La Justicia Federal de Mendoza aceptó su competencia para investigar las “presiones y condicionamientos” del gobierno de San Luis sobre el Poder Judicial de la provincia. La denuncia realizada por la fiscal de Villa Mercedes, Gretel Diamante, ante el Gobierno y el Parlamento nacional, afirma que “el poder político obliga a los jueces a firmar su renuncia antes de asumir”. Los abogados, que patrocinan a la fiscal, aseguran que las pruebas “son contundentes” y que la semana próxima se reunirán con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que tiene pendiente un pedido de intervención al Poder Judicial puntano. El gobierno de Rodríguez Saá negó las acusaciones y anunció un nuevo sistema para la designación de jueces.
La fiscal federal de cámara de Mendoza, María Balmaceda, aceptó la competencia sobre el expediente que le giró el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El procurador, que recibió en mano las denuncias que realizó la fiscal de Villa Mercedes ante el gobierno nacional y el Congreso, envió a esa jurisdicción (jerárquicamente superior a la fiscalía general puntana) para que investigue los supuestos delitos de “coacción agravada” del poder político de San Luis sobre los jueces de esa provincia. En la denuncia, Diamante describe cómo el gobierno de Alberto Rodríguez Saá “hace firmar la renuncia a los jueces antes de asumir sus cargos”, que luego utilizaría como factor de “presión y condicionamiento” sobre los fallos y actitudes de los mismos.
Hugo Wortman Jofré, uno de los abogados de Poder Ciudadano que patrocina a Diamante, afirmó a Página/12 que la “acumulación de pruebas, que incluye documentación, testimonios y filmaciones, es contundente” y que confían en “romper el pacto de silencio” que el poder político generó en el ámbito judicial de San Luis. Según versiones periodísticas recogidas en la provincia, “fuentes vinculadas con el caso dijeron que originales y copias de las renuncias (que les harían firmar a los jueces) estarían depositados en una caja de seguridad del banco Banex” en la capital puntana.
El abogado Wortman Jofré también confirmó la reunión que tendrán con la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la senadora Cristina de Kirchner, para analizar las pruebas y revisar el pedido de intervención al Poder Judicial puntano pendiente desde el año pasado. El proyecto de ley fue elaborado por el senador radical de San Luis, José Alfredo Agúndez, y respaldado por más de una veintena de legisladores. Agúndez confió a este diario que el proyecto fue presentado en tiempos que la capital provincial tenía dos intendentes, pero que la extensa fundamentación sobre “la descarada sumisión de la Justicia al poder político” también incluía “investigaciones truncas sobre más de veinte muertes dudosas que rozaban al gobierno provincial” hasta la lista de “jueces que pedían licencias para asumir cargos políticos y después volvían a impartir justicia”.
El Ministerio de la Legalidad (como llaman a la cartera judicial) del gobierno de Rodríguez Saá negó las acusaciones y planteó como “un golpe institucional” el pedido de intervención. El viceministro, Mario Zabala –a quien Diamante acusa de hacer firmar en su propio despacho las renuncias anticipadas a los jueces– presentó ayer oficialmente un proyecto enviado al Parlamento provincial para modificar la ley de designación de jueces en el Tribunal Superior de Justicia, después de la renuncia en masa de sus miembros tras el fallo de la Corte Suprema que invalidó su actuación sobre el conflicto de los intendentes en la capital provincial.