Néstor Kirchner le quiere cobrar muy caro a Shell el aumento del 3 por ciento en las naftas y del 4 por ciento en el gasoil aplicado el miércoles último. Ayer convocó, sin medias tintas ni eufemismos, a “un boicot nacional” contra los productos de la empresa angloholandesa, al tiempo que desde diversos frentes afines al Gobierno se alentaba la realización de manifestaciones contra la petrolera y frente a las principales estaciones de servicio de la red en Capital Federal. “Hagamos una causa nacional, no le compremos nada, ni una lata de aceite. No hay mejor acción que ese ‘boicot nacional’ que puede hacer el pueblo a quienes se están abusando”, sostuvo Kirchner en uno de los salones de la Casa de Gobierno colmado. En primera fila, los chicos carenciados que acababan de recibir un guardapolvos aplaudían imitando a los mayores, que a sus espaldas estallaban ante cada disparo del encendido discurso presidencial. Para hoy, once entidades de usuarios y consumidores convocaron a una movilización en la esquina de Independencia y Lima, en Montserrat, donde está ubicada una de las principales bocas de venta de Shell (ver aparte).
Hasta las competidoras de Shell resultaron beneficiadas con el aplauso de la concurrencia, cuando Kirchner mencionó que “gracias a Dios Petrobras y Repsol YPF no aumentaron”, sugiriendo así comprarles a ellas para castigar a la primera, que “quiere cobrarnos más de lo que corresponde”. Esa diferenciación entre una y otras, sin embargo, quedó desdibujada cuando el Presidente refirió que “siempre ha habido un sector que se ha quedado con la renta de todos los argentinos y cuando la ve peligrar, trata de volver a adueñarse”. La realidad del mercado petrolero indica que la producción se sigue quedando con una fabulosa renta hoy, resultado de la diferencia entre el costo de extracción (de 5 a 8 dólares por barril) y el precio de venta de ese mismo producto, que descontadas las retenciones a la exportación les deja a las productoras un valor neto cercano a los 30 dólares por barril. Repsol YPF y Petrobras (adquirente de las áreas que explotaba Pérez Companc) son las principales productoras, en tanto Shell debe comprarles a éstas y a otras productoras el petróleo que refina. Este punto es, precisamente, una de las cuestiones de fondo en este conflicto. Desde la privatización de YPF y sin que se haya dictado una ley de hidrocarburos, la producción, elaboración y comercialización del crudo quedó totalmente desregulada. El carácter oligopólico del mercado le permitió a las empresas del sector imponer una condición que rige en muy pocos países productores: vender petróleo en el país al valor que cotiza el producto en la plaza internacional, como si su costo fuera “importado”.
Para evitar que la escalada del precio en el mercado mundial se transformara en una explosión interna, el Gobierno impuso el año pasado fuertes retenciones móviles a las exportaciones, que llegaron al 45 por ciento cuando el valor de referencia (el crudo WTI en la plaza de Nueva York) superó los 45 dólares por barril. Así, un valor del barril de 50 dólares debería dejarle neto al productor de crudo cuando exporta 27,50 dólares (55 por ciento del valor total). Y se supone que ese sería el valor al que le vendería al mercado local (las refinerías que lo transforman en naftas, gasoil y otros derivados).
Sin embargo, como el precio internacional siguió subiendo, también fue escalando el precio de transferencia de productor a refinería. En esta instancia, Repsol YPF y Petrobras se encontraron con una situación privilegiada, ya que al ser empresas integradas (producen, refinan y comercializan combustibles) esa transferencia de precios es interna. Su costo de refinación es el costo de producción (no más de 8 dólares el barril) pero no el precio de venta en el mercado (30 dólares o más). Esso y Shell quedaron en desventaja, porque debían pagar el precio reclamado por las productoras (30 dólares) o importar el crudo, más caro (55 dólares). Es decir, que el congelamiento del precio de los combustibles no afecta a todos por igual. De todos modos, todas las comercializadoras, en conjunto, habían hecho un buen colchón de ganancias aumentando los precios internos por encima de la suba en sus costos aun antes de la devaluación (todo el 2001) y lo siguieron haciendo inmediatamente después (principios de 2002).
La otra cuestión que pesa sobre el actual conflicto entre Shell y el Gobierno es la estrategia que está desarrollando la petrolera angloholandesa en el mundo, retirándose de los mercados donde sólo refina y comercializa, pero no produce. Su filial argentina estaba dentro de esa estrategia, que apunta a reforzar sus actividades de extracción en otros puntos del Planeta. Shell tuvo una fuerte pérdida de reservas cuando la SEC (comisión de valores de Wall Street) la obligó a recalcularlas ante la evidencia de fraude en su declaración de activos: ese asiento le significó una reducción de más de un 40 por ciento en reservas propias de hidrocarburos en un sólo acto.
Pese a que la puesta en venta de Shell tuvo un rápido oferente, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la operación no prosperó. Fuentes del sector recuerdan que la primera pidió una cifra insólita por sus activos, 1000 millones de dólares, compuestos por una vieja refinería (Dock Sud) y una red de estaciones de servicio de 900 puntos de venta, pero de las cuales sólo aproximadamente 150 son propias. La oferta de Pdvsa habría rondado los 200 millones de dólares, según esas mismas fuentes. Cerca del gobierno argentino señalan que Shell habría recibido la “sugerencia” desde Estados Unidos –con cuyas compañías comparte más de un negocio, entre ellos la explotación del petróleo iraquí– de “no facilitarle la entrada a la petrolera de Chávez”, en referencia al presidente venezolano. Si así fuera, este dato agregaría un matiz que hace más comprensible la airada reacción de Kirchner ante el aumento de precios de Shell.
Si el aumento que aplicó Shell fue una actitud meditada que buscaba la reacción presidencial es un asunto que aún no tiene una sola respuesta. Lo cierto es que, de acuerdo a funcionarios de nivel técnico del gobierno, no es lo habitual que una petrolera disponga un aumento en sus combustibles sin ponerlo en conocimiento, previamente, del área de Energía. “Si su problema era que las petroleras le estaban aumentando el crudo, podrían haber traído el tema para tratarlo, pero no lo hicieron”, agregó la misma fuente.
Cada parte, gobierno y empresa, sabe las razones íntimas de sus decisiones. Lo innegable es que la guerra está declarada.