Sin diputados no hay reunión. La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja pospuso hasta el jueves 21 el encuentro en el que considerará los cargos contra el defensor general de la Nación Miguel Angel Romero y las causas que el bloque del ARI planteó contra los ministros del Poder Ejecutivo por el caso de “las valijas voladoras” de Southern Winds (SW). Más allá de las especulaciones políticas respecto de la ampliación de los miembros de la comisión, la realidad indicó que al no haber habido sesión esta semana muchos diputados se quedaron en sus provincias y no se podría alcanzar el quórum. De todos modos, la acusación contra Romero se mantiene en el primer lugar del temario y, al igual que el año pasado, habría consenso para que su enjuiciamiento “prospere”, según confió a Página/12 una fuente parlamentaria. Entre el centenar de pruebas que ya recogió la comisión se encuentran las irregularidades en las Curadurías Oficiales, reveladas el lunes por este diario.
¿La incorporación de cinco legisladores oficialistas podría variar la tendencia respecto del defensor oficial sobreviviente del menemismo? Las fuentes consultadas coincidieron con lo expresado por el presidente de la comisión, Ricardo Falú, hace tres días ante Página/12, cuando consideró la situación de Romero como “comprometida”.
Desde hace varios años la comisión viene recibiendo denuncias en contra de este funcionario, amigo del ex secretario presidencial Ramón Hernández, que se fueron investigando a la par del impulso a los juicios políticos a los miembros de la Corte Suprema. Con esa tarea ya encaminada, la comisión está en condiciones de analizar las pruebas, basadas en las denuncias de los defensores oficiales Hilario Lagos y Gustavo Iglesias, entre otros. Sin haber sido convocado, Romero se presentó ante la comisión para hacer su descargo e incluso pidió medidas de prueba que ya fueron realizadas. Romero afrontará cargos por falta de idoneidad, abuso de poder, actitudes antidemocráticas, malversación de causales públicos, irregularidades en la designación de personal y en la administración del organismo que encabeza. El jefe de los defensores oficiales también es recordado por haber sugerido la disolución del Congreso, tal como hizo el presidente peruano Alberto Fujimori, cuando Carlos Menem pugnaba por su re-reelección.
Acerca del juicio a los ministros Alberto Fernández, Julio De Vido y José Pampuro por el caso de las valijas, todo indica que no prosperará, aunque por decisión de los legisladores y del propio Falú el tema será analizado para establecer si es admisible o no. Días atrás, Falú precisó que abrirá el debate “como indica el reglamento y en el momento en que corresponda se pondrá a votación la procedencia o no del sumario respetando lo que digan las mayorías”. Por disposición de la presidencia de la Cámara baja, se incorporaron a la comisión Juan Carlos Correa, Oscar Di Landro, Rosario Romero, Griselda De la Rosa, Adriana Bortolozzi y Jorge Landau. Así, el oficialismo pasó a tener 21 representantes, sumados 18 del PJ y tres transversales, contra ocho diputados de la oposición, lo cual facilitaría una decisión favorable a la situación de los ministros cuestionados. El kirchnerista Osvaldo Nemirovsci adelantó lo que parece ser la posición oficial cuando afirmó que “no hay motivos para un proceso de juicio político contra los ministros”.