El gobierno bonaerense de Felipe Solá quedó autorizado ayer por la Justicia provincial a llevar a cabo un recorte en el área de educación de alrededor de 300 millones de pesos al poder ahora modificar el Estatuto Docente luego de una larga lucha judicial que llevaron a cabo los gremios. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires había decidido aplicar un ajuste en el área educativa por más de 300 millones de pesos a través la reforma en el Estatuto del Docente que provoca la pérdida de bonificaciones por ruralidad y reducción de licencias, entre otros, lo que afecta a miles de docentes. Entonces la Federación de Educadores Bonaerenses y el SUTEBA plantearon ante la primera instancia del fuero laboral la inconstitucionalidad de esta norma por considerar que, unilateralmente y sin negociaciones colectivas de trabajo previas, se había modificado el salario de los docentes al quitarles bonificaciones como las de ruralidad o desfavorabilidad. Pero luego de haber obtenido la medida de no innovar dictada por el Tribunal del Trabajo Nº 4 de La Plata, la Suprema Corte bonaerense revocó ayer esta resolución. Según argumentaron los jueces supremos provinciales en el fallo, el ámbito de competencia para resolver esta cuestión de índole contenciosoadministrativa era la misma Corte porque se trataba de la aplicación de una ley votada por el Poder Legislativo. En respuesta a este fallo judicial que avala la propuesta de Felipe Solá, la Federación de Educadores Bonaerenses acusó ayer que el fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial “se explica únicamente en el marco del sometimiento de este tribunal ante las presiones del Poder Ejecutivo”. En tanto, el SUTEBA realizó ayer una protesta frente a la casa provincial en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo del aumento de cupos para comedores y del presupuesto en general. Además, la seccional Matanza de este sindicato reclamó el pago del salario en tiempo y forma.