”Esto puede haber sido como el teléfono descompuesto: seguro que (Héctor) Lombardo le comentó el asunto a De la Rúa cuando la versión ya había pasado por muchas bocas que la fueron deformando”, especuló ante este diario un ex funcionario. Pero no se animó a admitir lo obvio: la historia del croquis parece a medida para la teoría del complot.
Todo comenzó cuando De la Rúa declaró como imputado por la masacre de plaza de Mayo ante la jueza María Servini de Cubría, y expuso su teoría sobre la conjura organizada para derrocarlo. “Otros querían el poder. Muchos justicialistas y radicales de Buenos Aires planteaban un cambio de gobierno. Una extendida situación de violencia empezó a manifestarse en muchas provincias”, expresó. Entonces pidió que la Justicia investigue “si se movilizó a grupos violentos por objetivos políticos”.
Ya existía una causa abierta a partir de la denuncia de Carlos Enrique Irigoyen, un encargado de edificio de 53 años que vive en Bahía Blanca. El hombre admitió no tener más elementos de prueba sobre el complot que un conjunto de recortes periodísticos y su compromiso como “militante radical”. Irigoyen cree que hubo un acuerdo entre Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde para derrocar a De la Rúa, quien habría renunciado “bajo coacción”. El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la denuncia por presunta violación de la ley 23.077, que contempla delitos como la sedición y pidió que se amplíe la investigación para determinar si también el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá fue víctima de una conspiración. A esta causa se sumó otra que señala a Eduardo Duhalde como principal conspirador.
“Existió un plan para el alejamiento del presidente y los responsables podrían habernos ahorrado la violencia”, afirmó De la Rúa, sin sonrojarse, ante el juez Oyarbide. Y a continuación enumeró acontecimientos y personalidades políticas que protagonizaron la escena durante los últimos meses de su mandato. Volvió a hablar de “grupos organizados con intereses políticos”, saqueos pagos y pasividad policial, desesperación de la oposición justicialista por tomar el poder y “planteos parlamentarios” que frustraron la sanción de leyes que necesitaba para sobrevivir. Mencionó a decenas de dirigentes de su partido y otros que podrían aportar detalles.
Fue así que empezó el desfile por los tribunales de Comodoro Py. Oyarbide citó a casi todos, excepto Alfonsín y el ex ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas, que habría anticipado el final del gobierno aliancista varios meses antes ante un grupo de jueces. Ya pasaron por el despacho Elisa Carrió, Domingo Cavallo, Luis D’Elía, Hugo Anzorreguy, Nicolás Gallo, Chrystian Colombo, Graciela Fernández Meijide, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Diego Guelar. Quedan pendientes Luis Patti, Juan Pablo Baylac y Carlos Menem, que testimoniará desde La Rioja por exhorto. Los investigadores reconocieron a Página/12 que hasta ahora “nadie aportó datos concretos” que permitan reconstruir la existencia de una conspiración. Además del croquis y los supuestos manifestantes pagos, De la Rúa había afirmado que la SIDE “tenía información de operaciones para derrocarlo”, pero basada en “comentarios de funcionarios y opiniones de los diarios”. Igual que el denunciante Irigoyen.