Si de boicots a Shell se trata, uno de los casos más trascendentes tuvo su origen hace diez años en las actividades de la petrolera en Nigeria y por hechos de mucha mayor gravedad que el traslado a precios del incremento del costo del crudo que la filial argentina decidió días atrás. Aquel boicot, convocado por innumerable cantidad de organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, políticas, religiosas y defensoras de los derechos del consumidor, fue una respuesta a los asesinatos, al terror y a la enorme contaminación que cometieron de manera cómplice la dictadura del general Sani Abacha y Shell.
La historia tuvo su pico de difusión a fines de 1995, cuando la dictadura nigeriana asesinó colgando, tras un juicio sumario, a nueve activistas que desde años antes lideraban las masivas protestas del pueblo Ogoni en contra de la multinacional. Uno de los asesinados fue Ken Saro-Wiwa, un prestigioso escritor y ensayista que gozaba de mucho prestigio en Europa y había recibido varios importantes premios.
El malestar de los Ogoni contra la Shell comenzó poco después de que la petrolera iniciara sus actividades en la región del delta del río Niger, hábitat de ese pueblo, pero la protesta se hizo mucho más intensa a partir de los años 70, debido al brusco aumento de los derrames de petróleo en la zona. Se calcula que en esa década Shell derramó sólo en ese lugar más crudo del que en 1989 se derramó en la tragedia del buque Exxon-Valdez; otra estimación indica que entre 1976 y 1991 hubo nada menos que casi tres mil derrames. La contaminación llegó al punto de que el contenido de hidrocarburos en el agua de Ogoniland fuera 360 veces mayor que el nivel permitido por entonces en la Comunidad Económica Europea, con las lógicas consecuencias en materia de enfermedades, como el asma bronquial, cáncer, gastroenteritis y problemas respiratorios graves.
Cuando la resistencia de los lugareños comenzó a afectar la operación de la compañía –la empresa controlaba más de la mitad de la producción y reservas de hidrocarburos del país–, Shell respondió con una salvaje actitud represiva, amparada y/o en colaboración con la dictadura nigeriana, una de las más sangrientas y corruptas de la historia contemporánea. El ejército regular y las fuerzas paramilitares contratadas por Shell llevaron adelante una campaña de terror que se cobró alrededor de tres mil muertos y cientos de torturados más.
El asesinato de Ken Saro-Wiwa, el 10 de noviembre de 1995, desencadenó una serie de protestas en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá y fuertes presiones para que organismos internacionales intervengan en el asunto.
El boicot que alcanzó la mayor amplitud (pero no fue el único) se llevó a cabo el 14 de mayo de 1997, coincidiendo con la reunión anual de accionistas de Shell. En varias grandes ciudades de aquellos tres países se desarrollaron campañas (en las que participó activamente el hermano de Ken Saro-Wiwa) instando a no comprar productos marca Shell e incluso se organizaron piquetes en varios lugares para impedir el acceso a las estaciones de servicio.
En abril de 1998 las Naciones Unidas emitieron un informe sobre el tema acusando al gobierno de Nigeria y a Shell de violar los derechos humanos y de no proteger el medio ambiente y condenando a la petrolera por emplear fuerzas de seguridad muy bien pertrechadas en contra de los activistas. Pero ninguno de los gobiernos de países desarrollados a los que se les solicitó intervención respondió favorablemente, y mucho menos adhirió o propició los boicots contra la compañía.