El Tribunal Oral número 6 podría resolver hoy una cuestión trascendental: si los delitos relacionados con el atentado contra la AMIA prescriben o son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. La controversia se planteó ayer mismo en la primera jornada del juicio oral en el que se imputa a los jefes del Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal la sustracción de 66 casetes, dos videocasetes y 12 disquetes que contenían escuchas telefónicas y documentación de máxima importancia para el expediente. La defensora de los oficiales policiales argumentó que los delitos están prescriptos, mientras que el fiscal Alberto Nisman consideró, citando criterios de las Naciones Unidas, que los delitos derivados de atentados son imprescriptibles.
Tras los planteos de la defensora y el fiscal, el tribunal pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 10, aunque puede inclinarse por dos variantes: resolver los planteos o postergar la decisión hasta el final del juicio.
Los oficiales sentados en el banquillo son Carlos Castañeda y su segundo, Jorge Gelabert, que tuvieron un papel prominente en los primeros días de la investigación del atentado. Luego del 18 de julio de 1994 las miradas se centraron en Carlos Telleldín, el titular del vehículo usado como coche bomba. El teléfono de la casa de Telleldín en Villa Ballester fue intervenido y se produjo una asombrosa situación: allí convergieron hombres de la SIDE, el Mossad israelí, la Policía Bonaerense y la Federal. El que estaba ausente era precisamente Telleldín que, por alguna razón todavía no explicada, huyó hacia Misiones. Desde su casa, se hizo una larga negociación telefónica con el prófugo. Todo quedó registrado en escuchas telefónicas que, justamente, son las que desaparecieron tanto del POC como de la SIDE. Por esa razón, Castañeda está imputado por la sustracción de elementos de prueba y falsedad de documento público.
La defensora de Castañeda argumentó que el delito prescribió a los cuatro años del atentado, pero Nisman se opuso señalando que conforme al Estatuto de Roma el atentado contra la AMIA debía ser considerado un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. La resolución tiene importancia porque en el caso AMIA hay varios funcionarios menemistas imputados por irregularidades y el propio juez Juan José Galeano, si es destituido, tendrá que afrontar nuevos procesos.