Unas pocas líneas escritas en un memo interno, que en algunos casos llegaron al despacho de los senadores media hora antes del comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, bastaron para levantar el encuentro en el que debería haberse puesto fecha a la acusación contra el juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano. Una llamada de Cristina Fernández de Kirchner desde Olivos había movilizado a los empleados de la comisión parlamentaria. Sin nueva fecha y sin ninguna otra explicación, el hecho no dejó de causar enojos dentro de la bancada oficialista y también en las opositoras. “Esto es todo costo”, comentó a este diario un destacado legislador del partido de gobierno al analizar el desplante y la nueva postergación del juicio político contra el magistrado.
La notificación fue tan repentina que hasta las propias autoridades de la bancada mayoritaria quedaron pintadas para la foto. Algunos de ellos estaban estudiando los expedientes que figuraban en el temario. Aunque por segunda semana consecutiva el Senado no tiene previsto sesionar, cuando estaba por comenzar la reunión de la comisión había un claro quórum reglamentario. Nueve de los quince integrantes de Asuntos Constitucionales estaban ayer “En La Casa”, antes de las 18, hora prevista para el arranque.
En el oficialismo se especulaba con que la titular de la comisión, Fernández de Kirchner, prefirió esquivar la presencia de la prensa. ¿El motivo? No responder sobre su posible candidatura como senadora por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que la decisión última se toma en el escritorio del presidente Néstor Kirchner, las explicaciones estarán en la boca de la senadora, quien hace ya una eternidad le supo decir a uno de sus pares que ella no cambiaría de distrito electoral ya que “no era Graciela Fernández Meijide”.
“Esto no es habitual. No veo bien que las razones de la postergación no se hayan explicitado”, señaló a Página/12 el senador radical por Santa Cruz, Carlos Prades. La sorpresa también dio pie a otras especulaciones. No faltaron, entre los senadores de la oposición, los que vieron detrás del gesto “el poco interés que tiene el Gobierno en realizar el juicio político”.
Si bien son pocos los parlamentarios que hoy se animarían a hacer una defensa pública del juez, lo cierto es que los hechos le van dando la razón a aquellos que detrás de la demora del juicio ven “no sólo que la negociación para lograr la renuncia de Boggiano está estancada, sino que además el Gobierno evita seguir escalando la pelea con la Iglesia Católica”. Encolumnado con el Opus Dei, Boggiano supo contar con un fuerte aval de la estructura eclesiástica. No por casualidad también esa orden ocupa un lugar de privilegio en el papado de Juan Pablo II.