El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides aseguró ante la Justicia federal que posee una serie de “reglamentos de operaciones” militares oficiales utilizados durante la última dictadura. Según explicó la defensa del represor –quien ayer declaró en Córdoba en una causa por la desaparición de ciudadanos correntinos–, esos registros “demuestran que los procedimientos y la lucha antisubversiva librada contra bandas terroristas fueron en el marco de la legalidad vigente en la época”. Desde los organismos de derechos humanos señalaron que la estrategia de Nicolaides es “tratar de dar un manto de legalidad a sus crímenes, pero no hace más que confirmar que la represión fue planificada desde el Estado”.
Nicolaides declaró ante el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien lo investiga por la desaparición de tres personas durante la última dictadura cuando él estaba al frente de la Séptima Brigada de Infantería de esa provincia. Según explicó su abogado, Alejandro Zeverín, el ex jefe del Ejército dio “datos” sobre una serie de manuales oficiales impresos en 1966 por el Instituto Geográfico Militar (IGM) que “le permitían al Ejército detener, secuestrar, allanar domicilios, interrogar bajo compulsión física o psíquica, y hasta eliminar físicamente al enemigo”.
En su declaración, Nicolaides aseguró que esos registros fueron destruidos por orden del ex titular del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza. “Nunca se hicieron públicos porque en 1995, el señor Balza los quemó, los incineró sin avisar a nadie”, señaló el defensor con la clara intención de involucrar al ex jefe del Ejército. Sin embargo, el represor explicó que algunos ejemplares podrían encontrarse en los archivos del Congreso Nacional o en el IGM, y que él mismo conserva uno de ellos pero decidió no entregárselo al juez “por miedo a que se lo roben”.
Zeverín explicó que se trataría de un total de “30 manuales aprobados mediante una sesión secreta de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación y que estuvieron vigentes hasta el año 1976, año en el que se los ratificó y se los amplió”. Para él, la existencia de reglamentos libraría de culpa a su defendido. Es el mismo argumento utilizado por los militares cuando se remiten al decreto “de aniquilamiento de la subversión” del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
El ex fiscal del Juicio a la Juntas Militares Julio César Strassera consideró “un disparate” las declaraciones de Nicolaides y dijo que en caso de existir los instructivos mencionados “no significa que los militares hubieran actuado dentro de la legalidad, porque esos manuales hubieran sido ilegales”.
Desde los organismos de derechos humanos cordobeses aseguraron que la táctica del represor es “tratar de ampararse en herramientas supuestamente legales para justificar sus crímenes”. Claudio Orosz, abogado de la agrupación H.I.J.O.S., señaló a Página/12 que esta declaración “confirma que la represión fue un plan criminal organizado desde el Estado”.