“La posición de la Argentina sobre Cuba es la abstención”, aseguró ayer el presidente Néstor Kirchner desde la ciudad alemana de Wolfsburg. Así despejó las dudas –si aún quedaban– sobre cuál será la posición argentina en la votación anual sobre los derechos humanos en Cuba. “No intervenimos en los problemas internos de otros países, salvo para ayudar, como lo estamos haciendo en el caso de Haití”, argumentó. Tras esa confirmación, ya no habrá sorpresas. En Ginebra, cuando los 53 miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU discutan sobre ese aspecto de la realidad cubana –lo que puede ocurrir entre hoy y mañana–, la Argentina volverá a abstenerse. Lo mismo había hecho en los últimos dos años. Aunque esta vez habrá una novedad. A diferencia de 2003 y 2004, este año el proyecto de condena a Cuba lo presentó directamente la administración estadounidense de George Bush. Una explícita demostración de fuerza.
Como todos los años, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe expedirse sobre el cumplimiento de las garantías individuales en la isla. La discusión involucrará a 53 países de los 191 Estados que forman parte de la ONU. Para que el debate pueda concretarse, uno de los países miembros debe presentar un proyecto. Luego la iniciativa se discute por los demás integrantes de la comisión. De 1990 a 1997, el proyecto de condena fue presentado por Washington (gobernado tanto por republicanos como por demócratas) y la votación favoreció a sus intereses. Pero en 1998 perdió. Tras aquella experiencia, Estados Unidos optó por presionar a un tercer país –alguno de sus aliados cercanos– para que presentara la noción de censura a la administración de Fidel Castro.
Así fue como desde 1999 y hasta 2004 las condenas a Cuba fueron presentadas en la ONU por los siguientes países: República Checa, Polonia, Uruguay y Honduras, respectivamente. Este año, con la reelección de Bush, Estados Unidos parece decidido a dar una señal de autoridad. ¿Qué mejor que hacerlo con su enemigo histórico desde 1959?
La delegación norteamericana que se encuentra en Ginebra está encabezada por el diputado republicano Chris Smith, electo por el cuarto distrito de Nueva Jersey. Anteayer, Smith presentó el proyecto de condena a Cuba en las Naciones Unidas. Allí acusa a Cuba de realizar “sistemáticas” violaciones de los derechos humanos. En sintonía con esos argumentos, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Lino Gutiérrez, escribió una nota de opinión en la que dice que hace dos años “más de 100 activistas pacíficos de la democracia y los derechos humanos fueron juzgados y sentenciados a condenas de prisión que llegan a 20 años”.
Ante la nueva cruzada estadounidense, el gobierno de La Habana replicó a través del propio Fidel Castro. Enérgico, el líder cubano acusó de “hipócrita” a la administración de Bush. También recordó que Washington está hospedando en su territorio a Luis Posada Carriles, un anticastrista condenado por terrorismo en Cuba y amnistiado por la ex presidenta de Panamá Mireya Moscoso, tras cumplir ocho años de cárcel. En la Cumbre Iberoamericana de 2000, Posada Carriles intentó asesinar a Castro a través de un atentado con explosivos. El anticastrista también es buscado en Venezuela, donde lo acusan de haber hecho estallar un avión de Cubana de Aviación, en 1976, y fugarse de una cárcel. El cruce de acusaciones se explica, también, por el esfuerzo de Cuba por evitar que los países de la Unión Europea (UE) se sumen al proyecto de condena norteamericana.
En el medio de todos estos entretelones, el gobierno de Kirchner ha decidido mantener su posición abstencionista. Además de la confirmación de Kirchner, ayer en Alemania, el gobierno cubano lo sabe desde febrero, cuando el Presidente se lo anticipó al canciller Felipe Pérez Roque. La novedad podría ser la ratificación del (tantas veces anunciado y tantas veces cancelado) viaje de Kirchner a La Habana. Podría ser en mayo. En eso está trabajando el vicecanciller Jorge Taiana, quien no es muy proclive a la exposición mediática cuando está Cuba de por medio.