Las leyes secretas están a punto de dejar de serlo, como consecuencia del renovado escándalo de los sobresueldos que motivó acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, encomendó al secretario parlamentario Eduardo Rollano que realice un estudio pormenorizado de las leyes secretas y reservadas sancionadas desde 1891 hasta 1983 “con el objeto de plantear ante la Honorable Cámara la publicación de las mismas”. De hecho, Rollano ya dio un primer vistazo a unas 90 leyes secretas y no habría encontrado en principio ninguna cuya difusión afecte a la seguridad o tenga incidencia en la actualidad. Sin embargo, el oficialismo en la Cámara baja sigue sosteniendo que los gastos para tareas de inteligencia deben ser secretos.
Así lo manifestó a Página/12 una alta fuente del PJ, quien señaló que “los espías tienen que tener garantías de que sus movimientos no se van a conocer nunca, porque corren riesgo incluso de vida”. Y destacó que el control de estos gastos los realiza la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Sin embargo, esa comisión ha sido criticada por no cumplir con su tarea, al punto de que el radicalismo exigió anteayer a sus integrantes un informe detallado sobre gastos reservados y pago de sobresueldos en los últimos 15 años.
El senador Rodolfo Terragno –que ya presentó iniciativas para transparentar las erogaciones secretas, cuestionadas por haber terminado en los bolsillos de los integrantes de los tres poderes durante la década del 90– sostiene que los gastos de inteligencia pueden ser revelados a la sociedad una vez que el operativo en marcha ha concluido, y deben ser sometidos a las normas contables del gasto público.
Según comentan los justicialistas, la piedra que lanzó la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray ha causado “una gran confusión” en la que se mezclan la cuestión de los sobresueldos, con los gastos reservados, las tareas de inteligencia y las leyes secretas de facto. De hecho, la ley secreta 5315 dictada en 1956 estableció el uso de esos fondos, y posteriormente el decreto-ley 18.302 del general Juan Carlos Onganía limitó esa implementación a los organismos de defensa y seguridad del Estado. Fue durante el gobierno menemista que este beneficio se extendió a los tres poderes del Estado, pero el Congreso enmendó esto y en la actualidad sólo reciben fondos reservados la SIDE, el Ministerio de Defensa y la Policía Federal. A partir de este año la Secretaría de Seguridad Interior recibió 9 millones 8 mil pesos que antes no percibía. En total, los fondos reservados para 2005 suman 334 millones 355 mil pesos, mientras que en 1999 la cifra fue de 215 millones 441 mil pesos. Pero este dinero no proviene de una ley secreta sino de la ley 11.672 complementaria del Presupuesto.
Esta semana la oposición radical y el ARI reclamaron reducir los organismos habilitados para recibir estos fondos, más transparencia en la rendición de cuentas y la publicidad de las leyes secretas existentes. Sin embargo, alertaron también que el problema no termina con las leyes. El diputado del ARI Adrián Pérez advirtió que desde 1990 hubo decretos del Poder Ejecutivo que incrementaron las partidas en casi mil millones de pesos.
En el justicialismo se apuraron ayer a aclarar que “el desvío de fondos es delito”, pero que eso nada tiene que ver con las leyes secretas. “Las vamos a analizar y si darlas a conocer no afecta la seguridad las haremos públicas”, expresó el legislador del bloque oficialista consultado. Rollano ya detectó que la mayoría fueron dictadas durante gobiernos de facto y se refieren a temas militares. Cuando culmine el estudio el PJ presentaría un proyecto de ley para derogar el carácter secreto de estas normas. El análisis noincluye el período 1983 a 2005 porque en esos años “no consta legislación de ese tipo”, se afirmó en un comunicado de la presidencia de la Cámara baja.
“Esto es como la mancha venenosa”, sintetizó la fuente al graficar el efecto del escándalo de los fondos reservados. Pero afirmó que no le consta que el diputado Humberto Roggero haya ordenado a su colega Juan Manuel Urtubey la compra de voluntades durante el gobierno de Eduardo Duhalde, tal como denunciaron los legisladores que integraban el kirchnerista Grupo Talcahuano.