EL PAíS
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Bananas
› Por Martín Granovsky
Ninguna ley interna es superior a una convención internacional ratificada por la Argentina. Pero ese principio, que recogió la Constitución del ‘94, hoy debería ser reformulado así: ninguna ley interna es superior a los deseos del Fondo, concebido como junta de accionistas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El Senado comenzó ayer la revisión de la ley de Subversión Económica. Y está bien. Hasta podría haberlo hecho antes. Juristas que siempre defendieron los derechos humanos, como la ombudsman porteña Alicia Oliveira, sostuvieron que la ley es inconstitucional. Oliveira escribió aquí que la definición de los delitos que figura en su artículo 6 es vaga e imprecisa, y por lo tanto “legitima la actuación de un poder punitivo arbitrario, antagónico con el Estado de Derecho”. Para la abogada, los actuales reos quedarán impunes porque la ley es inconstitucional.
Lo irritante es que recién ahora el Congreso revisa la Ley de Subversión Económica, un engendro originado en la ley de Seguridad creada por Isabel Perón y perfeccionada por la dictadura para liquidar empresas nacionales. Y lo hace, como es obvio, solo porque lo pide el Fondo. De este modo, una iniciativa razonable quedará salpicada por la sospecha. El domingo, en Página/12, el ministro de Economía Roberto Lavagna dijo que el FMI y los bancos actuaron juntos en los últimos años. Si eso es cierto, se puede conjeturar sensatamente que los banqueros encarcelados o encarcelables por la Ley de Subversión fueron los que pidieron al Fondo que tomara su caso como propio. Y el Fondo lo hizo. ¿Un giro sorprendente? No, pero novedoso. La verdad es que hasta ahora Washington no venía reclamando la derogación de la Ley de Subversión Económica. Era claro, tras hablar con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, desde el Tesoro al Departamento de Estado, que la presión se centralizaba en tres elementos: reducción del gasto provincial, flotación sucia del dólar y cambio en la Ley de Quiebras. De Subversión Económica, nada.
La derogación dejará un sabor amargo. Será una buena medida votada por las peores razones y en medio de un clima de ofensiva estadounidense tan brutal que pone las cosas en términos antiguos: la vetusta imagen de una república bananera jaqueada a la vez por sí misma y por la potencia hegemónica de la región. El pensador alemán Andreas Huyssen, que pasó el último fin de semana por la Argentina, define la estrategia de George W. Bush como una combinación de política unilateral y ejercicio del poder crudo. Entonces, y solo como una hipótesis, ¿no convendrá someterse a la fuerza inexorable del imperio? Incluso quien conteste sí deberá enfrentarse a una certeza posterior: como la crisis, el modelo de la república bananera no solo es indigno. También inútil. Y, sobre todo, inagotable. Ahí sí que jamás se toca fondo. Con minúsculas.