Si Economía estaba preocupado por las expectativas inflacionarias por insulsos encuentros de cúpulas desprestigiadas de sindicalistas e industriales, ahora su inquietud tendrá que rumbear a cuestiones importantes para exorcizar ese fantasma. El índice de precios al consumidor de marzo clavado en 1,5 por ciento, con el perturbador arrastre de 0,7 para este mes, merece un abordaje más sagaz que el de culpar a los salarios de la presente sacudida. En todo caso, el problema que ahora se presenta es doble: además de cómo evitar que una preocupante dinámica de suba de precios se transforme en un indeseable proceso inflacionario, ha irrumpido con intensidad el tema del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Una verdad incontrastable se enfrenta a la lógica del disciplinamiento salarial: la capacidad de compra ha padecido un fuerte deterioro en el primer trimestre de este año. Esto significa que si no se eleva el salario o se lo hace en menor medida que la variación de precios, la persona (familia) que vive de su sueldo ha reducido la cantidad de bienes que tiene posibilidad de comprar con el dinero que recibe como retribución de su trabajo. Esa situación es definida por los economistas como caída del salario real.
Ese retroceso, en una economía en crecimiento, se traduce en una redistribución regresiva de la riqueza. Significa que aquel que se dedica a vender su fuerza de trabajo pierde capacidad adquisitiva a favor de las empresas que definieron aumentos de precios. Como explicó con suma claridad el profesor Manuel Fernández López, el domingo pasado en el suplemento económico Cash, “Es muy lamentable que la gente preparada en la Universidad utilice el engaño para hacer al pobre más pobre y al rico más rico”. El argumento fácil para inhibir los ajustes salariales se encuentra en que la inflación es el peor enemigo de los pobres. Y dicen, por lo tanto, que más importante que alentar aumentos de sueldos es que se implemente una política para desarticular la amenaza de subas de precios. Se trata de una estrategia costosa; en realidad costosa para aquellos que viven de ingresos fijos. Ellos son sacrificados en el altar de la estabilidad.
Puede ser que crear las condiciones para que haya más competencia y así morigerar los comportamientos monopólicos de formadores de precios no se genere de la noche a la mañana. Pero enfrentar la inflación relegando al asalariado, y a la vez instrumentar una política fiscal y monetaria restrictiva se parece mucho a una receta económica que tiene un sabor a cicuta conocido.