El radicalismo y el ARI se presentaron ayer ante la Justicia para denunciar a funcionarios del Gobierno por su presunta responsabilidad en el escándalo del contrabando de drogas a España. Entre los denunciados aparecen dos funcionarios importantes: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el embajador en España, Carlos Bettini.
Por el ARI se presentaron los diputados Eduardo Macaluse, Fabiana Ríos y Laura Mussa, que le entregaron un texto a la fiscal a cargo de la causa, Gabriela Ruiz Moreno. En la denuncia describieron la asociación entre la empresa estatal LAFSA y SW como claramente inconveniente. “En los dos años anteriores a la creación de LAFSA, SW tuvo pérdidas por más de 100 millones de pesos. Estamos ante una compañía sin aviones y con un escaso margen de operaciones”, explicaron.
Los legisladores del ARI apuntaron a Jaime al señalar que se creó “un órgano de coordinación entre ambas empresas, con un representante de SW, uno de LAFSA y un miembro del Ministerio de Planificación Federal, ejerciendo éste último la presidencia de tal cuerpo. Queda claro, entonces, que ni el ministro (Julio) De Vido, ni el secretario de Transporte estaban en desconocimiento de la operatoria irregular en la que estaba incursa la empresa, pues tenían a su cargo la titularidad del órgano encargado de coordinar la adopción de las decisiones comunes entre los distintos participantes de ese acuerdo empresario”, concluyeron.
En cuanto a Bettini, explicaron que “el Estado español avisó oficialmente” del caso, que el embajador, ex funcionario de Aerolíneas Argentinas, conocía el mercado aerocomercial y que por lo tanto no podía desconocer el escándalo. Ayer, justamente, el canciller Rafael Bielsa afirmó que en los próximos días viajarán a España funcionarios de su ministerio para constatar si algún miembro de la embajada en Madrid incumplió con la responsabilidad de informar acerca del contrabando de drogas. “He ordenado una inspección sumaria”, aseguró el canciller.
La denuncia radical fue realizada por los senadores Gerardo Morales y Mario Losada, quienes acusaron a Jaime de “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Radicada ante el juez federal Sergio Torres, la presentación sostiene que “el gobierno nacional también tiene que determinar las responsabilidades políticas” del caso. “El Estado había firmado un convenio de cooperación entre SW y Líneas Aéreas Federales, con la participación de funcionarios y con la firma del propio Ricardo Jaime, quien tenía, entre otras responsabilidades, que fiscalizar y controlar toda la operatividad de la empresa”, argumentaron los radicales. “Apuntarle a la Fuerza Aérea toda la culpa es por lo menos una mirada parcial, porque hay responsabilidades funcionales también en otros actores”, concluyeron.