”La vicaría castrense es una cosa que se puede evaluar si hace falta o no. Realmente creo que no es una cosa indispensable.” De esta forma, el ministro de Defensa, José Pampuro, avaló las declaraciones del secretario de Culto, Guillermo Oliveri, que puso en duda el futuro de la diócesis militar. Si bien ambos funcionarios intentaron moderar el tono y condicionaron la discusión a un apaciguamiento de la tensión generada por las declaraciones del obispo Antonio Baseotto, las afirmaciones no pasarán inadvertidas por el Vaticano, que en las próximas horas podría romper el silencio y dar a conocer en un documento críticas al Gobierno por restringir la “libertad religiosa”.
“Hay una vieja tradición en la Argentina de la vicaría castrense. Es una cosa que se puede evaluar si hace falta o no. A juicio de tener una buena relación con el Vaticano, hay que estudiarla delicadamente”, aseguró Pampuro al ser cuestionado sobre los dichos del secretario de Culto. Oliveri había expresado el lunes que “sería bueno” discutir con la Iglesia la permanencia de la diócesis militar una vez que el conflicto en torno del ex obispo castrense logre disiparse.
A pesar del tono conciliador con el que los funcionarios buscaron teñir sus dichos, el oficialismo endureció su postura frente a la cuestión. En este sentido, Pampuro apoyó el desplazamiento de Baseotto tras evitar hacer precisiones frente al pedido realizado desde Roma para que el Gobierno aclare por escrito la decisión de quitarle el rango de subsecretario y su sueldo de 5 mil pesos. “Baseotto cometió un desliz, fue una frase no apropiada para el ámbito donde él está, que es obispo castrense. Eso ya es suficiente para condenar esa actitud”, evaluó el ministro de Defensa.
A las declaraciones de Pampuro se sumó el ex presidente Eduardo Duhalde, quien –contra las resistencias encontradas en el Gobierno para responder a las demandas de la Santa Sede– destacó que sería conveniente aclarar a través de una nota los alcances del decreto firmado por Kirchner. En concreto, el Vaticano se concentró en dos pedidos: que el Ejecutivo explique la medida y confirme formalmente que no perjudicará el accionar pastoral de Baseotto. El Gobierno nunca le negó esa atribución, pero muestra reticencia a plasmarla en una carta. Voceros del Vaticano aseguran que el conflicto podría terminar en una condena enviada desde Roma por falta de “libertad religiosa”, algo que en la Casa Rosada también desean eludir. En las últimas horas intentaban conciliar posiciones en el más estricto silencio. Al respecto, Duhalde consideró: “Hay algunas salidas que son bastantes sencillas. El secretario de Culto le informa oficialmente al embajador del Vaticano y así se terminaría este tema”.
La polémica sigue sumando nuevas opiniones, entre ellas la del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, quien respaldó la posición del Episcopado al defender la posibilidad de un “disenso maduro y responsable en un ámbito de respeto y tolerancia”. El funcionario vertió sus comentarios en una carta enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Eduardo Mirás. Allí criticó “el avance constante contra valores fundamentales como el derecho a la vida, la protección de la familia y el respeto a las instituciones en la vida democrática”.
El ministro de Salud, Ginés González García, defendió nuevamente su postura a favor de la despenalización del aborto. El funcionario planteó la necesidad de ampliar los casos en donde –de acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal– las mujeres no son condenadas por terminar su embarazo, y calificó como “brutal y bestial” la declaración del ex obispo castrense cuando dijo que había que tirarlo al mar por su posición al respecto. “Me dolió por la Argentina, por cómo esas cosas pueden volver a pasar”, aseguró.