“Recorrer este camino no es un fracaso, pero sí lo es tener un país sin justicia”, afirmó a Página/12 la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, tras el cuarto intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados para anular los indultos a militares firmados por el ex presidente Carlos Menem. La iniciativa no pudo ser tratada por falta de quórum, dado que sólo asistieron 23 diputados. La legisladora recordó que antes de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final ocurrieron muchos episodios como el de ayer en la Cámara baja como antecedentes para lograr la sanción de la norma y aseguró que “hasta el último día” de su permanencia en la banca va a insistir con el proyecto. “Si es necesario pediremos una sesión especial por mes, o una por semana”, apuntó Walsh.
El proyecto de Walsh, que volvió a presentar el 9 de marzo de este año, propone la anulación de los decretos 1002/89, 2741/90 y 2746/90 que beneficiaron a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre otros represores.
Sin ocultar su indignación, la diputada mostró el expediente que se formó el año pasado, cuando en vísperas del 24 de marzo presentó la misma propuesta pero la bancada del PJ hizo valer su mayoría y transformó el proyecto de ley en uno de declaración que instaba a los fiscales a resolver los planteos de inconstitucionalidad en las causas judiciales. Walsh explicó que tuvo que pedir “que abrieran el paquete” porque las actuaciones ya estaban archivadas. De todos modos, sólo contiene siete páginas que registran el trámite de aquella iniciativa: de Diputados fue girada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y de allí al Ministerio de Justicia. Cuando Gustavo Beliz salió de esa cartera, la Secretaría de Política Judicial devolvió el expediente con la sola acotación de que “se tomó conocimiento”. En el plano judicial dos magistrados declararon la inconstitucionalidad de los indultos que involucraban a los represores acusados en las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. Esa invalidez no alcanzó al perdón recibido por Videla, Massera y el resto de los ex comandantes.
Los diputados que participaron de la frustrada sesión especial, además de Walsh, autora de uno de los dos proyectos de anulación de los indultos, fueron los aristas Eduardo Macaluse, María América González, Marcela Rodríguez y Alberto Piccinini. También concurrieron los socialistas Héctor Polino, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, Alicia Castro (Frente para el Cambio), Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente), Mario Cafiero (Soberanía Popular), Claudio Lozano (CTA), y la ibarrista Silvana Giúdice. La única radical presente fue Margarita Stolbizer, que el año pasado había acompañado la iniciativa de Walsh. El justicialismo y los partidos provinciales no aportaron ningún representante, por lo tanto fue imposible alcanzar el número de 129 legisladores presentes para habilitar el tratamiento del proyecto. “¿No hay memoria en el justicialismo ni en el radicalismo?”, se preguntó la diputada e hija del desaparecido escritor Rodolfo Walsh.
La legisladora de Izquierda Unida fue la única oradora de la sesión e insistió en debatir la anulación de los decretos porque “el Poder Ejecutivo no podía disponer los indultos porque se trata de delitos de lesa humanidad” y porque “mantener estos decretos significa estar violando pactos internacionales de derechos humanos”. A dos días del 29 aniversario del golpe de Estado de 1976, la frustrada sesión fue la única expresión del Parlamento en relación al inicio de la última dictadura.