El bloque de senadores del PJ está decidido a satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Hoy, a pesar de que cuentan con los números justos para su tratamiento, intentarán dar media sanción a la modificación de la ley de subversión económica. Lo harán a pesar de la resistencia de ocho de sus integrantes que pretenden dejar tal cual está la norma, porque “la modificación propuesta facilita la impunidad para los banqueros procesados por esta ley”. Para los justicialistas la carta de triunfo era, paradójicamente, el bloque radical que se había comprometido a dar quórum. Sin embargo, anoche, un sector de la oposición se mostró partidario de no tocar una coma de la ley, complicando de esta manera el panorama para el PJ. La conducción de la bancada de la UCR pidió tiempo hasta el mediodía de hoy, creen que será suficiente para convencer a los díscolos.
El bloque oficialista, en su gran mayoría, consensuó ayer un texto que modifica la polémica norma. Lo consiguieron después de dos días de intensas reuniones con el equipo económico del ministro Roberto Lavagna y el monitoreo permanente del FMI. La corrección a la ley que fuera en 1974 sancionada durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón, implica la modificación del artículo sexto que tipifica una serie de maniobras económicas realizadas “con ánimo de lucro o maliciosamente” para penar en el futuro sólo aquellas que sean realizadas “fraudulentamente”.
De esta manera, el tipo penal que prevé la nueva norma se convierte en un delito más difícil de comprobar. Además, el texto propuesto incrementa la pena y la multa, por lo que para los senadores que se oponen –como Jorge Busti, Jorge Yoma y la santacruceña Cristina Kirchner– “beneficia a los que están investigados por esta figura penal porque les permite invocar la aplicación de la ley más benigna y ser desprocesados”.
Los rebeldes en el PJ son ocho. Los dos legisladores de Santa Cruz, dos de Entre Ríos, dos de San Luis, el chubutense Marcelo Guinle y Yoma. La misma posición tienen la neuquina Luz Sapag y la frepasista Vilma Ibarra, quien ayer adelantó que no va prestar su voto para habilitar el tratamiento sobre tablas de la reforma de la ley de subversión económica: “La Argentina no puede permitir que la agenda parlamentaria la imponga el Fondo Monetario Internacional, olvidándose de leyes que solucionen los problemas angustiosos de la gente”, dijo.
Hasta ahí, todo bien para José Luis Gioja, el presidente del bloque oficialista, quien sostenía que la rebeldía de estos legisladores era “normal y comprensible”, pero como no incidía en el resultado final no era preocupante. Sin embargo, anoche, el panorama se complicó cuando en la bancada radical sus integrantes no alcanzaron acuerdo en la redacción de un proyecto propio. Hubo gritos, discusiones subidas de tono. Fuentes del bloque confiaron a este diario que un grupo importante de legisladores se mostraron partidarios de no modificar la norma y votar en contra de la propuesta de la mayoría justicialista. Esto provocó la suspensión de la reunión de labor parlamentaria prevista para anoche a las 20 y que se pasó para hoy al mediodía.
“Mis compañeros deberán orejear, mucho, despacio y mirando de reojo al contrincante”, así graficó un senador del justicialismo que se opone a la modificación de la ley. Todo parece indicar que Gioja deberá transpirar antes de conseguir la modificación de la norma mediante la cual hoy son juzgados banqueros como Raúl Moneta, Manuel Sacerdote, Rubén Beraja, Eduardo Escasany y al detenido Carlos Rohm, y ex funcionarios como Domingo Cavallo y Pedro Pou.
En caso de que el oficialismo supere este escollo, los justicialistas tienen previsto ratificar el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Eduardo Duhalde para derogar el CER y reemplazarlo por un índice relacionado con la variación de salario, propuesta que ya había sido votada en la Cámara alta como proyecto de ley.