La primera jornada de boicot nacional a la venta de combustibles de Shell, alentada por el gobierno nacional para repudiar el incremento de precios dispuesto desde el último miércoles, culminó con la noticia que menos esperaban en los despachos oficiales: Esso se plegó a la política de Shell disponiendo un ajuste del 2 al 3,5 por ciento en los surtidores a partir de hoy. Pocas horas antes, el presidente de Shell Argentina había realizado sus primeras manifestaciones públicas después de la respuesta de Néstor Kirchner al aumento del miércoles, para subrayar que no habrá marcha atrás en esa decisión. No hay conversaciones con el Gobierno y no se está buscando una negociación, dijo Juan José Aranguren. Por el contrario: refutó las imputaciones hechas por el jefe de Estado con respecto a que estén cobrando por la nafta “más de lo que corresponde” u obteniendo “una rentabilidad desmedida”. Además, advirtió que aumentar los combustibles había sido “una actitud seria, razonable y conveniente para que no falte producto, en especial gasoil, en los próximos tres meses”, coincidiendo con la demanda para la cosecha gruesa. La respuesta del Gobierno fue inmediata: aseguran que el miércoles se votará en el Congreso la ley que exime de impuestos la importación de gasoil.
La intención manifiesta del Gobierno de ponerles un techo a los combustibles enfrenta la resistencia de parte del frente petrolero que, por lo menos hasta ahora, parece partido. Lo que está en juego es si el Gobierno tiene facultad, o no, para intervenir en el mercado de combustibles, aunque el método elegido no sea de los que dicta la cátedra. Kirchner, con discurso enérgico, amonestó a Shell por la suba aplicada el miércoles y, ante la falta de respuesta, un día después llamó a la gente a boicotear sus productos. Shell había dado el primer paso al ajustar sus precios, como una respuesta unilateral al incremento dispuesto por los productores de crudo reflejando la suba internacional.
Hasta es probable que Shell no haya medido las consecuencias, ni fuera advertida del grado de disgusto que podía provocar en el Gobierno. Lo mismo había hecho el 27 de julio de 2004, cuando frente a otro pico en el precio del petróleo en el mercado mundial subió las naftas y el gasoil. Esa vez fue seguida por Esso 48 horas después y por Petrobras con un par de semanas de atraso. La reacción oficial, entonces, fue un reto presidencial a la petrolera brasileña, de la que se esperaba otra actitud, pero no más que eso. Y Repsol YPF se sumó al ajuste unos días después. Esta vez fue diferente, y hay motivos políticos que lo explican.
El Gobierno acaba de salir del default con una extraña sensación de fortaleza económica mezclada con el riesgo de quedar expuesto a una zancadilla. La presión se hizo sentir tanto por la demora de los organismos internacionales en darle el “aprobado” al canje de deuda, como en la insistencia de voceros del establishment en advertir sobre los riesgos de inflación y la responsabilidad del Gobierno en ello (aumentos por decreto, excesivo gasto público, etc). En ese contexto, los indicadores de precios de enero y febrero, con un incremento acumulado del 2,5 por ciento, pusieron en guardia al Gobierno. Los directivos de Shell no debieron haber ignorado que un ajuste en los combustibles, y más en el gasoil justo antes del inicio de la cosecha gruesa, iba a caer como un balde de nafta en medio de un incendio. ¿O lo sabían y avivaron el fuego?
Menos misterios hay para el caso de Esso, cuya decisión se comunicó cuando ya todas las cartas estaban jugadas. La petrolera estadounidense tomó deliberadamente partido por uno de los contendientes. Incluso, desde el punto de vista económico, hubiera tenido más chance de resistir a la tentación: la mezcla de crudos que utiliza para sus naftas es más “pesada” y, por tanto, son más baratas que la de Shell, con lo cual tiene algún escalón más de margen en el precio. Pero, evidentemente, no son los factores económicos los únicos –ni los más importantes– que pesan al momento de tomar decisiones por estas horas. Aranguren no pudo disimular ayer el disgusto que le provocó la actitud de Repsol YPF y Petrobras, que para congraciarse con el Gobierno se apuraron a manifestar que no piensan en subir los precios de sus combustibles. “Las petroleras nos venden el crudo al precio internacional menos un descuento por menor calidad, el costo del flete y por la incidencia de las retenciones; hoy ese precio es de 32,64 dólares por barril, con lo cual no tenemos rentabilidad ni siquiera a estos nuevos precios”, dijo el titular de Shell, y agregó: “Ahora, si el costo de extracción que ellos tienen es de 8 dólares por barril, ¿quién es el que se queda con la diferencia?”, preguntó retóricamente, apuntando directamente a sus rivales en la refinación y comercialización, Repsol YPF y Petrobras, que corren además con la ventaja de ser productoras.
La disputa interempresaria podría quedar expuesta la semana próxima cuando se encuentren en el seno de la Cámara de la Industria Petrolera, que preside justamente Aranguren. “No discutiremos de precios, porque eso podría ser acusado de una práctica monopólica”, dijo el titular de Shell con un candor poco convincente. En cambio, admitió que la denuncia y el boicot alentado por el Presidente de la Nación desataron una crisis política, en la que “dos empresas salieron a plantear que no van a aumentar” como para diferenciarse, en alusión a Petrobras y Repsol YPF. A esa hora del atardecer, ya Aranguren hacía una clara diferencia entre aquéllas y Esso.
En cuanto a la actitud frente al Gobierno, el titular de Shell se cuidó de no calificar en ningún momento las palabras de Kirchner. “Por respeto a su investidura, no opino sobre lo que hizo.” Y una a una negó las alternativas que le plantearon en una reducida rueda de prensa: ¿están pensando en alguna acción jurídica por el boicot? “No, todavía es temprano.” ¿Intentó o intentará comunicarse con el Presidente? “No corresponde, por su investidura.” ¿Tuvo contactos desde el martes hasta hoy con otro funcionario? “No llamamos ni hemos sido llamados.” Y con respecto a la posibilidad de bajar los precios para desactivar la crisis, respondió: “No pensamos en ello, estamos convencidos de nuestra actitud”. Luego sugirió que los precios podrían bajar si el barril de crudo, en el nivel mundial, se ubicara entre 40 y 42 dólares, entre un 25 y un 30 por ciento por debajo del precio actual. Casi una utopía. Pese a ello, Aranguren cerró el encuentro con la prensa con una frase que no se compadece con el cuadro de situación: “Esperemos que esto se tranquilice”.