En la última visita del presidente venezolano Hugo Chávez a la Argentina, se planteó casi como un hecho que ya estaba arreglada la retirada de Shell y la venta de sus instalaciones a Pedevesa, la petrolera de Venezuela. La operación permitía concretar a su vez la asociación con Petrobras y Enarsa, la flamante estatal argentina, que de esa manera encontraba una oportunidad para despegar. El arreglo involucraba a los tres gobiernos que trataban de conformar así la multinacional Petrosur y fue el mismo Chávez quien hizo el anuncio.
En los medios empresarios se sabía que Shell había iniciado un proceso de reestructuración a nivel mundial, que incluía su retiro de varias plazas, entre ellas la Argentina. Por esta razón sorprendió en ese momento el alto precio que puso a sus instalaciones, que triplicaba o más el precio real, como si no quisiera realizar la venta. Algunos estimaron que se trataba de una estrategia de negociación y se presumía que de una manera u otra llegaría a un acuerdo con Pedevesa, que era la única interesada.
Al día siguiente de la partida de Chávez, Shell anunció que no se retiraría de Argentina y que todo había sido una especulación mediática. La decisión de Shell fue una sorpresa porque se contradecía con su política a nivel mundial. Y las consecuencias de esa decisión fueron dos: por un lado el aumento de precios que acaba de provocar la furia presidencial, y por el otro, la petrolera venezolana asociada con Enarsa apenas logró dos estaciones de servicio para iniciar su actividad en la Argentina.
Las explicaciones de la empresa de que nunca había pensado retirarse del mercado local, donde no es competitiva y tiene problemas, no convencieron a nadie y circuló la versión de que en el camino se habían producido interferencias desde Washington, donde no ven con buenos ojos el desembarco de la venezolana ni la asociación de Chávez con Kir-chner. Por otra parte, para Kirchner, este acuerdo con Pedevesa, que abría las puertas para otro acuerdo estratégico con Petrobras, es el camino más expeditivo que se le ha presentado hasta ahora para que Enarsa deje de existir sólo en los papeles.
Si Enarsa, junto con Pedevesa, hubieran ocupado la red de comercialización de Shell, el Estado tendría una herramienta importante para regular el precio del combustible, que constituye un factor central para el control de posibles brotes inflacionarios. La sorpresa del Gobierno fue similar a la de todo el medio empresario cuando Shell anunció que se quedaba en el país, pero aceptó la decisión como parte de las reglas de juego aun cuando postergaba la posibilidad de una operación redonda. No hubo roces ni tironeos ni discursos en esa oportunidad.
Pero en febrero la inflación tuvo un pico de advertencia y en marzo Shell anunció que aumentaba el precio de las naftas. No existe ley ni nada que obligue a las petroleras a consultar con el Gobierno cuando están por decidir un aumento, pero el procedimiento normal es ése, sobre todo en una situación delicada como puede ser un brote inflacionario en el horizonte. En este caso el anuncio de Shell rompió ese procedimiento o norma no escrita y fue inconsulto. En ese contexto el anuncio cayó como provocación para el Gobierno y prometía desatar una escalada en los precios de las demás petroleras que, de alguna manera, venían respetando los acuerdos con la Casa Rosada. La oveja descarriada podía desbaratar la difícil y pesada negociación con las petroleras para sostener el precio interno.
No es como dicen los ortodoxos del mercado, porque si el Gobierno no reaccionaba, las demás petroleras también hubieran incrementado sus precios y hubieran derramado estos aumentos al transporte y a toda la economía. La única forma de evitarlo era que la oveja descarriada pagara un costo muy alto por esa decisión. Si el Gobierno hubiera tenido la red de comercialización que frustró la misma Shell, hubiera podido regular el mercado desde allí. Pero como no la pudo tener, sólo le quedaba su peso político para convencer a las demás petroleras y convocar a los consumidores a una movilización contra la inflación. Esta convocatoria escandalizó a los economistas neoliberales, pero los resortes del Estado son tan limitados que está obligado a recurrir a su herramienta más importante, que es su peso político.
En la pulseada entre el Gobierno y Shell intervienen muchos factores, además del aumento de precio del combustible, porque está cruzada por los proyectos de alianzas estratégicas en la región, la inquina de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela y la vulnerabilidad de cualquier estrategia económica ante un mercado cuasi monopólico como es el de los combustibles, que afecta a toda la economía.