Esso comunicó al Gobierno su decisión de bajar el precio del gas oil a través de una nota dirigida al Ministerio de Planificación, en la persona del subsecretario de combustibles, Cristian Folgar. La comunicación, estrictamente formal, tiene nueve líneas de texto, amén del encabezamiento y el saludo de rigor. Su parquedad no obsta a que en oficinas oficiales se la celebrara con el entusiasmo que una novia reserva a una florida carta de amor. Hasta se especula con la pronta llegada de una misiva de Shell en los próximos días o semanas. Se trata, de momento, de una hipótesis. Dos ministros consultados por este diario dijeron no tener contacto oficial con la petrolera cuyo aumento de precios detonó el boicot promovido por el mismísimo Presidente.
Esso no cedió sólo por el peso simbólico del boicot. También lo hizo porque, si no reveía su aumento de precios de principios de marzo, quedaba excluida de la posibilidad de importar gas oil con ventajas impositivas. Esa franquicia había sido reconocida por una ley, dictada como complemento del boicot por el Congreso. La norma, aprobada a matacaballo, fue redondeada por una resolución de Planificación.
Las advertencias presidenciales, la propaganda convocando a los consumidores a no cargar nafta en surtidores de las empresas rebeldes no redujeron a lo simbólico. Se las completó con decisiones apuntadas al bolsillo de los contendientes. La intuición oficial es que Shell, aislada de su competencia (que provee a las tres cuartas partes del mercado), está más cerca de hocicar que de seguir bregando en soledad.
El boicot y la gestualidad del Gobierno no tienen sólo en mira a las petroleras, aunque para la Rosada un retroceso de Shell sería la frutilla de un postre sabroso. Lo que quiso demostrar el Presidente es su voluntad de confrontar con aquellos que pongan ripios a la política económica. Es una señal que va más allá del mundo de los combustibles, implicando a formadores de precios de otros sectores. También son destinatarias del mensaje las privatizadas de servicios que litigan con el Estado ante tribunales extranjeros, a las que el Gobierno intenta persuadir para que desistan sus reclamos ante jurisdicciones ajenas a la Argentina. El Gobierno aspira a que todas las concesionarias que desean seguir funcionando en este país se apeen de los arbitrajes que se tramitan ante el Ciadi. El ministro de Planificación, Julio De Vido, receptor de la nota de ayer, es el (fortalecido) operador oficial en pos de esos desistimientos.
En uno de los párrafos más conspicuos de El príncipe, Nicolás Maquiavelo se interroga acerca de si el gobernante debe ser amado o temido y propone que debe tratar de suscitar ambos sentimientos. Pero puesto a elegir entre uno y otro, le es más aconsejable ser temido que amado. El florentino que fundó la ciencia política actual tenía en mente sociedades más sencillas que las actuales. Néstor Kirchner, un político más decisionista que sutil, obra a partir de un esquema algo más sofisticado. Cree que para conservar (o acrecentar cuando puede) su poder debe revalidar su legitimidad, esto es, su aptitud para obtener obediencia sin apelar al uso de la fuerza. La legitimidad, maquina, se construye defendiendo intereses de los ciudadanos de a pie. Y demostrando voluntad de pulsear con los poderes fácticos en pos de lograr, si no su temor, su respeto.
El boicot se inscribe en esa, excitada, concepción de la política que suele ser cuestionada (desde variados ángulos del espectro ideológico) por innecesaria o por insuficiente. Un politólogo cordobés, Claudio Fanini, la critica por ficticia motejándola (no sin ingenio) como “izquierdismo escénico”. Como fuera, el Gobierno cree tener la razón de su lado. Y ayer blandía una escueta misiva con membrete de una transnacional como prueba.