El relanzamiento político de gestión que Eduardo Duhalde aseguró haber concretado con tres cambios de gabinete conseguirá esta semana su primer módico logro cuando el Congreso avance en la aprobación de las dos leyes reclamadas por el FMI. Ya es casi un hecho que la modificación de la Ley de Quiebras obtendría la media sanción en Diputados, mientras que todavía se estudian las consecuencias judiciales que acarrearía que se cambie la de Subversión Económica, con posibilidades de ser debatida el miércoles en el Senado. Con el fantasma de Remes Lenicov al acecho, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, comprendió que era mejor ceder un poco a las exigencias de los legisladores con tal de ofrecer al exterior la imagen de un gobierno que todavía puede hacer que le aprueben algo.
Hoy al mediodía, el jefe del bloque de diputados del PJ, Humberto Roggero, y el diputado Omar Becerra, irán a la Casa Rosada para cerrar el primero de los acuerdos que tiene que ver con los decretos que derogarán el índice CER y los del nuevo Plan Bonex. Si no surgen problemas de último momento, los decretos serán convalidados rápidamente por el Congreso.
Roggero esperaba llevarle buenas noticias a Duhalde. Anoche, el jefe de la bancada peronista –que hasta la semana pasada venía bastante opositor– intentaba que los radicales le dieran el sí definitivo al nuevo texto de Quiebras. El acuerdo pasaría por la inclusión del resistido mecanismo conocido como cram down –por el que un acreedor puede quedarse con parte de la empresa quebrada a cambio de la deuda–, pero acotado. Lavagna aceptó que se les otorgue a los deudores la posibilidad de emparejar la oferta de los acreedores.
La última discusión gira en torno al plazo de exclusividad durante el que los quebrados pueden recomprar su empresa. Los diputados quieren que sea de 120 días. Los legisladores quieren evitar que capitales norteamericanos aprovechen la devaluación para quedarse con empresas de capitales argentinos y europeos fuertemente endeudadas en dólares en el exterior. Los radicales, que comenzaron una política de despegue del gobierno duhaldista, todavía no dieron el sí, aunque están cerca. El jefe del bloque de la UCR, el catamarqueño Horacio Pernasetti, calificó el proyecto de ley de Quiebras como “una copia mala” de la que se aplica en Estados Unidos. Con todo, Roggero cree que el proyecto quedará aprobado en comisión mañana y pasado se votará en el recinto.
Una película diferente es la del Senado con la derogación de la ley de Subversión Económica, que viene arrastrando más problemas que su colega, la de Quiebras. Luego de la última recomendación de los gobernadores, el jefe del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, se puso a trabajar para conseguir la media sanción esta semana. Economía y los legisladores arreglaron que la ley no se derogue sino que sólo se modifique, cuestión de no decretar una amnistía a todos los banqueros y empresarios que están siendo investigados gracias a la 20.840. De acuerdo con esta visión, las modificaciones correrían para adelante –y alcanzarían para dejar tranquilo al FMI–, pero no harían caer las causas ya abiertas porque la Ley continuaría vigente para atrás.
Sin embargo, el grupo de senadores peronistas que enarbolaron la resistencia a la derogación tampoco quiere que la ley se modifique. “La modificación tiene los mismos efectos que la derogación”, explicó a Página/12 el senador riojano Jorge Yoma. “Ya le propuse a Duhalde que quite la Subversión Económica de los 14 puntos que acordó con los gobernadores y que le expliquemos al Fondo Monetario que seguir adelante con esto significaría una verdadera amnistía.”
En las últimas semanas, Yoma se dedicó a averiguar a quiénes beneficiaría la derogación de la Subversión Económica, una ley que existe desde 1974 y se utiliza para investigar delitos financieros. Así supo que sólo en la Capital Federal hay casi 50 causas abiertas por esta ley, incluidas 12 que se refieren a vaciamientos de bancos denunciados por los abogados del Banco Central, según publicó ayer este diario. Entre esos procesos, generalmente escandalosos y con miles de perjudicados, están las caídas del Banco Mayo, BIR, Cabildo, Patricios y Banco General de Negocios. Por esta última, la jueza federal María Servini de Cubría mantiene detenido a Carlos Rohm y prófugo a su hermano, José “Puchi” Rohm. El propio Lavagna se mostró sorprendido por estos detalles, pero sus abogados aseguran que la modificación no afectará la labor de los jueces.