La Corte Suprema de Justicia reconoció como legítimo intendente de la capital de San Luis a Daniel Pérsico, por lo que su rival, la adolfista María Angélica Torrontegui, deberá retirarse y disolver la municipalidad paralela que, en un hecho insólito, coexistía en la ciudad. Desde hace más de un año, los puntanos tenían no sólo dos jefes comunales sino también dos Concejos Deliberantes, dos policías y dos oficinas recaudadoras.
La decisión de la Corte fue firmada por una mayoría de siete ministros, quienes señalaron que el gobierno de los Rodríguez Saá “violó la ley” para imponer a su candidata. “El estado de Derecho, el imperio de la ley y el ajuste a las reglas del proceso es lo que permite la solución de los conflictos. Todas estas reglas admitidas en una sociedad madura y civilizada fueron violadas en esta causa por parte de la provincia de San Luis”, sostiene la resolución firmada por Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, este último en disidencia parcial. Ricardo Lorenzetti reconoció también la legitimidad de Pérsico, aunque con un voto propio. Carmen Argibay fue la única que votó en disidencia, mientras que Raúl Zaffaroni y Antonio Boggiano no votaron.
Tras conocer la resolución, el intendente Pérsico dijo que la desplazada Torrontegui deberá “devolver los fondos que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá le entregó en forma ilegítima”.
“Espero que ella y todos los funcionarios sean juzgados y vayan presos por los delitos que han cometido”, agregó, mientras sus partidarios comenzaban a concentrarse frente a la intendencia. En un clima de festejo, con municipales y ciudadanos celebrando en la calle, Pérsico consideró que la resolución es “una derrota política de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, y debe servir para que la gente pierda el miedo a un sometimiento de 22 años”.
Su adversaria aseguró que acatará el fallo de la Justicia. Pero lo consideró “arbitrario”, por lo que anticipó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La crisis institucional se originó en 2003, luego de que Pérsico fuera electo intendente en comicios realizados el 9 de noviembre de aquel año, que el gobierno provincial no reconoció. El Superior Tribunal puntano invalidó el llamado y convocó a una nueva elección, tras modificar la carta orgánica municipal. Así, en el 23 del mismo mes triunfó la adolfista Torrontegui, al frente de la única lista que se había presentado.
En enero de 2004, los jueces supremos de San Luis respaldaron a Torrontegui como “legítima intendenta”. Bloquearon las cuentas del municipio y ordenaron ponerlas a nombre de ella. Desde entonces, Pérsico dependió para administrar la ciudad de la recaudación impositiva propia. Torrontegui llamó a la rebelión fiscal mientras recibía unos dos millones de pesos mensuales en concepto de coparticipación federal, que le entregaba el gobernador Rodríguez Saá.
Ayer, los ministros de la Corte Suprema criticaron duramente a los jueces puntanos por desconocer su orden de suspender aquellos comicios. Y reprocharon que “situaciones como la planteada en estas actuaciones no son extrañas ni novedosas en los comportamientos llevados a cabo por la provincia de San Luis, por intermedio de cualquiera de sus poderes, frente a decisiones de este Tribunal”.
La jueza Carmen Argibay, que se incorporó a la Corte hace 21 días, planteó en su voto en disidencia una cuestión formal. Sostuvo que Pérsico “no tenía legitimidad para interponer un recurso judicial en representación del municipio” cuando impugnó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que anuló los comicios que lo había consagrado intendente.
La acordada del máximo tribunal pone fin a una disputa que llevaba 15 meses. Cerrado el capítulo legal, todos en la provincia se preguntan cómo continuará el enfrentamiento político. En principio, Torrontegui anticipó que los “únicos” empleados del municipio paralelo “que dejarán sus cargos serán los funcionarios, ya que el resto son trabajadores del Plan de Inclusión Social”.