Durante casi medio día, desde las 17.50 del lunes pasado hasta alrededor de las cinco de la madrugada de ayer, unos 40 presos de los 1399 internos de la Unidad 1 de Coronda, del Servicio Penitenciario de Santa Fe, tomaron el control de toda el ala norte del penal y produjeron uno de los hechos más violentos y extraños de la historia carcelaria del país: sacaron de sus celdas a 13 presos seleccionados por nombre y apellido y los masacraron. Luego, exigieron la presencia de un juez y regresaron a sus celdas. Todo el proceso, desde que fue tomado el penal hasta que se recluyeron en sus celdas, no pudo llamarse motín sencillamente porque los presos no hicieron ni un solo reclamo. Es más: en varios pasajes informaron a los medios de prensa que con los penitenciarios no tenían ningún problema. El director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, argumentó que todo se trató de una pelea entre internos rosarinos y santafesinos. Otros sospechan que una mano negra, molesta con algún esbozo de política dialoguista, alentó las diferencias y, como mínimo, miró para otro lado.
La cárcel de Coronda, la Unidad 1 del SPSF, no escapa a la norma de las cárceles del país: estructura antigua, superpoblación carcelaria, escasas medidas edilicias que permitan el alojamiento decente de internos; problemas sanitarios. Desde hace alrededor de cinco años, la cantidad de presos se incrementó desproporcionadamente. Inicialmente tenía capacidad para 600 presos, pero sucesivas reformas y agregados de pabellones sin el menor orden fueron estirando el límite hasta el millar aproximadamente. Hasta hace poco tiempo, Coronda tenía una población de casi 1500 internos. En el último año la población se redujo a 1399, de los cuales 757 son condenados y 642, procesados sin condena. Es la unidad más grande de Santa Fe, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital provincial y a unos 110 de Rosario. Coronda fue, también, la unidad que motivó la escritura de un libro, Del otro lado de la mirilla. Olvidos y memorias de los ex presos políticos de Coronda, 1974-1979, obra de autor colectivo, o sea, ex presos políticos que sobrevivieron. El penal estaba hasta ayer a cargo del prefecto Oscar Mansilla, quien hace unos años fue procesado por la muerte de un interno en el penal de Las Flores.
Según un parte interno del Servicio Penitenciario, todo se inició durante la madrugada del lunes cuando Eduardo Verón, un santafesino del pabellón 12, murió asesinado en una aparente reyerta. Alrededor de las 17.50, un grupo de entre 20 y 40 presos del pabellón 7, con sus rostros cubiertos con máscaras, tomaron como rehenes a dos guardiacárceles después de sortear una reja que, aparentemente, fue limada. Los presos avanzaron sobre un pasillo central y dos pabellones contiguos, como si se tratara de un grupo comando, mientras los guardias desaparecían de sus puestos.
Finalmente, los presos alcanzaron a tomar los pabellones 1, 3 y 5, de máxima seguridad, o sea toda el ala norte de la unidad. A esa altura, fueron abriendo determinadas celdas de los pabellones 1 y 11 para asesinar a 13 internos, buscados por nombre y apellido. Dos de ellos fueron quemados vivos en la celda y un tercero fue degollado. El resto, apuñalado. Todos eran rosarinos. Después de exigir la presencia de un juez, los revoltosos se retiraron a sus celdas y concluyeron en paz la sangrienta jornada.
“Fueron asesinatos. Una catástrofe, algo tremendo –dijo Fernando Rosúa, director civil del SPSF–. Fue muy bravo. Entraron a los pabellones buscando internos con nombre y apellido y los mataron”, explicó Rosúa. “La saña que hubo en este caso no se compadece con nada. Un desprecio por la vida muy alarmante”, se sorprendió el director del penal, Oscar Daniel Mansilla. La explicación oficial, difundida por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, hizo pie en una supuesta rivalidad entre santafesinos y rosarinos. Y prometió que la cárcel quedará dividida en dos por un muro, aunque no especificó quién quedará de un lado y quién del otro.
Desde la perspectiva de Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario –una ONG dedicada desde hace una década a resolver conflictos carcelarios–, “la rivalidad geográfica existe y la violencia del hacinamiento es de todos los días. Pero Fernando Rosúa había abierto una mesa de diálogo para intentar solucionar los conflictos en la que participaban la Pastoral, ONG y los delegados de los pabellones. Lo que pasó es muy raro. No responde a la forma de un motín. Todo hace pensar que alguien molesto con la política de diálogo y con que los presos tengan delegados fogoneó la rivalidad que puede ser violenta, pero nunca llega a ese punto. Los guardias, como mínimo, dejaron hacer. Había datos que anunciaban esto. Hace 15 días, algunos delegados nos dijeron preocupados que los guardias dejaron de retirar las chuzas y facas, y provocaron varias veces peleas entre internos. Se lo anunciamos a Rosúa, pero no hizo nada”.
Según esas sospechas, el motín no fue motín porque no se presentaron reclamos de ningún tipo; porque una revuelta siempre es caótica y, por el relato de algunos guardias, ésta estaba organizada; porque un movimiento de 40 internos es imposible que se organice con la precisión que se organizó sin conocimiento oficial; porque los guardias no amagaron siquiera en intervenir, pese a que como ocurrió en Córdoba pueden llegar a disparar sobre sus propios compañeros; porque resulta tan creíble el limado de barrotes como que les hayan abierto las puertas; porque un enfrentamiento geográfico no explica por sí solo una especie de caza de brujas. A esto habrá que agregar que al finalizar no reclamaron el traslado de unidad (“no temían la represalia”, dijo Echegoy).
“Los antecedentes de violencia al interior de las cárceles y comisarías de Santa Fe, y del penal de Coronda en particular, muestran la sistemática falta de políticas destinadas a garantizar los derechos de los internos”, señaló Gustavo Palmieri, director del Programa Violencia Institucional del CELS. Y recordó que en su Informe anual del 2004 el CELS denunció casos referidos a Coronda, “como los sucesos del 14 de marzo de 2004, cuando 33 internos resultaron heridos tras enfrentamientos de dos pabellones entre sí y con los guardias”. También recordó el caso de Lisandro Pellegrina, un interno muerto durante el motín del 20 de septiembre de 2003. Varios presos fueron testigos de que Pellegrina fue asesinado por guardias penitenciarios.
Un funcionario confió a Página/12 que se sospecha que entre los muertos figuran aquellos tres testigos, lo que terminaría de confirmar la hipótesis de la mano negra. Habrá que agregar que Verón era o había sido delegado de su pabellón. Y que entre los 13 muertos había varios delegados. La versión del odio geográfico quedó algo desvirtuada con dos datos: como delegados, el santafesino Verón representaba a un pabellón con mayoría de rosarinos. Y uno de los voceros del grupo santafesino que tomó el penal era rosarino.

Informe desde Santa Fe: Juan Carlos Tizziani.