¿Cuál es la verdadera vocación, disposición y fuerza de este gobierno para salir a enfrentar a las grandes cadenas formadoras de precios? La pregunta no tiene que ver con la posibilidad de una disparada brutal de la inflación, que no existe; ni con el conflicto puntual desatado con Shell, y ni siquiera con los formadores de precios en tanto sólo tales. Sí tiene que ver con quienes fijan el valor de las mercancías en su función (la de ellos) de factores de poder a secas, porque tanto especulan hoy con el rebrote inflacionario como mañana con presiones corporativas de otra expresión. Estamos hablando, sencillamente, de la relación entre el poder institucional y el poder económico (el real, es decir). En una muy considerable columna publicada el jueves por este diario, el diputado Claudio Lozano señala con precisión que, por muy valorable que pueda ser la apelación kirchnerista a la vía del boicot, para que la comunidad participe en la disputa de precios hay contradicciones insalvables entre esa declamación del Gobierno y sus acciones concretas. Lozano marca la indecisión oficial para legalizar en su máxima expresión las nuevas formas de organización de los trabajadores, prefiriendo en cambio el aval a los acuerdos de aparatos tradicionales, como CGT y UIA. Y asimismo, el choque entre convocar a la participación de la sociedad y simultáneamente no impulsar “el desprocesamiento de los cerca de 5 mil militantes populares, procesados por causas que remiten a la confrontación con los intereses que el mismo Presidente cuestiona”.
También el jueves se publicó la lista de las 35 marcas que más remarcaron entre diciembre y febrero últimos. En casi todos los casos se trata de productos de consumo de sectores populares y clase media, con incrementos de entre el 10 y el 23 por ciento. Frente a semejante seleccionado de números de dos dígitos, empresas de las más tradicionales y productos que trasuntan las necesidades cotidianas de millones de argentinos, cabe preguntarse sin ningún pudor, cuál habrá sido el pecado o el delito inflacionario de una compañía petrolera extranjera, en los marcos de la misma “libertad de mercado” que tolera la suba de prácticamente todos los miembros de la canasta familiar. Y como la respuesta hasta ahora es ninguna, termina siendo el propio gobierno quien alienta la sospecha de que detrás del llamado a boicotear a Shell hay un interés subalterno, relacionado con el desembarco de la petrolera estatal venezolana, con lo conveniente de reforzar el discurso populista hacia la tribuna, o con lo que sea. Y si fuera lo primero es más peliagudo todavía, porque una muy buena dirección estratégica, como sería la alianza productiva con países latinoamericanos de regímenes amigos, acabaría afectada.
Da la sensación, en pocas o muchas oportunidades, de que Kirchner salta sin red. Pero no necesariamente por defección ideológica (después de todo, dejó bien claro y de entrada que su aspiración se limita a reconstruir un capitalismo “nacional y serio”), sino porque en su búsqueda obsesiva de respaldo popular deja flancos por donde la izquierda se le anima con razón y la derecha aprovecha para sindicarlo como un irresponsable que afecta la gobernabilidad y los negocios. Cualquier líder que se precie o quiera preciarse de tal, en cualquier tiempo de cualquier lugar, bajo cualquier ropaje ideológico, en dictadura o democracia, recurre –y hasta es legítimo que lo haga– a apelaciones y gestos demagógicos. Sin embargo, esa legitimidad de la muñeca política exacta en el momento adecuado, aun a costa de “la verdad”, debe ser justamente un recurso extraordinario y nunca una costumbre. Tiene patas cortas.
Dejando a un lado, expresamente, lo que se piense de este gobierno en materia ideológica y en cuanto a sus fines últimos, parece hacer honor a la objetividad el decir que estamos viviendo una etapa que, precisamente desde las condiciones políticas objetivas, es o podría ser favorable a las necesidades populares. Si el Gobierno rifa esas condiciones con artimañas de efectividad dudosa, por muy simpáticas que parezcan después del cipayo festín menemista, por un lado estará poniendo en riesgo su propia popularidad. Y por otro, y sobre todo, será la sociedad quien pagará las consecuencias de ese río revuelto de contradicciones donde la derecha, aunque hoy viva un momento de desconcierto partidario profundo, siempre pesca mejor.