El 20 de diciembre dice muchas cosas, pero aún no explica nada de la causa Southern Winds. Ese día María Gabriela Ruiz Morales firmaba una resolución de 51 páginas para pedir los primeros allanamientos a las oficinas de SW, el secreto de sumario y órdenes de detención “urgentes” no sólo para los empleados de la empresa, sino para uno de los ejecutivos que circularán por los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes en los próximos días: el vicepresidente de SW. Para la fiscal, Enrique Montero sería la “figura central en cuanto a la organización de cómo y cuándo se transportaría y se recibiría la sustancia estupefaciente” que llegó a España. A Christian Ma-ggio lo considera coautor del narcoenvío y a su hermano Juan responsable solidariamente del contrabando. Para la fiscalía existe una punta de iceberg de la que hay que jalar para dar con la médula de una organización asociada al poder político y económico, pero para el juzgado esa hipótesis aún no estaría avalada por las pruebas. “Hay funcionarios que no han cumplido bien sus funciones”, dijo ayer el juez Carlos Liporace como referencia al poder político. Aclaró, además, que por ahora sólo los representantes de Drogas Peligrosas de la Aduana han sido vinculados al proceso.
Desde la explosión del escándalo SW la causa tuvo más consecuencias políticas que judiciales. Con el paso del tiempo, entre los investigadores se fueron evidenciando dos líneas de trabajo: la del juzgado de Carlos Liporace y la de la fiscalía. Liporace se mueve lentamente, colectando prueba por prueba sobre una hipótesis que de máxima –y por ahora– intenta comprobar que las 4 valijas con 59,800 kilos de cocaína que llegaron a España fueron a lo sumo el resultado de un mecanismo “muy aceitado” que habría comenzado con la exportación de bagayos de sustancias prohibidas. En el vértice de esa organización no aparecen hombres del poder sino dos de los empleados detenidos: Fernando Arriete, gerente comercial de la aerolínea, y Walter Beltrame, gerente de Pasajeros Frecuentes e hijo del ex jefe militar del aeropuerto. Y los ahora hispanoargentinos.
La fiscalía, en cambio, avanza trazando hipótesis de largo alcance: considera la aerolínea de los Maggio “creada y sostenida” para tráfico ilícito. No sólo pidió la detención del vicepresidente, sino que intenta conectar a la empresa con funcionarios del ámbito de transporte y de las fuerzas de seguridad que habrían, por lo menos, omitido los controles.
En el medio se pronunció hace una semana la Sala B de la Cámara Penal Económica, que criticó a Liporace por ausencia de medidas judiciales, como allanamientos en la empresa y en domicilios particulares, cruces de teléfonos e indagatorias. Ordenó avanzar “hacia arriba y hacia los costados”. Incluyó unas treinta medidas reservadas que son, presuntamente, las que comenzaron a ejecutarse la última semana. Entre otras, se encuentran las inminentes indagatorias de los prohombres de SW: el gerente general de la compañía, Christian Maggio, y el contador Enrique Montero, que en los hechos se encargaba de los complicados aspectos financieros de la aerolínea. También debería ser citado el presidente de SW, Juan Maggio, aunque Liporace aclaró ayer que él “ya declaró y el juez de feria le dictó la falta de mérito”.
El abogado de los próximos indagados, Emon Muller, considera que en la causa no hay nada nuevo y que sus clientes serán evaluados con los mismos y “escasos” fundamentos por los que la fiscalía pidió detenciones e indagatorias en el mes de diciembre. Página/12 accedió a esa durísima resolución firmada por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales y su secretario Cesar Cabrera. Allí quedan detallados funciones, roles y jerarquías de quienes “pergeñaron la exportación de sustancia estupefaciente burlando el control aduanero”. Bajo esa carátula se encontraban el vicepresidente Enrique Montero, los ahora hispanoargentinos José Ramón González Villar y Elena Toimil, Walter Beltrame, Claudio Baudino, Fernando Arriete y cuatro empleados de Top Air Security SRL (TAS).

El carácter de Montero

De acuerdo con lo que se desprende del expediente, para la fiscalía las valijas embarcadas en el vuelo AR6420 de SW del 16 de septiembre de 2004 con destino al aeropuerto de Barajas en Madrid no viajaron sin acompañante. Aunque fueron despachadas con marbetes manuales como equipaje sin pasajero, la fiscal está convencida de que:

- “(Montero) viajó hacia España en el mismo vuelo en el que se transportaba la droga, siendo de destacar que desde el mes de septiembre a la fecha el único viaje realizado por Montero a España es precisamente aquel en el que se extrajo la droga del territorio nacional, de lo cual se desprende que el nombrado no suele realizar viajes a España y que en este caso lo hizo utilizando su carácter de vicepresidente de la empresa con el objeto de asegurar que la cocaína arribara sin inconveniente”.

- “(Montero) aparece como figura central en cuanto a la organización de cómo y cuándo se transportaría (la sustancia)”. Habría llevado a cabo la maniobra “intentando ocultar su participación como la del resto del personal de SW a través del despacho del equipaje que contenía la droga”.
Esa será la situación que Montero deberá enfrentar ante el juez. Su defensor asegura que las inferencias de la fiscalía no están respaldadas con documentos. Muller presentó copias del pasaporte de Montero para demostrar, por ejemplo, que no viajó solo una vez a España sino cuatro. El abogado acompañó papeletas de tickets de hoteles, pasajes, la identificación del banco y hasta, dice, un ticket de la lavandería que usó. Tiene motivos. La calificación que pesa sobre el vice de SW es una imputación grave. Le adjudicaron la figura de supuesta participación en el contrabando agravado, la misma que durante las últimas semanas recayó contra Christian Maggio.

Los Maggio

El 5 de octubre pasado, Christian Maggio denunció el caso como “testigo de identidad reservada” en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Los camaristas recordaron que fue un ámbito equivocado para hacerlo porque el delito no era federal, sino competencia del fuero penal económico. Para entonces la causa ya estaba iniciada en España, pero sus abogados le aconsejaron abrir una causa de este lado de las fronteras cuando notaron que “era una papa caliente”. La fiscal no había pedido su indagatoria en diciembre, pero su nombre se pronunció en el juzgado durante la última semana después de la resolución de la Cámara.
Juan Maggio, en cambio, figura en el expediente desde el comienzo. Los abogados suponen que la indagación será idéntica a la que ya había solicitado la fiscalía “en su carácter de presidente de SW”. Su responsabilidad “solidaria” en el contrabando estaría prevista por el Código Aduanero. Según la fiscal, el Código incorpora “como sujetos activos de comisión del delito de contrabando a las personas jurídicas, previendo la alternativa de que una persona de existencia ideal pueda ser, en hipótesis, responsable del delito de contrabando”. Las sanciones previstas por el delito pueden llegar hasta la inhabilitación comercial de la aerolínea.
Las sanciones por los delitos de “terceros”, como los menciona la fiscal, se aceptan cuando los responsables “montan estructuras jurídicas que traen predeterminadas sanciones tendientes a encarrilar el accionar colectivo de quienes la integran”. Por alguna razón, este párrafo es uno de los que más preocupa a los defensores. Suponen que detrás de esta hipótesis, la fiscalía se refiere a la temible tesis de una narcoempresa.