“Duhalde, Eduardo s/delito de acción pública”, es la carátula de la causa en la que el presidente de la Nación fue acusado por primera vez desde que ocupa la Casa Rosada. El fiscal Carlos Stornelli impulsó una denuncia según la cual Duhalde habría gestionado la cesión irregular de un predio del Estado ubicado en Moreno como “favor político” a cambio de que el ex intendente de ese distrito, Mariano West, generara “el apoyo a la revuelta popular producida a fines del 2001 mediante la conducción de una columna de manifestantes contra el gobierno renunciante”, según consta en el dictamen al que Página/12 tuvo acceso. El abogado Antonio Liurgo ratificó ayer la denuncia ante el juez Norberto Oyarbide. Por otra parte, ese magistrado interrogó al ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, quien dijo no saber “nada” sobre un supuesto complot para derrocar a Fernando de la Rúa, pero habló de las presiones de “grupos económicos” que habría sufrido su sucesor.
El presidente Duhalde fue mencionado por varios políticos que declararon en la causa del complot como uno de los presuntos conspiradores. Pero la denuncia que Stornelli impulsó lo acusa en forma directa, y podría ser anexada a ese expediente. El fiscal mencionó “presuntas irregularidades vinculadas con la administración de bienes afectados al Onabe (Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado)”. Stornelli refiere que, según el denunciante, ese organismo cedió a la Municipalidad de Moreno “en forma irregular un predio de propiedad del Estado nacional con el aparente propósito de generar un importante negocio inmobiliario en la estación cabecera” del ferrocarril Sarmiento. El fiscal imputó también al ex intendente de Moreno y actual ministro de Trabajo bonaerense Mariano West y al subgerente de asuntos oficiales del Onabe, Pascual Sciancalépore. Y pidió una serie de medidas al juzgado. Oyarbide citó como testigos a dos empresarios de Moreno y requirió al Onabe documentación original sobre la cesión de espacios en la zona céntrica de esa ciudad. Voceros de ese municipio volvieron a desmentir que el presidente Duhalde haya gestionado el contrato y dieron una versión de los hechos opuesta a la de Liurgo. En tanto, los investigadores decidieron avanzar para verificar la veracidad de la denuncia pero admiten que podría tratarse de “una operación política”.
En su declaración, Lusquiños negó la existencia de un complot pero afirmó que la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá estuvo “directamente relacionada con la presión de grupos económicos que querían devaluar y pesificar, con la interna del justicialismo, con la vanidad y la ambición del gobernador de Córdoba (José Manuel de la Sota) y con el descontrol verborrágico de (Néstor) Kirchner”. El ex funcionario definió al “Pacto de Olivos II” como una “metáfora” pero “con nombres” y citó los de Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau, Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia, cuya intención habría sido “perpetuarse” y “sostener en el poder a una generación que no quiere jubilarse”. Ante Oyarbide y el fiscal Stornelli señaló que “no había apoyo político para gobernar”, y que por ello le dijo a Rodríguez Saá que “quizás era la hora de renunciar”. Aunque la causa es por la caída de De la Rúa, el magistrado amplió el objeto procesal también a la salida del Ejecutivo de Rodríguez Saá y por eso la audiencia estuvo relacionada con este último hecho.
Lusquiños sugirió la posibilidad de que los incidentes ocurridos en el Parlamento, cuando algunos manifestantes lograron acceder al interior del edificio y causar algunos daños, fueron intencionales. “La puerta del Congreso tiene 15 metros de altura y 30 centímetros de profundidad y sólo se puede abrir desde adentro”, señaló Lusquiños. Y añadió que “habría que preguntarle a (el titular de la Cámara, Eduardo) Camaño” cómo hicieron los manifestantes para entrar al lugar. “Rodríguez Saá aceptó ser presidente porque nadie quería asumir esa responsabilidad, pero que para enero (de2002) se estaba gestando la fórmula Ruckauf-Puerta”, afirmó el testigo. Y agregó que cuando asumió el cargo encontró en su escritorio un proyecto para la modificación de la Ley de Quiebras, que habría acercado un representante de un matutino con sede en esta Capital y que recibió llamadas para saber si le había dado curso a la iniciativa.