
- Desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad y dificultades en la prestación de los servicios de salud, con serias consecuencias para la población más vulnerable, durante un paro armado dispuesto por las FARC.
- Controles compulsivos de HIV. Más de 20.000 personas fueron obligadas por las FARC a practicarse el examen. Las cuatro denunciadas como seropositivas debieron desplazarse por la fuerza del lugar.
- Extorsión y hostigamiento de funcionarios judiciales, por parte de todos los bandos involucrados en el conflicto.
- Asesinatos y amenazas a periodistas. Su número sigue en aumento. En 2001 hubo nueve periodistas muertos y 51 amenazados. Casi la mitad de los casos se atribuye a los paramilitares, pero las FARC también tienen su parte.
Propuestas y perspectivas
Según la Alta Comisionada las FARC pretendieron ejercer “sobre las poblaciones desmilitarizadas todas las competencias propias del aparato estatal” pero no respetaron los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes. En la zona de distensión que ocuparon hasta enero de este año obstaculizaron el trabajo de la Defensoría del Pueblo. La zona fue utilizada “para mantener cautivos a los secuestrados (entre los cuales han figurado aun niños de corta edad) y negociar sus rescates, programar, preparar y dirigir acciones bélicas, adquirir y almacenar nuevo armamento, reclutar a menores, amenazar a los propietarios de negocios y de fincas con el fin de apoderarse de ellos, y aprehender y dar muerte a quienes disienten de la guerrilla o se hacen sospechosos de simpatía por el paramilitarismo”, dice el informe.
La ex presidente irlandesa Robinson no es complaciente con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. El informe lamenta que no se hayan registrado avances en el diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos que le reclamó, ni “acciones que aseguren la integralidad y coherencia de la política gubernamental”. También afirma que la nueva estrategia antiterrorista y la reciente Ley de seguridad y defensa nacional contienen “disposiciones incompatibles con las normas internacionales y los principios democráticos” y considera negativo su efecto sobre el fortalecimiento del Estado de derecho. Además calificó de ineficaces las medidas para combatir el paramilitarismo y destacó “un fuerte contraste entre el discurso gubernamental” y “la impunidad que continuó amparando a los paramilitares y a los servidores públicos vinculados con aquellos”. Con vistas a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año, el informe mencionó con preocupación los homicidios, atentados y amenazas contra líderes de todos los sectores políticos, “entre ellos la ya diezmada UP y el Partido Comunista”. En sus recomendaciones, Robinson instó al Estado a garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales y urgió a las FARC a respetar las normas del derecho internacional humanitario y el legítimo ejercicio de los derechos humanos de la población.
Acerca del interrumpido proceso de paz, señaló dos factores negativos. “El primero, las inconsecuencias y contradicciones de las FARC. El segundo, la incapacidad estatal de desmantelar el paramilitarismo o, por lo menos, reducir la intensidad de sus ataques contra la población civil, situación invocada con frecuencia por la guerrilla para dilatar las conversaciones. También resulta desalentador el hecho de que ni el Gobierno ni las FARC se hayan decidido a negociar y suscribir un acuerdo global de derechos humanos y derecho internacional humanitario siguiendo la recomendación de la comunidad internacional.”
Enfoques
Cualquier confusión del enfoque que aquí se ha presentado con la teoría alfonsinista de los dos demonios o con alguna complacencia hacia la injustificable intervención estadounidense, es pura mala fe. La asociación de las FARC con los productores y comerciantes de sustancias narcóticas y los actos de crueldad que comete contra su propio pueblo no pueden compararse con la conducta de las fuerzas revolucionarias argentinas de la década de 1970 que llevaron a cabo acciones armadas contra oponentes también armados pero no usaron en forma indiscriminada el terror, como deja en claro hasta la pobreza de ejemplos ofrecida por quienes pretenden lo contrario. Hasta las acusaciones propagandísticas peor intencionadas de entonces palidecen ante las comprobaciones imparciales de la CIDH y la Alta Comisionada sobre Colombia.
Dada la práctica de las FARC que detallan, sólo una cínica razón de Estado justificaría el planteo de raigambre bélica “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”, al estilo de lo que el entonces bloque soviético hizo en la década de 1970, cuando se opuso en las Naciones Unidas y otros foros internacionales a las fundadas denuncias contra la dictadura. Un cuarto de siglo más tarde parece indiscutible que el interés de esos aparatos no coincide con el de los pueblos, para los cuales “el enemigo de mi enemigo puede ser también mi enemigo”. De este modo, aquellos grupos son funcionales a la programación de inteligencia señalada al comienzo de esta nota, ávida de racionalizaciones para la represión del conflicto social, agudizado por la profundización de la crisis. Algunos de quienes reivindican a la guerrilla colombiana tienen como motivación recóndita la expiación de sus culpas pasadas, cuando fueron complacientes con Videla y Viola y estigmatizaron a quienes la combatían. Aun así, hoy como ayer, su discurso avanza en una dirección y su práctica en la contraria, como en un dibujo de Sábat. Otros son, directamente, grupúsculos emanados de la inteligencia estatal, interesada en el desmadre que facilite la receta represiva. Lejos de cualquier alineamiento mecánico, todos en la Argentina tienen la obligación de involucrarse en la búsqueda de soluciones pacíficas. Así lo exige la pertenencia a una comunidad latinoamericana de naciones que no debería permanecer impasible mientras el gobierno de los petroleros estadounidenses monta una intervención armada en el continente que podrá tener consecuencias nefastas también aquí.