Hoy a la tarde cuando se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta finalizará el período que los senadores se autoimpusieron para recibir pruebas sobre el funcionamiento del Poder Judicial de San Luis. Con el listado de testimonios, testigos, y documentos en su poder, los legisladores comenzarán a discutir la cuestión de fondo: la probable intervención a la Justicia puntana. Una medida que el radical Jorge Agúndez reclama desde hace un año. Pedido que se aceleró luego de que mediante una cámara oculta se denunciara que antes de asumir en sus puestos, a los magistrados se les pedía que firmaran su renuncia por anticipado. Los parlamentarios también tendrán que decidir si suspenden provisoriamente a su colega, Raúl Ochoa, condenado por votar dos veces en las elecciones del 2001.
Ochoa optó por no presentarse personalmente ante sus pares. Su defensa se limitó a una presentación escrita en la que resaltó que el fallo de Cámara, que le impuso una condena de dos años y diez meses de prisión en suspenso y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, no está firme, ya que todavía cuenta con la posibilidad de apelar ante la Cámara de Casación de Mendoza. Al margen de los tiempos procesales, la bonaerense Diana Conti había reclamado la expulsión de Ochoa del Senado. Medida que podría trocar en la suspensión provisoria, con o sin goce de haberes.
De mayor voltaje político es, en un año electoral, decidir la posible intervención a la Justicia puntana. Hace dos semanas atrás, al defender la intervención, Agúndez había señalado que en “San Luis no hay democracia, hay un feudo”. También había subrayado que “hace muchos años que en la provincia hay una Justicia dependiente”. La oficialista puntana Liliana Negre de Alonso defendió al justicialismo de los hermanos Rodríguez Saá acusando a Agúndez de intentar “un golpe institucional”.
La semana pasada, el tema creció cuando, al borde del llanto la ex camarista federal Marina Claudia Ziliotto denunció las presiones a las que se vio sometida mientras estuvo al frente del tribunal. La testigo denunció que al ser designada desde el Ministerio de la Legalidad le exigieron que firmara la renuncia. También sostuvo que fue presionada para abandonar su cargo por no acceder a sumarse a una campaña de desprestigio contra dos camaristas.