El jury de enjuiciamiento que decidirá si destituye o no al suspendido juez Juan José Galeano se iniciará el 13 de junio próximo. El magistrado está al borde de perder su cargo por las graves irregularidades cometidas durante el proceso de investigación del atentado contra la AMIA. El jury también decidió que algunas de las pruebas pedidas por el magistrado se llevarán a cabo dentro de los próximos 30 días, aunque la mayoría de esas pruebas fueron desestimadas por considerarse que llevaban a una dilación injustificable. Galeano solicitó el envío de exhortos a la CIA, al Mossad, a las Naciones Unidas y hasta a la empresa de Internet que administra máquinas en una estación de tren alemana. De acuerdo con los plazos que fija la Constitución, debe haber un pronunciamiento del jury antes del 9 de agosto, algo que se da por descontado porque hasta el momento nunca un juez retuvo su cargo porque se venció el plazo.
El jury de enjuiciamiento está integrado por nueve miembros. El vicepresidente de la Corte Suprema, Augusto Belluscio, dos senadores, un diputado, dos jueces y tres abogados. De ellos, seis, es decir dos tercios, deben votar contra Galeano para que se concrete la destitución. Como fiscales actuarán la diputada Marcela Rodríguez, del ARI, y el abogado Beinuz Szmukler, quienes redactaron el dictamen en la Comisión de Acusación.
Por ahora, las votaciones no vienen siendo favorables al magistrado. En la Comisión de Acusación, el resultado fue seis a cero a favor de juzgarlo por las irregularidades e incluso delitos cometidos en el caso AMIA. En el plenario del Consejo de la Magistratura no le fue mucho mejor: dieciséis a uno en su contra.
El pago clandestino de 400.000 dólares al por entonces principal acusado en la causa del atentado es quizá la más importante imputación contra Galeano, ya que se realizó a espaldas de las partes, sin dejarlo para nada asentado en el expediente, y se usaron fondos reservados de la SIDE. El objetivo fue que Telleldín acusara en su declaración judicial a un grupo de policías bonaerenses, que tras cartón fueron detenidos como cómplices del atentado. Según se ve en uno de los videos en los que quedó registrada la negociación del pago, a Telleldín incluso se le indicó la foto de un policía que algunos de sus allegados debían marcar como la persona que se llevó la camioneta que siete días más tarde estalló en la AMIA. En el dictamen de acusación también se le adjudican a Galeano la destrucción de pruebas –mandó a quemar videos– y el manejo arbitrario de la causa.
El jury tuvo que descartar una parte de la increíble cantidad de pruebas que pidió Galeano. Entre ellos informes de organizaciones de derechos humanos norteamericanas, copias de las causas de gatillo fácil en la Argentina, copias de decenas de causas en las que intervinieron los jueces del tribunal oral, una auditoría a la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, exhortos a Alemania, Panamá, Estados Unidos e Israel e incluso que comparezcan a declarar –tendrían que viajar especialmente– un ex secretario de Estado norteamericano, un escritor israelí y varios ex embajadores de ese país. Al final, la prueba se redujo notoriamente, entre otras cosas para cumplir con el plazo que estipula la Constitución.
Igualmente quedaron muchísimos testigos que serán oídos en las audiencias, lo que llevará a que el jury tenga que funcionar, no sólo durante la feria judicial sino también a lo largo de feriados y días del fin de semana. Galeano tiene derecho a la palabra y seguramente hará su defensa al final, después de los alegatos de Rodríguez y Szmukler.
Por la cantidad record de pruebas que pidió Galeano a lo largo de las 30 páginas que presentó ante el jury, da la impresión de que su estrategia es dilatar las cosas lo máximo posible. Más aún si se tiene en cuenta que en forma paralela el jury tiene que tratar también el caso de otro juez, Juan José Madhjoubian, acusado de actuar en connivencia con un abogado. Si el 9 de agosto no hay resolución, Galeano volverá a estar a cargo de su juzgado. Sin embargo, no se registra ningún antecedente de que al jury se le haya vencido el plazo y se prevé que en una causa tan delicada como la del atentado ello es todavía menos posible. Sería un escándalo nacional e internacional.