Un joint-venture entre el cielo y la tierra reúne en una sociedad anónima al arzobispo Rubén Di Monte, al intendente Miguel Prince y al capital privado y aspira nada menos que a regentear el conglomerado histórico-turístico-religioso de Luján. “Villa de Luján” –así fue bautizada– contaría con un capital de 15 mil pesos y el Estado controlaría el 51 por ciento de las acciones, pero sería minoritario en el directorio. La sociedad planea explotar y controlar con facultades casi absolutas unas 45 hectáreas del casco histórico del corazón de la ciudad y sus adyacencias. La “carta de intención” que precedió a la presentación formal del plan fue suscripta, entre otros, por el ex ministro de Obras Públicas del menemismo Roberto Dromi, aunque los lujanenses huelen la participación de un vecino polémico: Raúl Moneta. El período de vigencia de la sociedad (y por ende del emprendimiento), por esto de la eternidad, se establece en 99 años. Al proyecto se oponen concejales vecinalistas, radicales y del PJ.
En agosto del año pasado, tres folios con membrete de la USAL (Universidad del Salvador) y de Epoca (Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, dependiente de la Universidad del Salvador) proponían la creación del Distrito Histórico de Luján (DHL) que “será representativo de las tradiciones históricas, religiosas, culturales y sociales de la ciudad de Luján, tendrá autonomía de gestión y un Plan Urbanístico Director especial de zonificación y usos del espacio con la concurrencia de entidades públicas estatales y no estatales...”. El desarrollo y la gestión del DHL quedaba en este documento embrionario en manos de una “asociación civil” –no aclaraba “sin fines de lucro”– formada, en principio, por la Municipalidad de Luján, el Arzobispado de Mercedes-Luján, la USAL, Tecsal y Epoca”. La dirección de esta asociación civil se compondría de 12 miembros (tres por cada institución “fundante”). Los miembros de la asociación civil integrarían el directorio de la misma a lo largo de una década. Signatarios de la vigorosa “carta de intención” eran el arzobispo Di Monte, el intendente Prince, Fernando Lucero Schmidt por Tecsal, el administrativista Roberto Dromi por Epoca y Juan Tobías en su calidad de rector de la Universidad del Salvador. Es útil recordar que no sólo Dromi es un allegado al menemismo: el ex seminarista Tobías fue el hombre elegido por Carlos Menem para ocupar el Ministerio de Educación, en caso de ganar las elecciones en la segunda vuelta, a la que finalmente no se presentó.
Estimado señor yo
Sin que mediaran razones, esa primera “carta de intención” cayó en el olvido. En realidad, se trataba de un globo de ensayo ya que, el 11 de marzo de 2005, el intendente Prince recibió una nota firmada por el intendente Prince. En ella, Prince se hacía llegar a sí mismo un proyecto de Ordenanza de Creación de una Sociedad Anónima llamada “La Villa de Luján”. El memorándum estaba dirigido al Sr. Intendente Municipal/Dr. Miguel A. Prince” y lo rubricaba “Dr. Miguel A. Prince/Intendente Municipal”. A esas alturas, el Distrito Histórico de Luján (DHL) había pasado a llamarse Propuesta de Desarrollo Integral Urbanístico del Area Turística de la Ciudad de Luján. Como es de imaginar, el mismo día que la nota ingresó a mesa de entradas (14 de marzo) la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad emitió un dictamen afirmando que no tenía “objeciones técnico jurídicas que formularle”, cuenta el ingeniero Gerardo Amado, concejal del Partido Vecinalista.
La ordenanza que el intendente Prince pretende aprobar delimitaba el área que quedaría bajo control de “Villa de Luján”: “Desde las vías del ferrocarril Mitre hasta el puente sobre el Río Luján y el cruce sobre nivel de la Autopista Acceso Oeste, y a ambas márgenes del Río Luján por las calles Francia, San José, Julio A. Rocca (sic) y San Roque, respectivamente (?)”, unas 45 hectáreas que abarcarían también la “Quinta Cigordia”, reserva ecológica de propiedad municipal y con un enorme valor comercial. Asimismo, se disponía que la sociedad interviniera “en todos los acuerdos con organismos públicos y privados con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de convenios urbanísticos...”. El articulado preveía que la sociedad promoviera “la celebración de convenios interjurisdiccionales (...) en particular aquellos que permitan el uso de los bienes muebles o inmuebles cuya titularidad corresponda a la Nación, la provincia de Buenos Aires o la Iglesia Católica Apostólica Romana radicados en el area delimitada en el art. 1”. En cuanto a su estructura y funcionamiento, “La Villa de Luján” contaría con 7 directores: un presidente por el Estado y un vice por el sector privado que se alternarían en la conducción; dos directores por el sector público, dos por el privado y uno por el arzobispado. El mandato de todos ellos abarcaría dos períodos, pero nada en el documento explicitaba cuánto tiempo duraba cada período. Igualmente sorprendente resulta el hecho de que en la elección de los representantes del Estado, además del propio Ejecutivo municipal, interviniera el arzobispado. El Estatuto otorgaba a la S.A., por otra parte, una larga lista de facultades: la instalación de infraestructura adecuada de servicios turísticos; la recuperación paisajística y preservación del medio ambiente; la remodelación urbanística; la fiscalización de las obras; administración de los fondos de los créditos que se le otorguen; la celebración de convenios y contratos; la realización de operaciones financieras y bancarias con instituciones oficiales o privadas, provinciales, nacionales y extranjeras; la promoción o realización por sí o por terceros de emprendimientos turísticos, eventos artísticos, culturales, feriales o promocionales en el ámbito de su jurisdicción; administración y explotación de todos los bienes que se le adjudiquen o transfieran en propiedad; la construcción de obras en su ámbito de actuación, sean públicas o comerciales, turísticas o recreativas; fiscalización y fijación de canones; realización de “toda clase de actos jurídicos”, vender, comprar, permutar, alquilar o ceder toda clase de bienes, conformar uniones transitorias de empresas. Bien visto, la conclusión era que la ordenanza facultaba a la sociedad para hacer y deshacer à piacere dentro de esas 45 hectáreas del corazón de Luján, el 10 por ciento de la superficie urbana, la de mayor valor del distrito (en ese perímetro compró una propiedad el jugador de Vélez Sarsfield Lucas Castromán para habilitarla como restaurante y confitería. El edificio de unos 500 metros cuadrados fue pagado 450 mil dólares, contaron a este diario fuentes de la municipalidad). Esas 45 hectáreas “reciben 3 millones de turistas al año, entre 40 y 50 mil por fin de semana”, calcula Rubén Rampazzi, ex intendente de Luján, mientras Oscar Luciani, abogado y asesor de los vecinalistas, marca sobre el plano la rica y codiciada superficie en juego.
No es únicamente una zona de alto valor inmobiliario lo que perdería la ciudad: el poder de decisión de los vecinos y de sus organismos de representación sobre el corazón económico de la ciudad quedaría enajenado en beneficio de “La Villa de Luján S.A.”. De sancionarse la ordenanza, pobladores y representantes deberán poner las barbas en remojo y discutir de igual a igual con la sociedad, una inmobiliaria divina, una agencia de turismo celestial, un formidable negocio con olor a incienso y a mirra ideado –al menos como “frontis”– por la Universidad del Salvador, entidad fundada por el jesuita Ismael J. Quiles y monitoreada bien de cerca por el también miembro de la Compañía (de Jesús), cardenal Jorge Bergoglio. La planificación apunta a levantar una suerte de Vaticano, una ciudad en el centro de la ciudad, un Estado dentro de otro Estado por un plazo de 99 años. “O sea, 25 intendencias, 50 cambios de ConcejoDeliberante, 4 generaciones”, cuantifica Daniel Cusa, ex presidente del bloque de concejales de la UCR.
Con él coincide Susana Haurie, edil por el PJ: “Esta sociedad manejaría lo relativo a concesiones, la totalidad de la actividad turística de Luján. Hace falta dar un impulso al turismo de Luján, pero no pensamos que el instrumento adecuado sea una sociedad anónima en la que, por si fuera poco, el directorio tiene mayoría de miembros del sector privado y a éste hay que sumarle al arzobispo”. Página/12 intentó comunicarse con el intendente Prince, pero fue inútil. Ni él ni sus secretarios se pusieron al habla y tampoco llamaron a los múltiples números que este diario puso a su disposición.
Sus reales intenciones
El proyecto de “La Villa de Luján S.A.” pone en entredicho la inocencia de la decisión tomada por Di Monte el 18 de noviembre de 2001, cuando se negó a renovar el contrato que adjudicaba a la orden de los vicentinos el cuidado del santuario, el mayor y más importante de América latina. Hacía 130 años que la congregación, ante la ínfima presencia del clero secular, llevaba adelante esa responsabilidad. El 18 de noviembre de 1991, el entonces arzobispo de Mercedes-Luján, Emilio Ogneñovich, resuelto a terminar de algún modo con el afincamiento de los vicentinos, firmó con ellos un contrato por diez años, un plazo bastante más breve que los 99 que pretende “Villa de Luján” para administrar y disponer de los bienes de la comunidad.
Vencido el lapso, su sucesor, Rubén Di Monte, dispuso no renovarlo. El lanzamiento de los vicentinos ordenado por Di Monte tuvo la aprobación del cardenal Bergoglio y el respaldo de Roma, donde Di Monte había mantenido reuniones para tratar la cuestión, quizá con la ayuda de Esteban Casselli y sus fluidos contactos con el cardenal Angelo Sodano. En la misa que ofició para celebrar la ida de los vicentinos, Di Monte hizo alusión directa al apoyo de Bergoglio. Podía entenderse como un agradecimiento, pero también como un aviso acerca de las responsabilidades compartidas: “Su respuesta –dijo dirigiéndose a Bergoglio– ha sido esencial para darme fuerza y continuar con lo proyectado”. Nadie comprendió entonces de manera cabal a qué proyecto estaba haciendo referencia Di Monte. Nadie, excepto (tal vez) un puñado de feligreses que ocupaban los primeros bancos: el ex ministro de Salud menemista Angel Mazza, el ex secretario del riojano, Miguel Angel Vicco, y el ex juez federal Adolfo Bagnasco.
El alejamiento de los vicentinos cayó mal entre la feligresía de Luján y ellos, en su despedida, con el elíptico lenguaje de la diplomacia y de la Iglesia, no ocultaron que aceptaban la decisión de mala gana: “Entregamos esa basílica a las autoridades de la arquidiócesis con la más fraternal y cristiana disposición”, dijo Carlos Pucheta, hasta ese día rector de la basílica. El tono lastimero de la frase indicaba que para la orden era una prueba dolorosa. “Esto es lo mismo que cuando el patrón de una fábrica le comunica a sus obreros que deben cambiar de trabajo”, metaforizó otro miembro de la orden. Por el despido de los vicentinos había que pagar un precio y Di Monte estaba dispuesto: “Pongo en el corazón de Nuestra Señora de Luján estas líneas pidiéndole que disipe toda duda sobre mis reales intenciones”, dijo. Y agregó: “Les ruego que me sigan acompañando para poder responder a lo que el Señor y la Virgen quieren de este santuario”. Si “La Villa de Luján S.A.” representa lo que el Señor y la Virgen querían del santuario, es algo que aún permanece en el misterio. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que el desahucio de los vicentinos y la recuperación del santuario impulsados por Di Monte y Bergoglio eran condición indispensable para llevar a cabo el ambicioso y pingüe proyecto de “reconversión turística de Luján”.