El observador designado por la OEA en el caso AMIA, el reconocido jurista internacional Claudio Grossman, fue lapidario en su informe oficial sobre la investigación del atentado: “El juicio oral reveló un amplio espectro de conductas ilegítimas, que van desde posibles irregularidades producto de simple incompetencia e incluso posibles actos criminales de encubrimiento o de otro tipo, con participación de actores políticos, jurídicos, policiales y de inteligencia”. El llamado Informe Grossman no objeta sino que convalida el fallo y el trabajo del Tribunal Oral y sostiene que “la sentencia contribuye a interpretaciones de que en vez de perseguirse a los actores verdaderos de este atentado, sobre todo sus responsables directos externos, se ha dirigido la investigación a establecer responsabilidades secundarias, que por lo demás aparecen viciadas de nulidad”.
El chileno Claudio Grossman, decano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, fue designado hace cuatro años como observador imparcial en el juicio oral que por entonces se preparaba sobre el caso AMIA. El pedido fue realizado por los familiares de las víctimas agrupados en Memoria Activa porque consideraban que la investigación era un armado falso y querían que hubiera un observador imparcial.
Por sus conclusiones, el Informe Grossman se constituye en una derrota para quienes defendieron al juez Juan José Galeano y la pesquisa que encabezaron las fuerzas de seguridad e inteligencia principalmente en época del gobierno de Carlos Menem. La mirada crítica de Grossman se extiende hasta la causa que desde 2000 encabeza el juez Claudio Bonadío y que debería investigar las irregularidades de todo el caso AMIA. En cuatro años, dice el observador, “no se ha ordenado que se reciban declaraciones indagatorias, por lo cual el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, solicitó el juicio político del magistrado”.
Como se sabe, los jueces del tribunal oral Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo sobreseyeron a todos los acusados, incluyendo al armador de autos truchos Carlos Telleldín y un amplio grupo de policías bonaerenses y ordenaron la investigación del juez Juan José Galeano, los fiscales, el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y varios jueces federales por una larga serie de delitos e irregularidades.
En su informe, Grossman convalida lo actuado por los magistrados ya que transcribe, sin crítica alguna, larguísimos párrafos de la sentencia. Al mismo tiempo, usando sus propias palabras habla de una investigación cargada de “conductas ilegítimas, irregularidades, posibles actos criminales de encubrimiento e incompetencia”.
Sobre el estado general de la pesquisa, el observador de la OEA también es lapidario: “Respecto de la conexión local, no existe una sola persona detenida o acusada de participar del atentado, aunque existen algunos imputados y sospechosos contra quienes se dictaron órdenes de captura” internacional. “A más de diez años de ocurrido este criminal ataque terrorista, continúa impune.”
La enumeración de irregularidades, que Grossman transcribe del fallo del Tribunal Oral, resulta escalofriante:
- Se relata que después de que estalla el coche-bomba se detecta que el motor fue de Carlos Telleldín. Agentes de la SIDE se instalan en la casa durante 48 horas y ello no figura en la causa judicial. En esas primeras 48 horas los hombres de la SIDE negocian telefónicamente con Telleldín que estaba prófugo. Las cintas desaparecieron.
- Con varios testigos e imputados se realizaron entrevistas en el juzgado. Esos encuentros se filmaron. Los videos también desaparecieron. - El juez ordenó la detención de un cómplice de Telleldín, César Fernández. Después el magistrado sostiene que recibió un llamado anónimo que señalaba que se encontraba en Bella Vista y le pide a un jefe de la Bonaerense que lo detenga. En el juicio oral se demostró que Fernández fue detenido por la SIDE en Entre Ríos, secuestrado, torturado y luego entregado a la Bonaerense. Le hicieron firmar una declaración donde hicieron desaparecer la sigla de la SIDE.
- Grossman transcribe que los jueces del Tribunal Oral ordenaron investigar a los hombres del gobierno de Menem por el pago secreto e ilegal de 400.000 dólares a Telleldín para que éste declarara contra cuatro policías. “Se les reprocha no sólo haber aceptado realizar el pago, sino haber sido parte de los ideólogos del pago y del armado de la pista policial y haber dado sostén político necesario para que el plan (de encubrimiento) se llevara a cabo.”
A lo largo de las 99 páginas, Grossman sintetiza lo que señalaron los jueces del Tribunal Oral en párrafos con títulos contundentes: “maniobras” “irregularidades”, “camuflajes”, “manipulaciones”, “nulidades”.
La función del observador consiste en señalar si un juicio o investigación judicial viola los derechos humanos y Grossman deja en claro que no hay objeciones al juicio oral del caso AMIA ni a las conclusiones contra Galeano y los funcionarios políticos, de inteligencia, seguridad y judiciales. Por ello sostuvo que es legítimo el reclamo de los familiares nucleados en Memoria Activa y le recomendó a la CIDH que acepte la denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido el atentado y existir luego denegación de justicia para los familiares de las víctimas.