El Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto de ley que desmilitariza el control de los aeropuertos y crea una nueva fuerza de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que estará encabezada por un civil. La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, de cuya cartera dependerá el nuevo cuerpo de seguridad. El plan avanza en la exclusión de la Fuerza Aérea del control del tráfico aéreo –una decisión que el Ejecutivo ya había tomado, en caliente, tras el estallido del caso Southern Winds– y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para supervisar a las empresas y actores del área. El anuncio se realizó más de cinco meses después de que dos valijas sin dueño, con 60 kilos de cocaína, aparecieran en Barajas, Madrid. Como se sabe, fueron despachadas en Ezeiza.
El plan apunta a centralizar en una nueva instancia del Estado –el Comité de Seguridad Aeroportuaria– el control y la supervisión de los aeropuertos y de toda persona o empresa que haga uso de sus instalaciones. En una carta a los legisladores que acompaña al proyecto se reconocen las razones que obligan a la coordinación. “El significativo crecimiento y complejidad de ciertas modalidades delictivas ha asignado a la seguridad aeroportuaria una dimensión sensible a la seguridad interna de los Estados. El incremento del tráfico de drogas destinado al consumo interno, así como al abastecimiento de los mercados internacionales más rentables del mundo, son una expresión de ello”, dice la misiva.
Aunque no nombra el caso en forma explícita, es una mención evidente del tráfico de cocaína en valijas transportadas por Southern Winds, una empresa subsidiada por el Estado. “Los subsidios no llegaron desde la Secretaría de Transporte sino de la Jefatura de Gabinete, a través de Aportes del Tesoro Nacional”, aseguró ayer el diputado Ariel Basteiro. El antecedente de SW fue el (indiscutido) disparador para que el Gobierno se lanzara a una reforma integral de la seguridad aeroportuaria. No parece casual que presentara su proyecto justo el mismo día en que Alberto Fernández comparecía en el Congreso para responder sobre ese tema.
La propuesta del Ejecutivo se podría resumir en dos objetivos. Por un lado, evitar que haya superposición de funciones en el Estado o tercerización en empresas privadas: para eso, se crea el Comité de Seguridad Aeroportuaria, dirigido por el secretario de Seguridad Interior e integrado por los titulares de Migraciones, Aduana, el Senasa, la Secretaría de Transporte y la nueva policía aeronáutica. El otro objetivo es eliminar la intervención de los militares en el control de la aviación civil, porque eso, como sostiene el propio texto, “desvirtúa la naturaleza específica de la seguridad interior”. Las Fuerzas Armadas sólo mantienen esa potestad en países tan disímiles como Nigeria y China.
Para cumplir con esas dos metas, el proyecto crea la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y le da el monopolio del control en la zona aeroportuaria (como la Prefectura en los puertos). Los futuros policías custodiarán “instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, cargas, mercancías”; investigarán “hechos y actividades delictivas complejas” como el narcotráfico y terrorismo”; fiscalizarán los servicios de seguridad, entre otras facultades. La PSA también será la autoridad de aplicación de las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una facultad que hasta ahora tenía la Fuerza Aérea a través de su Dirección Nacional de Aviación Civil.
El borrador de la ley exhibe un discurso notoriamente progresista, fruto del interventor de la PAN, Marcelo Saín, y de algunos miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que colaboraron en su elaboración. Con insistencia se marcan los límites para los futuros efectivos de la nueva fuerza de seguridad:
- Además de estar controlados por un civil, el texto dispone que los miembros de la PSA no tendrán “deber de obediencia cuando la orden sea manifiestamente ilegítima o ilegal”, que no deberán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por su acción política” y que podrán “recurrir al uso de armas de fuego sólo en caso de legítima defensa”.
- El texto también dispone que quienes “hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden constitucional” y quienes “registren antecedentes por violación a los derechos humanos” no podrán integrar la nueva fuerza. Se pone énfasis en la prevención y el castigo de eventuales actos de corrupción: el proyecto ordena la creación de una Dirección de Control Policial, dirigida por otro funcionario civil, que a su vez supervisará a una Auditoría de Asuntos Internos y un Tribunal de Disciplina Policial. Estos organismos también serán conducidos por personal civil dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior.
El énfasis se corresponde con la experiencia de Saín con la Bonaerense y también con las tentaciones económicas que abundan en las empresas del sector: por ejemplo, mientras la Fuerza Aérea estuvo a cargo del control de los aeropuertos, los aviadores militares –al igual que el Ministerio de Defensa– tuvieron participación en sociedades como Edcadassa e Intercargo. En la década de los 90 esas empresas fueron vinculadas a Alfredo Yabrán.